Más de un centenar de habitantes de la comunidad Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula, atacaron a la pareja, y "una de las personas [un hombre] murió en el lugar, luego de que la comunidad decidiera prenderle fuego", informó la fiscalía de Hidalgo la noche del jueves 30 de agosto.
Desde el lunes 27 de agosto, autoridades judiciales y de seguridad Pública de Hidalgo alertaron a la población a no dejarse influenciar por noticias falsas que circulan a través de redes sociales, "con supuestas alertas rojas sobre bandas de robachicos, que están en búsqueda de niños para robar sus órganos".
"Mediante redes sociales circula información falsa sobre delitos en contra de menores de edad en nuestra entidad. ¡No te alarmes, infórmate!", dijo la fiscalía de Hidalgo.
Un día antes del linchamiento en Hidalgo, en el municipio de Acatlán, del estado de Puebla, otras dos personas fueron quemadas vivas, acusadas de robar niños, pero la fiscalía de estado vecino de la Ciudad de México dijo que el señalamiento era falso, y que eran campesinos que llegaron al poblado.
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"De manera preliminar, se descarta que los occisos hubieran participado en algún delito, presuntamente se dedicaban a labores del campo", dijo la fiscalía de Puebla sobre el linchamiento ocurrido en ese pueblo serrano, 250 kilómetros al sureste de la capital mexicana.
En las últimas semanas circularon mensajes falsos por redes sociales sobre presunta bandas de "robachicos" en una decena de estados, entre ellos Jalisco Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Puebla y Yucatán.
Las autoridades de esos estados han emitido diversos desmentidos de las noticias falsas compartidas en cadena más 1,4 millones de veces, indica la fiscalía provincial.
"Continúa circulando información falsa sobre un presunto grupo delictivo que se dedica al robo de niños en la zona metropolitana de Guadalajara [capital de Jalisco]; es importante que antes de compartir cualquier contenido de este tipo confirmes su veracidad, ¡escríbenos a nuestras redes sociales y #VerificaRumor!", dijo en su cuenta de Twitter la fiscalía de Jalisco centro-norte del país.
Durante el mandato que termina de Enrique Peña Nieto (2012-2018), más de 400 personas fueron ejecutadas por pobladores de zonas rurales, según recuentos de organismos defensores de derechos humanos.