"Para nosotros, Peña Nieto sigue siendo cómplice, si piensa que habrá impunidad a la salida de su Gobierno (…), no es un caso de secuestro, como dice la investigación [federal], sino de desaparición forzada, un crimen de Estado", dijo en conferencia un portavoz de las familias de los desaparecidos, Felipe de la Cruz.
La respuesta de las familias fue presentada un día después que el titular de la ONU-DH, Zeid Raad Hussein informó de que las conclusiones del informe "apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa".
Por su parte, el abogado de los familiares, Mario Patrón, director del jesuita Centro de DDHH Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que "la administración de Peña Nieto se acerca cada vez más a la responsabilidad ante la justicia internacional", tras los informes de la ONU y de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) de la Organización de Estados Americano.
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La noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada siguiente, la agresión y persecución perpetrada por policías municipales —que según testimonios de los sobrevivientes duraron más de cuatro horas-, fue dirigida contra más de un centenar de jóvenes que viajaban en cinco autobuses, tomados para asistir a la conmemoración anual de la Masacre de Tlatelolco de 1968, en la capital.
Según la llamada "Verdad Histórica" los policías municipales de Iguala y Cocula "entregaron a los jóvenes a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero municipal en una barranca a cielo abierto y tiraron sus restos al cercano río San Juan.
"Los peritos especiales en fuego ya dijeron que era imposible quemar a 43 jóvenes en el basurero de Cocula", dijo el padre de uno de los desaprecidos.
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En la conferencia de este viernes también estuvieron presentes los familiares de los desaparecidos.
Doble injusticia
El informe de Hussein señala "una doble injusticia, al manchar el derecho a la verdad con un patrón de torturas" dijo el defensor, quien ha representado a las familias antes las instancias internacionales.
"No queremos una verdad bajo tortura, que en realidad es una mentira, porque las familias asumirían una verdad auténtica, aunque sea dolorosa", dijo Patrón.
La esencia del informe internacional es que "el encubrimiento de quienes cometieron torturas e ilegalidades conduce a la impunidad", dijo el representante de cuatro organizaciones civiles que encabezan la defensa legal de las familias, junto con Fundar, el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan (Guerrero) y el Servicio para la Paz.
Patrón rechazó esa respuesta: "hay hallazgos inéditos, se acreditan declaraciones bajo tortura, ilegalidades y falta a la veracidad" de la conclusión de la fiscalía federal, enfatizó.
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Una de las madres de los jóvenes de origen campesino habló en náhuatl, dijo que "frente a nuestra historia amarga, los criminales piensan que todo puede quedar en el olvido, pero seguimos luchando por derribar las mentira del Gobierno y el teatro de la verdad histórica del basurero de Cocula".
"No vamos a defender a delincuentes, pero no queremos la verdad bajo tortura", puntualizó.
El Gobierno de Peña Nieto dijo que la oficina del Alto Comisionado "omitió información relevante (…), y que las investigaciones en marcha aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba" el organismo.
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El Gobierno rechazó el informe en una repuesta conjunta de la cancillería, el ministerio del Interior y la Procuraduría federal.