"Este sexenio (que finaliza el 1 de diciembre próximo, tras las elecciones del 1 de julio) ha sido el más alto en el número de desapariciones para la niñez y adolescencia mexicana: cerca del 70% fueron vistos por última vez durante el periodo de gobierno de Peña Nieto, desde 2012 hasta la fecha", indica un documento firmado por ocho de las principales organizaciones ciudadanas dedicadas a la defensa de los derechos de los menores de edad.
El periodo en el que han desaparecido 98% de niñas, niños y adolescentes, "coincide con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano de los últimos años", decretado por el expresidente Calderón en 2007, cuando comenzaron las grandes operaciones militares en tareas de seguridad pública.
El 18% del total de desapariciones registradas oficialmente desde 2006 hasta el 31 de marzo de 2017, "corresponden a niños, niñas y adolescentes", es decir "3.217 niñas y 2.235 niños menores de 17 años", consigna el trabajo.
El balance completo de desaparecidos arroja un total de 33.665 casos del fuero común y 1.074 casos del fuero federal en el Registro Nacional de Perdonas Extraviadas y Desaparecidas.
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Además miles de niños, niñas y adolescentes "sufren las afectaciones de la desaparición cuando un familiar es la víctima", afirma el documento.
Denuncia internacional y niños migrantes
Muchas niñas, niños y adolescentes son detenidos en el contexto de la migración hacia o dentro de México, prosigue el texto.
"Esta situación les vuelve más vulnerables frente a crímenes como la desaparición forzada, y a su captación por parte de la delincuencia organizada y traficantes de menores", de manera que los 16 extranjeros en el registro federal parece una representación menor del fenómeno, dice el documento.
Ante la "abrumadora realidad de la niñez y adolescencia desaparecida en México", en 2017 las organizaciones firmantes presentaron una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (GTDFI de la ONU).
El documento del organismo destaca que en el Estado mexicano "existen obstáculos para que los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de desaparición puedan gozar de sus derechos, con particular énfasis en la situación enfrentada por niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración".
Organismos internacionales han recomendado al Estado mexicano tomar medidas dirigidas en cuatro direcciones: en primer lugar "prevenir la desaparición de niños, niñas y adolescentes y dejar de criminalizar a los menores de edad migrantes".
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En segundo término, "crear instituciones, o adaptar las ya existentes, para la búsqueda eficaz de las y los niños desaparecidos", para que todas las búsquedas se lleven a cabo de manera prudente y adaptada a la sensibilidad de los mismos.
La tercera recomendación consiste en la "investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables", y finalmente, en cuarto lugar, "la garantía de la reparación y medidas de asistencia social" para las víctimas.
Actualmente México "carece de políticas públicas eficaces" para asistir a niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición, a pesar de programas de búsqueda como Alerta Amber y Protocolo Alba que "rara vez se aplican" y el protocolo para aplicarlo es "demasiado complicado y burocrático".
Las organizaciones firmantes son el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Centro Diocesano para DDHH Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Asociación Civil; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH; las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; y la Red por los Derechos de la Infancia en México-REDIM.