Esa obligación está contenida en la resolución de un juez federal que ordena a la secretaría de Relaciones Exteriores a definir, en 60 días naturales, la aceptación de la competencia del CED en este país "que permitiría a miles de familiares de víctimas de desaparición elevar sus peticiones ante este órgano internacional", dijo el centro jesuita, que aboga por familias de desaparecidos.
La sentencia judicial señala que las autoridades federales "violaron el derecho de las víctimas directas o indirectas de acudir a instancias internacionales en materia de desaparición forzada".
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México firmó y ratificó en 2008, la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconociendo además al Comité CED de la ONU, sin embargo, el Estado mexicano impidió que el Comité de la ONU pudiera conocer peticiones individuales, dice en un comunicado el centro que representa a esa familia ante instancias nacionales e internacionales.
Durante el reciente Examen Periódico Universal sobre derechos humanos en México, realizado a principio de enero del año en curso, en la sede de la ONU en Ginebra, diversos gobiernos y abogados de víctimas instaron a México para que permitiera a ese comité internacional conocer peticiones individuales.
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Esa negativa gubernamental "atenta contra la propia efectividad de la Convención de la ONU", coinciden familiares de víctimas, el sistema ombudsman nacional, legisladores, la oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, e incluso otros países que acudieron a la evaluación.
En el marco del combate al crimen organizado durante más de una década, han perdido la vida más de 200.000 personas, hay unos 40.000 desaparecidos, unos 15.000 casos de tortura y decenas de miles de cuerpos sin identificar, cifras son superiores a cualquier conflicto armado interno en América Latina.