De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el país registró la desaparición de 6.725 menores de edad entre 2006 y 2014. El dato representa un 30% del número total de desaparecidos en ese período.
"Suponemos que el crimen organizado está por detrás con dos variantes. Entre los adolescentes de 15 a 17 años, desaparecidos en el período de 2006 a 2014, siete de cada 10 son mujeres con fines de explotación sexual y feminicidios. En el caso de niños pequeños, de 0 a 4 años, seis de cada 10 son varones y consideramos que está vinculado con la venta y tráfico de niños para adopciones ilegales", explicó al programa radial de Sputnik 'En Órbita' Juan Martín Pérez, director de Redim.
"La fragilidad de la Nación es totalmente evidente. Los grupos criminales definen todo, incluso los gobernadores. Entonces ahí es en donde reina la impunidad, la falta de investigación, la complicidad de autoridades con el crimen. Y obviamente la impunidad garantiza la repetición de los hechos. El argumento federal es que corresponde a cada unidad federativa realizar la búsqueda e investigación de los hechos, lo cual es absurdo porque las propias autoridades locales están involucradas. De parte de las autoridades locales también reclaman la ausencia de recursos federales para las investigaciones", contó.
"Recientemente se encontró la fosa clandestina más grande de México, descubierta por familiares. Solo en el 30% de lo que se ha explorado hasta ahora hay más de 250 cuerpos. Falta todavía el 70% de esa fosa, de la que se está adelantando que será la más grande de México", ejemplificó.
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Para Pérez, incluir a la ley general de desapariciones aspectos que atiendan específicamente a los menores de edad es fundamental para enfrentar la problemática. Según el activista, el protocolo actual es "absurdo" porque establece una espera de 72 horas antes de registrar la denuncia y emitir la alerta de desaparición de un menor. "Los niños y adolescentes son considerados ausentes y no personas desaparecidas [en esas 72 horas]", aclaró.
Entre los tópicos que se pretende agregar al proyecto de ley que tramita lentamente en el Parlamento, está la sistematización de información específica para niños, niñas y adolescentes y crear "una unidad de inteligencia que permita leer algunos patrones, particularmente por las sospechas que hay del crimen organizado, y que permita desarrollar alertas tempranas si se va detectando denuncias por regiones o por características de población", según el referente latinoamericano.
"El otro tema es la atención psicológica urgente para los niños que logran ser recuperados y también para aquellos que son hijos de víctimas de desaparición", resaltó Pérez.
