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Megaproyecto minero de Argentina muestra que "bajar los impuestos es una herramienta que funciona", dice un analista

© Foto : Gentileza Ministerio de MineríaLáminas de cobre
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El ministro de Economía argentino celebró la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de un megaproyecto minero, al cual calificó como el "mayor de nuestra historia y uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo". "No hay país que no incentive a hacer inversiones", dijo a Sputnik un experto.
El Gobierno argentino aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero Vicuña, desarrollado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining en la provincia de San Juan (oeste), con una inversión inicial prevista de 9.700 millones de dólares, constituyendo el principal anuncio del sector en los últimos años.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la aprobación y afirmó que se trata de la inversión minera más importante de la historia nacional. Según el funcionario, el proyecto generará exportaciones por más de 2.600 millones de dólares anuales y más de 30.000 empleos directos e indirectos.

Vicuña integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la zona cordillerana de San Juan, cerca de la frontera con Chile. La iniciativa es considerada uno de los desarrollos de cobre más relevantes a nivel global y podría ubicar a Argentina entre los principales productores del mineral.

La inversión aprobada corresponde a una primera etapa, aunque las estimaciones empresariales prevén que el desembolso total pueda alcanzar los 18.000 millones de dólares durante las distintas fases de desarrollo. El proyecto contempla construcción, operación minera, plantas de procesamiento e infraestructura asociada.
De acuerdo con evaluaciones preliminares difundidas por la compañía, Vicuña podría producir en promedio 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata anuales durante sus primeros 25 años de operación. La producción comenzaría hacia el final de la década.
El anuncio tiene relevancia para el Gobierno de Javier Milei, que busca convertir a la minería y a los hidrocarburos en motores centrales de generación de divisas. La Administración libertaria sostiene que el RIGI permite acelerar inversiones de gran escala en sectores estratégicos mediante estabilidad normativa.
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El régimen fue creado dentro de la Ley Bases, aprobada en 2024, y ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos superiores a un monto mínimo de inversión. También otorga estabilidad regulatoria de largo plazo, uno de los puntos más demandados por compañías internacionales.
Para el Ejecutivo, la aprobación de Vicuña funciona como una señal de que el esquema comienza a atraer capitales hacia proyectos intensivos en inversión. Según datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía, el RIGI reúne más de 40 iniciativas presentadas, con predominio de energía y minería.
La discusión, sin embargo, pasa por determinar cuánto peso tuvo el régimen en la decisión empresarial. El proyecto ya integraba yacimientos de alto potencial antes de la llegada de Milei al poder y se inscribe en un contexto internacional de fuerte demanda de cobre por la transición energética.
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Argentina cuenta con una industria minera desarrollada en litio, oro y plata, pero todavía no tiene una producción de cobre comparable con Chile o Perú, dos de los grandes actores globales del sector. Vicuña aparece como uno de los proyectos llamados a modificar esa posición en la próxima década.

El avance del proyecto también se da en medio de debates sobre regulación ambiental, infraestructura y capacidad local para absorber inversiones de gran escala. En San Juan, las compañías destacan la participación de proveedores provinciales y programas de capacitación para comunidades cercanas.

El Gobierno espera que el desarrollo de Vicuña contribuya a diversificar las exportaciones argentinas y reducir la dependencia de sectores tradicionales como el agro. Para que eso ocurra, el proyecto deberá completar estudios, permisos y decisiones finales de inversión antes de iniciar la construcción principal.

El mérito oficialista

"Estas inversiones necesitan un marco regulatorio de largo plazo en un país tan cambiante como Argentina, por lo que no se iban a hacer sin ese marco, especialmente en actividades con horizontes de recuperación de varias décadas como la minería del cobre, incluso con un futuro prometedor", dijo a Sputnik el economista y consultor Paulo Farina.
El experto rechazó además la idea de que el desembolso se hubiera concretado de todos modos. "No es verdad que estos anuncios sean una ficción y que igual se hubiesen hecho", apuntó, y agregó que "no hay país que no incentive a hacer inversiones". A su juicio, la discusión debe centrarse en el alcance de los beneficios otorgados y no en la necesidad de generar condiciones para atraer capitales.
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Farina señaló que Argentina arrastra un déficit histórico de inversión y defendió la utilización de incentivos fiscales para acelerar proyectos estratégicos. "Un país que no invierte y no crece tiene que hacerlo", dijo, y agregó que "si vos querés acelerar la tasa de inversión en ciertos procesos, bajar los impuestos es una herramienta que funciona".
Consultado por este medio, Mariano Novas, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), coincidió en que el sector minero encontró en el régimen una oportunidad para avanzar con iniciativas largamente postergadas, aunque relativizó que el factor decisivo hayan sido únicamente los beneficios económicos. "El sector minero aprovechó el RIGI, pero son proyectos que estaban encaminados desde antes de su puesta en marcha", apuntó.
Según explicó, el régimen operó como un elemento que ayudó a destrabar emprendimientos que enfrentaban otros obstáculos. "Los proyectos de cobre estaban paralizados por cuestiones sociales y ambientales", sostuvo, al tiempo que interpretó que las nuevas reglas funcionaron "como una forma, un mecanismo de presión" para acelerar definiciones pendientes.

El investigador remarcó que el caso de Vicuña debe leerse dentro de una tendencia más amplia: "Tenemos 20 proyectos que son de minería" dentro del régimen, afirmó, y destacó que las iniciativas vinculadas al cobre y al litio "concentran buena parte de las presentaciones registradas hasta el momento".

La contracara de los beneficios

Farina sostuvo que las herramientas de promoción utilizadas por el Gobierno no son una excepción dentro de la competencia global por inversiones. "No hay manera de que los incentivos estén mal", afirmó y recordó que distintos países "aplican mecanismos similares para acelerar desembolsos en sectores considerados estratégicos".
Para el economista, el debate futuro debería concentrarse en las exigencias asociadas a esos beneficios. "Sí podemos discutir qué les pedís a cambio", remarcó, y mencionó alternativas como la "incorporación de proveedores locales o mecanismos que permitan ampliar los efectos económicos de los proyectos sobre las regiones donde se desarrollan".
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En esa línea, consideró poco probable una reversión abrupta de las condiciones otorgadas. "Yo soy relativamente optimista respecto de la continuidad del esquema", apuntó. Además, afirmó que, una vez iniciadas las inversiones, será difícil para futuros gobiernos modificar de manera sustancial las reglas acordadas con las compañías.
Novas, por el contrario, puso el foco en los costos asociados al régimen y cuestionó la magnitud de las concesiones otorgadas. "El costo que tenemos es altísimo como argentinos: existen diferencias significativas entre la carga tributaria que afrontan otros actores económicos y los beneficios que reciben los grandes proyectos", destacó.
El especialista también señaló la falta de información oficial sobre el impacto fiscal de la política. "Nosotros estamos solicitando información pública al Gobierno nacional sobre estos proyectos y cuál es el costo fiscal", denunció.

Aun así, Novas reconoció que el régimen logró consolidar apoyos políticos más amplios de lo esperado. "No veo una alternativa por parte de la oposición para pensar otro régimen de incentivos", afirmó, y observó que gran parte de las provincias vinculadas a la minería respaldan actualmente el esquema impulsado por el Gobierno.

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