"Es ideológico": Milei privatiza el agua de Buenos Aires y pone en venta distintos proyectos
"Es ideológico": Milei privatiza el agua de Buenos Aires y pone en venta distintos proyectos
Sputnik Mundo
El Gobierno argentino adjudicó por 340 millones de dólares el 90% de AySA, que abastece de agua a 14 millones de personas, y prepara la venta de represas... 14.10.2026, Sputnik Mundo
El presidente sudamericano, Javier Milei, avanza en su proceso de privatización acelerada de activos estatales en la nación. La Administración argentina adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la mayor prestadora de agua potable y cloacas del país, que abastece a usuarios en Buenos Aires y su área metropolitana. El consorcio ganador ofreció 340,2 millones de dólares, en la mayor privatización concretada hasta ahora por la actual gestión.La cifra quedó lejos de las expectativas oficiales: cuando lanzó la licitación, en mayo, el Ejecutivo estimaba ingresos cercanos a 500 millones de dólares, y en septiembre ya hablaba de unos 450 millones. Además, la compulsa mostró un interés acotado: de las 17 empresas que se acercaron al proceso, solo dos consorcios, ambos argentinos, llegaron a presentar ofertas formales.La operación devuelve el servicio a manos privadas 20 años después de su recuperación estatal. En 1993, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), la antigua Obras Sanitarias de la Nación fue concesionada por 30 años a un consorcio liderado por la francesa Suez, contrato que el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió en 2006 tras reiterados incumplimientos en las inversiones comprometidas.A diferencia de aquella experiencia, en la que el Estado cedió la explotación del servicio sin vender los activos, el esquema actual transfiere la propiedad de la empresa junto con las obligaciones de inversión, en una concesión por 30 años prorrogable por otros diez. Para justificar la medida, el Gobierno argumentó que el Tesoro destinó 13.400 millones de dólares a sostener AySA desde 2006.La venta abre una nueva etapa del programa de privatizaciones. El 11 de noviembre se abrirán las ofertas por tres líneas ferroviarias de carga, clave para el traslado de granos, minerales e insumos para Vaca Muerta, y en diciembre vencen las concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas en la provincia andina de Mendoza, la patagónica de Chubut y la norteña de Santiago del Estero.El capítulo más sensible llegará en 2027, cuando el Ejecutivo prevé vender el 44% de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las tres centrales nucleares del país, además de dos centrales térmicas de Energía Argentina (ENARSA). Como antecedente, a comienzos de 2026 la venta de cuatro represas en la Patagonia había aportado al Tesoro unos 700 millones de dólares.El objetivo declarado es financiero: el Gobierno aspira a recaudar cerca de 1.500 millones de dólares en 2027 mediante privatizaciones y concesiones, para cubrir compromisos de deuda externa antes del fin del mandato de Milei. Ese año coincide con las elecciones presidenciales, un calendario que históricamente eleva la volatilidad cambiaria y reduce el apetito inversor por la deuda argentina.Ese monto equivale a poco más del 4% de las necesidades del próximo año: los vencimientos de deuda en moneda extranjera de Argentina para 2027 suman 35.300 millones de dólares, de los cuales 12.700 millones corresponden a organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).Para completar ese financiamiento, el equipo económico proyecta para 2027 compras de reservas del Banco Central por 4.900 millones de dólares y otros 4.200 millones provenientes de organismos multilaterales. El primer gran pago del calendario con bonistas privados vence el 9 de enero, y el siguiente, el 9 de julio, a tres meses de las votaciones.La apuesta detrás de esta acciónEl experto remarcó que el principal efecto se sentirá en los hogares. "Si la firma pasa a manos privadas, el Estado terminará de correrse en un tema muy sensible: deja de tener responsabilidad directa hacia los usuarios, porque esto se convierte en un problema entre privados, que podrán tener más libertad para fijar tarifas, incluso en contextos complejos económicamente".Consultado por Sputnik, el diputado nacional peronista Pablo Yedlin, de la oposición nucleada en Unión por la Patria, consideró que "estas privatizaciones golpean de lleno a sectores estratégicos del país, sobre todo porque está fuera de control: todo lo que se venda va a ser muy difícil de recuperar", advirtió.El legislador también cuestionó la venta parcial de la operadora de las tres centrales nucleares de la nación sudamericana. "Privatizar Nucleoeléctrica o las empresas que manejan la energía nuclear es contradictorio con el discurso de defensa de la soberanía que el Gobierno plantea con el tema Malvinas, por ejemplo", planteó, en alusión al reclamo argentino sobre las islas.Una venta urgida por dólaresEl consenso entre los expertos apunta a un objetivo insoslayable: la necesidad de robustecer las arcas públicas de dólares que permitan transitar el año electoral sin mayores sobresaltos.Consultado por Sputnik, Moisés Solorza, exsecretario de Energía de la provincia sureña de Tierra del Fuego, consideró que el Gobierno "requiere urgentemente, por recomendación del Fondo Monetario, hacerse de divisas para enfrentar los vencimientos del próximo año, que son más de 20.000 millones de dólares: la situación es de desesperación, lo cual es entendible por los problemas financieros que estamos acostumbrados a tener", apuntó.Sobre una eventual reestatización por parte de un futuro Gobierno de diferente signo político, Olmos Gaona planteó que "una ley puede ser revocada por otra sin ningún problema" y que "no hay leyes inamovibles, no hay normas jurídicas que no se puedan cambiar". "En cualquier momento se cambian las cosas, y lo que hoy era absolutamente valedero deja de serlo en el futuro", precisó.El historiador advirtió, sin embargo, que un conflicto con los nuevos dueños se dirimiría en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que, generalmente, siempre está a favor de los inversores", afirmó, y lo describió como "todo un sistema perfecto que tiene un único objetivo, beneficiar al sector privado".
El Gobierno argentino adjudicó por 340 millones de dólares el 90% de AySA, que abastece de agua a 14 millones de personas, y prepara la venta de represas, trenes de carga y parte del sector nuclear para reunir divisas ante el año electoral. "Urgentemente, pusieron a disposición todo el patrimonio argentino estratégico", dijo a Sputnik un experto.
El presidente sudamericano, Javier Milei, avanza en su proceso de privatización acelerada de activos estatales en la nación. La Administración argentina adjudicó el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la mayor prestadora de agua potable y cloacas del país, que abastece a usuarios en Buenos Aires y su área metropolitana. El consorcio ganador ofreció 340,2 millones de dólares, en la mayor privatización concretada hasta ahora por la actual gestión.
La cifra quedó lejos de las expectativas oficiales: cuando lanzó la licitación, en mayo, el Ejecutivo estimaba ingresos cercanos a 500 millones de dólares, y en septiembre ya hablaba de unos 450 millones. Además, la compulsa mostró un interés acotado: de las 17 empresas que se acercaron al proceso, solo dos consorcios, ambos argentinos, llegaron a presentar ofertas formales.
La operación devuelve el servicio a manos privadas 20 años después de su recuperación estatal. En 1993, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), la antigua Obras Sanitarias de la Nación fue concesionada por 30 años a un consorcio liderado por la francesa Suez, contrato que el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) rescindió en 2006 tras reiterados incumplimientos en las inversiones comprometidas.
🇦🇷 "Es ideológico": Milei privatiza el agua de Buenos Aires y pone en venta distintos proyectos
💧 El Gobierno argentino adjudicó por 340 millones de dólares el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que abastece de agua a 14 millones de personas en Buenos Aires y zona metropolitana. Y no es todo: prepara la venta de represas, trenes de carga y parte del sector nuclear para reunir divisas ante el año electoral.
🗣 "Lo llamativo de esta decisión es que no responde a una cuestión económica: la empresa en el último tiempo dejó de ser deficitaria, en parte debido al fuerte ajuste de tarifas impulsado por el Gobierno. No es una decisión económica: el argumento es ideológico, de abrir el juego al sector privado sin importar la empresa en cuestión", dijo a Sputnik el historiador Alejandro Olmos Gaona, especializado en el estudio de la deuda externa y los procesos privatizadores.
👎 El experto remarcó que el principal efecto se sentirá en los hogares. "Si la firma pasa a manos privadas, el Estado terminará de colocarse en un tema muy sensible: deja de tener responsabilidad directa hacia los usuarios, porque esto se convierte en un problema entre privados, que podrán tener más libertad para fijar tarifas, incluso en contextos complejos económicamente".
A diferencia de aquella experiencia, en la que el Estado cedió la explotación del servicio sin vender los activos, el esquema actual transfiere la propiedad de la empresa junto con las obligaciones de inversión, en una concesión por 30 años prorrogable por otros diez. Para justificar la medida, el Gobierno argumentó que el Tesoro destinó 13.400 millones de dólares a sostener AySA desde 2006.
La venta abre una nueva etapa del programa de privatizaciones. El 11 de noviembre se abrirán las ofertas por tres líneas ferroviarias de carga, clave para el traslado de granos, minerales e insumos para Vaca Muerta, y en diciembre vencen las concesiones de cuatro centrales hidroeléctricas en la provincia andina de Mendoza, la patagónica de Chubut y la norteña de Santiago del Estero.
El capítulo más sensible llegará en 2027, cuando el Ejecutivo prevé vender el 44% de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las tres centrales nucleares del país, además de dos centrales térmicas de Energía Argentina (ENARSA). Como antecedente, a comienzos de 2026 la venta de cuatro represas en la Patagonia había aportado al Tesoro unos 700 millones de dólares.
El objetivo declarado es financiero: el Gobierno aspira a recaudar cerca de 1.500 millones de dólares en 2027 mediante privatizaciones y concesiones, para cubrir compromisos de deuda externa antes del fin del mandato de Milei. Ese año coincide con las elecciones presidenciales, un calendario que históricamente eleva la volatilidad cambiaria y reduce el apetito inversor por la deuda argentina.
Ese monto equivale a poco más del 4% de las necesidades del próximo año: los vencimientos de deuda en moneda extranjera de Argentina para 2027 suman 35.300 millones de dólares, de los cuales 12.700 millones corresponden a organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para completar ese financiamiento, el equipo económico proyecta para 2027 compras de reservas del Banco Central por 4.900 millones de dólares y otros 4.200 millones provenientes de organismos multilaterales. El primer gran pago del calendario con bonistas privados vence el 9 de enero, y el siguiente, el 9 de julio, a tres meses de las votaciones.
La apuesta detrás de esta acción
"Lo llamativo de esta decisión es que no responde a una cuestión económica: la empresa en el último tiempo dejó de ser deficitaria, en parte debido al fuerte ajuste de tarifas impulsado por el Gobierno. No es una decisión económica: el argumento es ideológico, de abrir el juego al sector privado sin importar la empresa en cuestión", dijo a Sputnik el historiador Alejandro Olmos Gaona, especializado en el estudio de la deuda externa y los procesos privatizadores.
El experto remarcó que el principal efecto se sentirá en los hogares. "Si la firma pasa a manos privadas, el Estado terminará de correrse en un tema muy sensible: deja de tener responsabilidad directa hacia los usuarios, porque esto se convierte en un problema entre privados, que podrán tener más libertad para fijar tarifas, incluso en contextos complejos económicamente".
Consultado por Sputnik, el diputado nacional peronista Pablo Yedlin, de la oposición nucleada en Unión por la Patria, consideró que "estas privatizaciones golpean de lleno a sectores estratégicos del país, sobre todo porque está fuera de control: todo lo que se venda va a ser muy difícil de recuperar", advirtió.
El legislador también cuestionó la venta parcial de la operadora de las tres centrales nucleares de la nación sudamericana. "Privatizar Nucleoeléctrica o las empresas que manejan la energía nuclear es contradictorio con el discurso de defensa de la soberanía que el Gobierno plantea con el tema Malvinas, por ejemplo", planteó, en alusión al reclamo argentino sobre las islas.
Una venta urgida por dólares
El consenso entre los expertos apunta a un objetivo insoslayable: la necesidad de robustecer las arcas públicas de dólares que permitan transitar el año electoral sin mayores sobresaltos.
Consultado por Sputnik, Moisés Solorza, exsecretario de Energía de la provincia sureña de Tierra del Fuego, consideró que el Gobierno "requiere urgentemente, por recomendación del Fondo Monetario, hacerse de divisas para enfrentar los vencimientos del próximo año, que son más de 20.000 millones de dólares: la situación es de desesperación, lo cual es entendible por los problemas financieros que estamos acostumbrados a tener", apuntó.
En ese marco, el exfuncionario señaló que "urgentemente pusieron a disposición todo el patrimonio argentino estratégico relacionado con la energía, con la energía nuclear, con las represas". Entre sus principales preocupaciones mencionó "la seguridad energética del país, que queda a manos de los que no pueden garantizar" su integridad, en especial en "el sector nuclear".
Sobre una eventual reestatización por parte de un futuro Gobierno de diferente signo político, Olmos Gaona planteó que "una ley puede ser revocada por otra sin ningún problema" y que "no hay leyes inamovibles, no hay normas jurídicas que no se puedan cambiar". "En cualquier momento se cambian las cosas, y lo que hoy era absolutamente valedero deja de serlo en el futuro", precisó.
El historiador advirtió, sin embargo, que un conflicto con los nuevos dueños se dirimiría en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que, generalmente, siempre está a favor de los inversores", afirmó, y lo describió como "todo un sistema perfecto que tiene un único objetivo, beneficiar al sector privado".
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