"Señor Sánchez y Señor Iglesias, paguen ya la nómina de los españoles y váyanse", "Sus mentiras, su arrogancia y su incompetencia son un cóctel explosivo para España", así respondían desde el Congreso de los Diputados, los líderes de Vox y del PP a la petición que hizo el pasado 9 de abril el presidente Pedro Sánchez de prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 26 de abril.
"La desescalada de la tensión política debe empezar ya, cuanto antes. Y debe dar paso a la unidad, al diálogo, al consenso y al acuerdo", insistió el presidente Sánchez el pasado 12 de abril.
Sin embargo, el analista político de la Universidad Complutense de Madrid, David Arrabalí, considera que ese objetivo tal vez no sea fácil de lograr.
"Yo creo que en España será muy difícil por varias razones. Por un lado estamos arrastrando una crisis de régimen desde hace muchos años, que provocó la abdicación del rey, el surgimiento de nuevos partidos políticos, el quiebre del bipartidismo e incluso un golpe dentro del PSOE para desbancar de la Secretaría General a Pedro Sánchez. Por otro lado porque algunos poderes fácticos han visto en esta emergencia sanitaria una oportunidad para atacar al Gobierno y se la están jugando todas para lograr lo que no consiguieron a través de los votos en junio y en noviembre de 2019".
El líder del Partido Popular argumenta que sus críticas hacia el Gobierno se deben a la mala gestión de la crisis sanitaria, una pandemia que hasta el momento ha provocado en el país más de 17.400 muertos y 900.000 empleos destruidos.
Para Arrabalí, este ataque contra el Gobierno de coalición tiene una razón de fondo.
"La presión contra Pedro Sánchez es para que claudique, rompa con Unidas Podemos y se incline por esa tendencia que hay dentro del PSOE que sostiene que es mejor entenderse con los poderes económicos y con el Partido Popular que con Unidas Podemos. Se busca imponer esa línea política porque ellos no soportan, no asimilan ese pacto de gobernabilidad del Gobierno de coalición porque amenaza su estatus, sus intereses", explica Arrabalí.
El Partido Popular y Vox, la segunda y tercera fuerza política dentro del Congreso de los Diputados, responsabilizan al Gobierno de no consultarles las decisiones tomadas, de eludir responsabilidades, de ocultar cifras de fallecidos y de no haber actuado a tiempo.
🗣️@SimancasRafael: Dicen que no nos anticipamos, pero el PP y Vox hasta el 10 de marzo registraron 107 iniciativas y ninguna de ellas estaba destinada a mitigar la pandemia.
— PSOE Congreso (@gpscongreso) April 9, 2020
Hablaban de Venezuela y de Cataluña.
Si lo sabían, ¿por qué no nos avisaron?#AhoraTocaLucharJuntos pic.twitter.com/Sx1w0Cn06m
Responsabilidad compartida
Para cuando explotó la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Gobierno de coalición tenía dos meses de conformado y, al frente, al PP y a Vox, unos contrincantes que siempre dejaron claro que no le darían ni un día de tregua. Así lo han hecho durante los días de pandemia, e incluso, han amenazado con tomar acciones penales y judiciales contra el equipo del presidente Sánchez, a quienes ellos consideran responsables de la propagación del COVID-19.
La pugna interna entre el PP y Vox tampoco permite rebajar la tensión política, considera este analista.
"Es que hay un odio, una visceralidad como no se da en ningún otro país del mundo. Ni siquiera en Italia, donde hay un partido de extrema derecha como es la Liga, están siendo tan hostiles contra el Gobierno. También está el caso de Portugal, donde la derecha está colaborando perfectamente con el Gobierno. Pero eso no se da en España porque aquí también hay una pugna por la hegemonía de la derecha entre PP y Vox, que a mi juicio, lo está ganando Vox porque está logrando que el PP siga su agenda".
"No creo que haya una desescalada de la confrontación política, creo que iremos a una escalada, porque en la salida de esta crisis sanitaria o en las decisiones que se tengan que tomar para enfrentar la crisis económica como consecuencia del coronavirus, aumentará la presión sobre el Gobierno para que cambie su agenda social y política, porque esta agenda plantea salir de la crisis rescatando primero a las personas afectadas y colocando la vida por encima de los intereses económicos. Por ejemplo, al anuncio de poner en marcha una renta mínima para todas las personas que lo necesiten, que es algo que parece tan lógico, ya se ha encontrado con el rechazo frontal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Ahí estará la batalla porque esos poderes fácticos buscan que otra vez la crisis la pague la clase trabajadora", concluye Arrabalí.
