El Gobierno de facto que asumió en Bolivia luego de la caída de Evo Morales, el domingo 10 de noviembre, adoptó en tan solo siete días varias medidas que arrasaron con conquistas o políticas de Estado adoptadas durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019).
Juan Guaidó y Venezuela: sí, pero no
Uno de los primeros pronunciamientos del Gobierno de facto de Áñez estuvo centrado en Venezuela. La mandataria reconoció al opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" del país suramericano y, a través de un mensaje de Twitter, lo invitó a designar a un embajador en Bolivia.
Chau, ALBA y Unasur
El primer viernes del período de facto también fue día para que Longaric anunciara el retiro de Bolivia de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el bloque fundado en 2005 por Venezuela y Cuba y del cual Bolivia era miembro desde 2006.
El ALBA había sido conformado como una alternativa bolivariana al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), un acuerdo impulsado por EEUU que no logró aceptación entre los países latinoamericanos.
Longaric también informó en la misma rueda de prensa sobre la decisión del Gobierno de facto de Bolivia de abandonar la Unasur, el bloque político suramericano fundado en 2004 y que funcionó activamente hasta 2018, cuando Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú comunicaron su decisión de suspender su participación.
El catolicismo vuelve a Bolivia
Sin embargo, todo cambió en la primera semana del Gobierno de facto. El mismo día de su autoproclamación, Áñez se mostró en público sosteniendo una biblia católica y exclamando que "Él [Dios] ha permitido que la Biblia vuelva a entrar al Palacio, que él nos bendiga".
Carta blanca para militares y policías
Mientras la comunidad internacional reclamaba por el cese de la represión contra los manifestantes en contra del golpe de Estado, el Gobierno de facto se despachó con un decreto que habilitó a los efectivos militares a reprimir sin ser juzgados luego por sus acciones.
"El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", establece el decreto.
El decreto fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aseguró que viola la normativa internacional y "estimula la represión violenta".
Cacería a Evo y al MAS
Las amenazas estuvieron principalmente en boca del ministro de facto de Gobierno, Arturo Murillo, quien el 14 de noviembre anunció el inicio de una "cacería" contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana "porque es una cacería, él es un animal que está matando gente en nuestro país", según dijo.
"Aquel que trate de hacer sedición a partir de mañana, que se cuide", alertó el Murillo. Además informó que se crearía una repartición de la Fiscalía para detener a los dirigentes del MAS que, según el Gobierno de facto, incitan a las protestas.
En paralelo, y durante una rueda de prensa, Áñez dijo que la participación del MAS en las próximas elecciones no está asegurada, ya que el Tribunal Supremo Electoral "tendrá que decidir si el MAS vuelve o no a participar".