La criminalización de la protesta social engendra un nuevo tipo de "presos políticos" en el Reino Unido
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Un estudio reveló que un número cada vez mayor de ciudadanos está siendo encarcelado en Inglaterra y Gales como castigo por protestar por las acciones de Israel en Gaza y la inacción gubernamental para lidiar con el calentamiento global, según afirma 'The Guardian'.
Un reciente informe elaborado por la Universidad Queen Mary de Londres (QMUL) y el colectivo Defend Our Juries revela una alarmante mutación en el sistema judicial de Inglaterra y Gales, según consigna el medio británico: lo que históricamente se resolvía con sanciones menores o amonestaciones, hoy se ha convertido en una maquinaria de encarcelamiento sistemático destinada a sofocar el activismo civil.
Según la investigación, el Reino Unido está utilizando penas de prisión con una severidad y frecuencia sin precedentes para castigar a ciudadanos movilizados contra el calentamiento global y el suministro de armas desde el Gobierno británico para Israel, dando origen a una nueva categoría de presos políticos en pleno siglo XXI.
Según la investigación, el Reino Unido está utilizando penas de prisión con una severidad y frecuencia sin precedentes para castigar a ciudadanos movilizados contra el calentamiento global y el suministro de armas desde el Gobierno británico para Israel, dando origen a una nueva categoría de presos políticos en pleno siglo XXI.
El estudio pone al descubierto la severidad con la que el aparato judicial responde a la desobediencia civil de carácter político. Tras analizar las trayectorias penales de 286 activistas ambientales y pro-Palestina, los investigadores documentaron un acumulado de 136 años de cárcel. Con un promedio de reclusión de 28 semanas por acusado, las estadísticas arrojan luz sobre una realidad punitiva incuestionable: uno de cada tres manifestantes es condenado a pasar más de seis meses tras las rejas, mientras que un 20% sufre penas superiores al año.
De acuerdo con The Guardian, se trata de un giro punitivista drástico que denota una clara intencionalidad de aplicar castigos ejemplarizantes a colectivos cuyas demandas, paradójicamente, suelen alinearse con el sentir de la mayoría de la opinión pública.
De acuerdo con The Guardian, se trata de un giro punitivista drástico que denota una clara intencionalidad de aplicar castigos ejemplarizantes a colectivos cuyas demandas, paradójicamente, suelen alinearse con el sentir de la mayoría de la opinión pública.
La estrategia de desgaste por parte del Estado británico comienza mucho antes de que se dicte una sentencia en firme, explica el reporte, utilizando la prisión preventiva como una sofisticada "primera línea de ataque" destinada a disuadir cualquier atisbo de protesta. El informe denuncia que esta detención previa actúa como un mecanismo anticipado, al punto de que en el 60% de los casos analizados, las condenas finales resultaron ser mucho más benévolas que el tiempo que los activistas ya habían pasado bajo custodia esperando el juicio.
El caso paradigmático de los llamados "Filton 24" —militantes de Palestine Action que protestaban contra una fábrica de armas con destino a Israel localizada en la ciudad de Bristol— ilustra este abuso: permanecieron hasta 18 meses encarcelados preventivamente (triplicando el límite legal estándar) para que luego la mayoría fuera absuelta de los cargos principales.
El caso paradigmático de los llamados "Filton 24" —militantes de Palestine Action que protestaban contra una fábrica de armas con destino a Israel localizada en la ciudad de Bristol— ilustra este abuso: permanecieron hasta 18 meses encarcelados preventivamente (triplicando el límite legal estándar) para que luego la mayoría fuera absuelta de los cargos principales.
Uno de los flancos más críticos y controvertidos expuestos en la investigación es el papel de los desacatos al tribunal, una figura legal que no requiere la deliberación de un jurado y que ya representa el 40% de los ingresos a prisión de manifestantes. El sistema permite que tanto corporaciones privadas como entidades públicas soliciten mandamientos judiciales (injunctions) de carácter civil para proteger sus intereses comerciales.
El quebrantamiento de estas órdenes por parte de los activistas se traduce automáticamente en penas de cárcel efectivas. Esta privatización indirecta del castigo penal implica, en la práctica, otorgar a las empresas transnacionales la facultad de activar el engranaje carcelario del Estado contra los disidentes, como ocurrió con el encarcelamiento de 69 personas tras las protestas de Just Stop Oil en una terminal petrolera.
El quebrantamiento de estas órdenes por parte de los activistas se traduce automáticamente en penas de cárcel efectivas. Esta privatización indirecta del castigo penal implica, en la práctica, otorgar a las empresas transnacionales la facultad de activar el engranaje carcelario del Estado contra los disidentes, como ocurrió con el encarcelamiento de 69 personas tras las protestas de Just Stop Oil en una terminal petrolera.
La arquitectura institucional que sostiene esta ofensiva legal, explica el trabajo, se nutre de una combinación de leyes restrictivas aprobadas por el Parlamento británico, la ampliación de los poderes policiales y directrices judiciales que prohíben a los acusados argumentar sus motivaciones éticas o políticas ante los jurados.
Autores del reporte, como el profesor de justicia climática David Whyte, sostienen que el nivel de ensañamiento judicial responde a una agenda estrictamente política para blindar el statu quo de críticas. Las sentencias excepcionalmente largas y el bloqueo de las defensas legales legítimas evidencian una preocupante devaluación de las garantías democráticas fundamentales en el territorio británico, sentencia el medio.
Autores del reporte, como el profesor de justicia climática David Whyte, sostienen que el nivel de ensañamiento judicial responde a una agenda estrictamente política para blindar el statu quo de críticas. Las sentencias excepcionalmente largas y el bloqueo de las defensas legales legítimas evidencian una preocupante devaluación de las garantías democráticas fundamentales en el territorio británico, sentencia el medio.
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