Desde la investidura del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que hará todo lo que pueda para que esta legislatura dure lo menos posible. "Nos vemos en las calles y en los tribunales" amenazó Casado al presidente Pedro Sánchez el 4 de enero de este año. Hoy, su promesa es toda una realidad.
El informe, que llegó a manos de la magistrada el pasado jueves, 21 de mayo, sostiene que el Gobierno desobedeció alertas sanitarias y permitió, por motivos políticos, la marcha de mujeres del 8 de marzo, que según ellos y según Vox y el PP, provocó una mayor propagación del coronavirus.
Si bien diversos expertos sanitarios coinciden en que la posible incidencia de la marcha de mujeres en la propagación del virus fue marginal, y medios como eldiario.es y El País han revelado que el informe de la Guardia Civil está lleno de mentiras, errores, imprecisiones y de testimonios manipulados, el escándalo ha ido en aumento y a la destitución de Pérez de los Cobos se suma la renuncia del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña y la imputación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, (PSOE) por presunta prevaricación.
Desde el PP y Vox aplauden esta investigación y condenan la destitución del coronel. Analistas y miembros de los partidos del Gobierno alertan que podría estar en curso un golpe judicial.
Sobre este tema Sputnik conversa con Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Juezas y jueces para la Democracia.
—Algunos denuncian que se desató la guerra judicial contra el Gobierno y otros lo ven como un acto apegado a la ley. ¿Cómo lo ven ustedes?