"El Ministerio del Interior tiene bajo su responsabilidad la seguridad y los militares tienen bajo su responsabilidad la defensa nacional, y eso lleva a que tengan una preparación, un armamento y una forma de funcionamiento diferente; y el armamento y la forma de funcionamiento de los militares no los lleva a estar preparados para la seguridad", dijo a Sputnik el ministro de Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, en respuesta a una iniciativa en ese sentido de un senador opositor, Jorge Larrañaga.
El impulsor de la iniciativa debe recolectar unas 250.000 firmas, equivalentes a 10% del padrón electoral; en caso de alcanzar esa cifra, la propuesta se plebiscitaría el último domingo de octubre de 2019, junto con la primera vuelta de las elecciones nacionales.
"Tenemos un sistema de defensa desactualizado producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo, seguimos considerando un despliegue territorial para amenazas antiguas", dijo Macri quien aclaró que la modernización irá acompañada de una nueva política.
"Este proceso de modernización va iniciarse con una nueva directiva de política de Defensa Nacional que destaca la función principal de las FFAA", enfatizó.
Al respecto, la especialista Rut Diamint, asesora del ministerio de Defensa de Argentina entre 2003 y 2005, explicó a Sputnik que una iniciativa de este tipo "va en contra de la ley vigente", en referencia a las leyes de Defensa Nacional, de 1988, y de Seguridad Interior, de 1991, ratificadas por el decreto 727 del año 2006, que prohíben la intervención de los militares en asuntos políticos internos.
Para Diamint, quien conversó con esta agencia con anterioridad al anuncio del presidente argentino, la iniciativa puede "abrir el juego para que haya un pasaje de las FFAA a las fuerzas de seguridad" para que "se adapten a la normativa y regulaciones que tienen las fuerzas de seguridad".
"Eso no implica que el modelo, el rol de las FFAA a futuro, tenga que pasar por la seguridad pública; al contrario, o uno no tiene Defensa, o uno si tiene Defensa las prepara para lo que es estrictamente un cuerpo de Defensa", explicó la especialista.
La experiencia de Brasil
En febrero de este año, el presidente de Brasil, Michel Temer, decretó la intervención militar en el estado de Río de Janeiro (sudeste), alegando que la violencia estaba fuera de control.
Sin embargo, lejos de ser una solución a los índices de violencia y criminalidad, la situación empeoró.
Según un informe del Instituto de Seguridad Pública, dependiente del gobierno estadual, los homicidios como resultado de la intervención de las fuerzas de seguridad se incrementaron 59,8% en junio de 2018 en relación al mismo mes del año anterior.
La Policía mató a 155 personas en sus operaciones en junio pasado, contra las 97 del mismo periodo de 2017.
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Los mismos datos oficiales muestran que los homicidios en general se incrementaron 7,9% respecto a junio de 2017, aunque cayeron 5% respecto a mayo de este año.
Después de tres meses, el porcentaje de apoyo había descendido levemente (76%), y 69% consideraba que la presencia del Ejército "no se había notado de ninguna forma en la seguridad de la ciudad", según otra encuesta del instituto de opinión Datafolha.
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"Es verdad que mucha gente apoya la intervención [de las FFAA en la seguridad], pero con la intervención aquí en Río muchas personas se decepcionaron… Han visto que seguimos bajo la intervención y que no hay ninguna diferencia; no vemos ninguna mejora en las calles, sólo muertos", explicaba días atrás a Sputnik la estudiante Nathalie Teixeira, durante una manifestación en recuerdo de la concejala del ayuntamiento de Río de Janeiro, Marielle Franco, asesinada el mes de marzo.
Colombia: las FFAA tras la paz con las Farc
La situación colombiana es distinta a la de los tres países del Cono Sur, debido a los más de 50 años de conflicto armado con las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero con el que firmaron un acuerdo de paz en noviembre de 2016.
"Tras el desarme y desmovilización de las FARC [a mediados de 2017] esperábamos una sustancial reducción del Ejército, pero, por el contrario, el presupuesto para este año aumentó, lo cual es incomprensible e injustificable", dijo semanas atrás a Sputnik la excandidata a la Vicepresidencia por el partido político FARC, Imelda Daza.
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En efecto, en agosto de 2017 el Gobierno central anunció un aumento de ocho por ciento del presupuesto para sus Fuerzas Militares (FFMM) y policía.
"Si bien ha habido un desescalamiento progresivo del conflicto a raíz de la paz con las FARC, las coyunturas actuales no hacen viable que las Fuerzas Militares se puedan reducir en el corto plazo, por lo que será necesario esperar la etapa de diez o quince años que se prevé dure el posconflicto para poder reducirlas", dijo a Sputnik el analista y abogado penalista Francisco Bernate.
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Tal es la posición del propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ha sostenido que pese al posconflicto el Estado no debe reducir la Fuerza Pública y, por el contrario, debe fortalecerla para mejorar la seguridad en las zonas urbanas y rurales del país.
Las FFMM colombianas cuentan actualmente con unos 235.000 integrantes.