El primer caído por supuesta injerencia de EEUU en México: ¿un mensaje de Sheinbaum para todo 'traidor'?
El primer caído por supuesta injerencia de EEUU en México: ¿un mensaje de Sheinbaum para todo 'traidor'?
Sputnik Mundo
El discurso oficial en contra del injerencismo extranjero en México ya ha pasado a la acción. El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fue ingresado al penal... 21.10.2026, Sputnik Mundo
No se tiene registro en la historia reciente de este país latinoamericano sobre una acusación contra un alto funcionario o fiscal o gobernador por traición a la patria. De ahí deriva la importancia del caso de César Jáuregui, a quien la FGR señala por su supuesta responsabilidad en permitir la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahuamara (norte) en abril pasado. Dos de esos agentes murieron en condiciones que hasta ahora no han sido aclaradas. La noticia, rápidamente, se propagó en ambos lados de la frontera. Desde Washington guardaron silencio, como era de esperarse si es que sí se trataba de dos agentes encubiertos. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente: no se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la interferencia de la inteligencia estadounidense sin autorización expresa del Gobierno federal. Medio año después de aquellos acontecimientos y tras una investigación de la Fiscalía mexicana, Jáuregui es el primer caído de este asunto que se ha convertido en punta de lanza de un problema bilateral mucho más profundo, en el que la Administración Trump mantiene una presión constante sobre el Gobierno de Sheinbaum para que se combata más a los cárteles de la droga, que fueron declarados como "organizaciones terroristas extranjeras" desde que Trump volvió al poder. Bajo el viejo pretexto de la lucha contra el narcotráfico, EEUU insiste en que podría realizar, en cualquier momento, ataques contra los grupos criminales en territorio mexicano, lo cual violaría la soberanía mexicana y propiciaría una crisis bilateral que en muchos años no se ha visto. Jáuregui parece ser la primera pieza de un dominó que apenas comienza a formarse. En caso de que Jáuregui sea sentenciado, desde un punto de vista legal interno, el Gobierno mexicano "ya no se estaría viendo a EEUU como un socio comercial, sino como un gobierno que atenta contra la soberanía mexicana para llevar a cabo actividades en contra de las instituciones", agrega. Por ello, dice el también internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, este asunto "debe tratarse con pinzas" porque podría escalar involuntariamente a un nivel que podría ser engorroso y delicado para el vínculo bilateral, que de por sí lleva meses de amplias tensiones en diferentes frentes, desde seguridad y migración hasta comercio y economía. ¿Qué mensaje hay detrás de todo esto?El caso del exfiscal chihuahuanese César Jáuregui ha cobrado, también, dimensiones políticas internas de gran calado. No son pocos quienes ven los señalamientos elaborados por la FGR en su contra como un mensaje de la Administración de Claudia Sheinbaum hacia todo aquel funcionario, fiscal o gobernador que no quiera ceñirse al discurso soberanista que rechaza cualquier tipo de injerencia de otro país, particularmente de EEUU. Es decir: quien no acate las órdenes o no pida permiso al Gobierno federal para cualquier tipo de colaboración extranjera, podría experimentar consecuencias graves según las leyes mexicanas. Según el también académico del Tecnológico de Monterrey, se trata de una "acción formal y concreta" que refuerza en los hechos el discurso de defensa a la soberanía que enarbola desde hace tiempo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asegura constatemente que no permitirá ningún tipo de injerencia extranjera ante los embates de la Casa Blanca, ya que incluso el propio Trump ha hecho comentarios burlones e irónicos sobre la mandataria mexicana. ¿Se 'carcajean' los narcotraficantes? Para López-Montiel, se trata de una advertencia que puede ir dirigida hacia varios espacios al mismo tiempo: desde la propia clase política emanada de Morena —el partido en el poder— hasta la oposición de practicamente cualquier nivel. Y es que al interior de la fuerza oficialista ha habido dudas sobre supuestas colaboraciones de gobernadores estatales —como Marina del Pilar, de Baja California— con el FBI o el Departamento de Justicia de EEUU para un supuesto intercambio de información a cambio de beneficios políticos y visados. O también el caso de la apertura de una academia de formación policial internacional en Querétaro —estado gobernado por el partido opositor PAN—, de la cual nunca se enteró Sheinbaum ni su gabinete. "Se trata de un delito muy complicado de probar [la traición a la patria] porque no se puede establecer tan fácilmente cómo es que [César Jáuregui] benefició a otro país o si eso generó realmente una intervención en términos reales", apunta López-Montiel, quien no duda que la elección de ese presunto delito se haya dado precisamente con la intención de que fuera un proceso largo que fuera redituable en términos mediáticos. De hecho, Soto Rodríguez no duda en afirmar que desde hace mucho tiempo existe una "paradiplomacia" en los estados mexicanos fronterizos con EEUU, es decir, que conducen sus propias líneas de comunicación con Washington —al margen del gobierno federal—, sobre todo en materia de seguridad. Mientras tanto, Jáuregui ha negado todas las acusaciones en su contra. Ha rechazado, ante un juez de control, haber ordenado, coordinado o participado en el operativo de abril pasado en la comunidad de El Pinal. "Ni una sola referencia específica a mi intervención, ni una orden, ni un WhatsApp. Nada que estableciese un nexo lógico causal que pudiese dejar clara mi intervención y mi determinación”, sostuvo.Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) es reiterativa en que se encontraron pruebas de que los agentes de la CIA acudieron en varias ocasiones, "sin justificación alguna", a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, adscrita a la Fiscalía de Chihuahua, lo que supuestamente prueba el nivel de involucramiento de esos funcionarios en actividades que competían a las autoridades mexicanas. Sin embargo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (opisición), dijo en su momento que todo se trata de "una vulgar simulación", aunque apenas ayer matizó su tono y apoyó la detención de su exfiscal. El teatro político apenas comienza.
El discurso oficial en contra del injerencismo extranjero en México ya ha pasado a la acción. El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano al lado de capos y criminales de alta peligrosidad. El motivo: es acusado de traición a la patria por la Fiscalía General de la República (FGR).
No se tiene registro en la historia reciente de este país latinoamericano sobre una acusación contra un alto funcionario o fiscal o gobernador por traición a la patria. De ahí deriva la importancia del caso de César Jáuregui, a quien la FGR señala por su supuesta responsabilidad en permitir la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahuamara (norte) en abril pasado. Dos de esos agentes murieron en condiciones que hasta ahora no han sido aclaradas. La noticia, rápidamente, se propagó en ambos lados de la frontera. Desde Washington guardaron silencio, como era de esperarse si es que sí se trataba de dos agentes encubiertos. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente: no se permitirá, bajo ninguna circunstancia, la interferencia de la inteligencia estadounidense sin autorización expresa del Gobierno federal.
Medio año después de aquellos acontecimientos y tras una investigación de la Fiscalía mexicana, Jáuregui es el primer caído de este asunto que se ha convertido en punta de lanza de un problema bilateral mucho más profundo, en el que la Administración Trump mantiene una presión constante sobre el Gobierno de Sheinbaum para que se combata más a los cárteles de la droga, que fueron declarados como "organizaciones terroristas extranjeras" desde que Trump volvió al poder. Bajo el viejo pretexto de la lucha contra el narcotráfico, EEUU insiste en que podría realizar, en cualquier momento, ataques contra los grupos criminales en territorio mexicano, lo cual violaría la soberanía mexicana y propiciaría una crisis bilateral que en muchos años no se ha visto. Jáuregui parece ser la primera pieza de un dominó que apenas comienza a formarse.
"Al ver el artículo 123 [del Código Penal] en sus 15 fracciones, podemos concluir que es grave decir que [un servidor público o funcionario] haya cometido traición a la patria porque se estaría aceptando que este exfiscal trabajó con un gobierno hostil, con un gobierno que es prácticamente enemigo", explica en entrevista con Sputnik Mauricio Soto Rodríguez, investigador externo del Centro de Estudios Superiores Navales de México.
🇲🇽 El primer caído por supuesta injerencia de EEUU en México: ¿un mensaje de Sheinbaum para todo 'traidor'?
🗣 El discurso oficial en contra del injerencismo extranjero en México ya ha pasado a la acción. El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano al lado de capos y criminales de alta peligrosidad. El motivo: es acusado de traición a la patria por la Fiscalía General de la República (FGR).
💬 "Al ver el artículo 123 [del Código Penal] en sus 15 fracciones, podemos concluir que es grave decir que [un servidor público o funcionario] haya cometido traición a la patria porque se estaría aceptando que este exfiscal trabajó con un gobierno hostil, con un gobierno que es prácticamente enemigo", explica a Sputnik Mauricio Soto Rodríguez, investigador externo del Centro de Estudios Superiores Navales de México.
👉 Por ello, dice el también internacionalista de la UNAM, este asunto "debe tratarse con pinzas" porque podría escalar involuntariamente a un nivel que podría ser engorroso y delicado para el vínculo bilateral, que de por sí lleva meses de amplias tensiones en diferentes frentes, desde seguridad y migración hasta comercio y economía.
En caso de que Jáuregui sea sentenciado, desde un punto de vista legal interno, el Gobierno mexicano "ya no se estaría viendo a EEUU como un socio comercial, sino como un gobierno que atenta contra la soberanía mexicana para llevar a cabo actividades en contra de las instituciones", agrega.
Por ello, dice el también internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, este asunto "debe tratarse con pinzas" porque podría escalar involuntariamente a un nivel que podría ser engorroso y delicado para el vínculo bilateral, que de por sí lleva meses de amplias tensiones en diferentes frentes, desde seguridad y migración hasta comercio y economía.
El caso del exfiscal chihuahuanese César Jáuregui ha cobrado, también, dimensiones políticas internas de gran calado. No son pocos quienes ven los señalamientos elaborados por la FGR en su contra como un mensaje de la Administración de Claudia Sheinbaum hacia todo aquel funcionario, fiscal o gobernador que no quiera ceñirse al discurso soberanista que rechaza cualquier tipo de injerencia de otro país, particularmente de EEUU. Es decir: quien no acate las órdenes o no pida permiso al Gobierno federal para cualquier tipo de colaboración extranjera, podría experimentar consecuencias graves según las leyes mexicanas.
"Fundalemente todo esto se trata de un mensaje político", afirma en charla con Sputnik Gustavo López-Montiel, doctor en ciencias políticas por The New School for Social Research.
Según el también académico del Tecnológico de Monterrey, se trata de una "acción formal y concreta" que refuerza en los hechos el discurso de defensa a la soberanía que enarbola desde hace tiempo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asegura constatemente que no permitirá ningún tipo de injerencia extranjera ante los embates de la Casa Blanca, ya que incluso el propio Trump ha hecho comentarios burlones e irónicos sobre la mandataria mexicana.
Para López-Montiel, se trata de una advertencia que puede ir dirigida hacia varios espacios al mismo tiempo: desde la propia clase política emanada de Morena —el partido en el poder— hasta la oposición de practicamente cualquier nivel. Y es que al interior de la fuerza oficialista ha habido dudas sobre supuestas colaboraciones de gobernadores estatales —como Marina del Pilar, de Baja California— con el FBI o el Departamento de Justicia de EEUU para un supuesto intercambio de información a cambio de beneficios políticos y visados. O también el caso de la apertura de una academia de formación policial internacional en Querétaro —estado gobernado por el partido opositor PAN—, de la cual nunca se enteró Sheinbaum ni su gabinete.
"Se trata de un delito muy complicado de probar [la traición a la patria] porque no se puede establecer tan fácilmente cómo es que [César Jáuregui] benefició a otro país o si eso generó realmente una intervención en términos reales", apunta López-Montiel, quien no duda que la elección de ese presunto delito se haya dado precisamente con la intención de que fuera un proceso largo que fuera redituable en términos mediáticos.
"Es una advertencia y un reclamo [del Gobierno de Sheinbaum] hacia cómo muchos grupos políticos se manejan en sus relaciones con EEUU, incluso los propios morenistas", añade el analista.
De hecho, Soto Rodríguez no duda en afirmar que desde hace mucho tiempo existe una "paradiplomacia" en los estados mexicanos fronterizos con EEUU, es decir, que conducen sus propias líneas de comunicación con Washington —al margen del gobierno federal—, sobre todo en materia de seguridad.
Mientras tanto, Jáuregui ha negado todas las acusaciones en su contra. Ha rechazado, ante un juez de control, haber ordenado, coordinado o participado en el operativo de abril pasado en la comunidad de El Pinal. "Ni una sola referencia específica a mi intervención, ni una orden, ni un WhatsApp. Nada que estableciese un nexo lógico causal que pudiese dejar clara mi intervención y mi determinación”, sostuvo.
"Muchas veces me he preguntado también si no se estarán carcajeando los narcotraficantes que sufrieron el daño de haber afectado sus intereses en El Pinal (...) Deben estar cuando menos contentos de ver lo que está ocurriendo con la actuación de las autoridades", apuntó.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) es reiterativa en que se encontraron pruebas de que los agentes de la CIA acudieron en varias ocasiones, "sin justificación alguna", a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, adscrita a la Fiscalía de Chihuahua, lo que supuestamente prueba el nivel de involucramiento de esos funcionarios en actividades que competían a las autoridades mexicanas. Sin embargo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (opisición), dijo en su momento que todo se trata de "una vulgar simulación", aunque apenas ayer matizó su tono y apoyó la detención de su exfiscal. El teatro político apenas comienza.
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