A EEUU no le interesa la justicia ni las víctimas, sino "ir tras el dinero de los narcos", dice experta
A EEUU no le interesa la justicia ni las víctimas, sino "ir tras el dinero de los narcos", dice experta
Sputnik Mundo
Entre los reclamos de Washington para que México entregue a funcionarios a los que señala de vínculos con el trasiego de estupefacientes, el país... 22.05.2026, Sputnik Mundo
Poco después de que Estados Unidos pidió a México la detención provisional con fines de extradición de 11 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa (noroeste), incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que, en los últimos ocho años, la nación latinoamericana ha presentado 269 solicitudes de extradición a Washington, las mismas que, hasta el momento, han sido eludidas por esa nación.De acuerdo con la mandataria mexicana, estas peticiones están asociadas a delitos graves, incluida presunta delincuencia organizada, corrupción, desaparición forzada y peculado. Sin embargo, "no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes" por parte del país norteamericano.La justicia, lo último que le interesa a EEUUMientras el Gobierno mexicano apela a la reciprocidad en la cooperación en materia de seguridad, a la Administración estadounidense únicamente le importan las multimillonarias fortunas de los narcotraficantes, no así la justicia y mucho menos las víctimas del lado mexicano, de acuerdo con la periodista y escritora Laura Sánchez Ley, cuyo trabajo se ha centrado en transparencia, seguridad, narcotráfico y derechos humanos.Para desarrollar su argumento, Sánchez Ley, autora del libro Aburto. Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo (Grijalbo, 2017), señala que, desde la década de 1990, Washington empezó a "exportar este sistema de falsa justicia" basado en la extradición, la cooperación y los acuerdos económicos con los grandes capos de la droga."Cuando estaba todo el tema de Pablo Escobar en Colombia, [los estadounidenses] empiezan a ofrecer esos acuerdos de cooperación jugosísimos, donde decían [a los narcotraficantes]: 'Si tú me das información que termine con la cabeza de tal persona y llegamos a un entendimiento económico (...), podemos tener alguna clase de concesión contigo, a pesar de que hayas desfilado por las filas de la delincuencia organizada'", relata.Acuerdos multimillonarios con capos de la drogaEstos acuerdos económicos, precisa Sánchez Ley, suelen ser multimillonarios, como es el caso de la sentencia dictada al cofundador del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, al que Washington le decomisó cerca de 12.700 millones de dólares en julio de 2019.Sánchez Ley sostiene que las autoridades estadounidenses ofrecen estos acuerdos económicos a cambio de no dictar cadena perpetua a los capos de la droga. "Con eso los amenazan, porque recordemos que, cuando van extraditados, no pueden ser sentenciados a pena de muerte", indica.De esa manera, ahonda, Washington logra extraer información y quedarse con miles de millones de dólares "que van directo a las arcas del Departamento del Tesoro".¿A EEUU le importa la ciudadanía?"Lo único que les interesa es eso, porque a Estados Unidos no le interesan sus ciudadanos. Si lo hicieran, habría una campaña frontal de prevención contra las adicciones o incluso contra sus propias farmacéuticas", remarca Sánchez Ley.Además, la periodista refiere que los acuerdos de cooperación implican un compromiso a futuro, lo que quiere decir que EEUU "los va a seguir utilizando y utilizando, así pasen 20 años, para presentar nuevos juicios donde seguirán sacándole más dinero a estos narcotraficantes". Solicitudes mexicanas: una cifra baja El canciller mexicano, Roberto Velasco, detalló que, de las 269 peticiones de extradición enviadas a EEUU, 36 han sido rechazadas, 233 permanecen pendientes y, en 47 casos, Washington solicitó información adicional a las autoridades mexicanas como parte del debido proceso.Al respecto, Sánchez Ley considera que el número de solicitudes presentadas por México es una cifra realmente baja y recordó que, tan solo en el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), cuando la cooperación en la materia era muy marcada, la nación latinoamericana extraditó a EEUU unas 500 personas.Así, agrega, cuando se contrastan los extraditados que solicita Washington frente a los que pide México, lo normal sería que haya casos aprobados de ambos lados, pues "finalmente, es un tratado de extradición binacional y pareciera, a lo largo de los últimos años, que solamente ha servido a los intereses de Estados Unidos"."Se supone que el tratado de extradición sirve para algo y, en este caso, tendría que servir para que haya un esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia en ambos países", subraya Sánchez Ley.No hay una búsqueda de la verdadNo obstante, continúa la periodista, esta premisa no se cumple, tal como evidencia la negativa de Estados Unidos a entregar a Pablo Vega Cueva, alias el Transformer, a quien el país norteamericano capturó en Illinois en diciembre de 2014 y, tras llegar a un acuerdo de cooperación durante un juicio por cargos relacionados con el tráfico de cocaína y heroína, lo convirtió en testigo colaborador y lo dejó en libertad condicional."Él era cabecilla de una organización que se llamaba Guerreros Unidos, que estuvo ligada y que tenía presencia criminal en Guerrero cuando sucedió la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa", recuerda la experta."De todos los casos que se están manejando, el de Pablo Vega a mí me parece el más importante de todos, porque si bien otros tocan temas como corrupción, este está tocando una herida que es dolorosísima para los mexicanos, que es el caso Ayotzinapa, donde los padres de los jóvenes se están muriendo sin haber llegado al esclarecimiento de los hechos y de la desaparición de sus hijos", remarca la experta.Se tiene que revisar el tratado de extradiciónPor todo lo anterior, Sánchez Ley argumenta que el tratado de extradición, vigente desde la década de 1980, tiene que revisarse, puesto que no es equitativo.En opinión de la periodista, una forma podría ser similar a la modificación que, en 2020, se realizó a la Ley de Seguridad Interior, cuando se añadieron regulaciones estrictas a las actividades de agentes extranjeros en el país."Fue una medida superinnovadora, estas modificaciones a la Ley de Seguridad Interior y en muchísimas ocasiones he dicho que los tratados de extradición tienen que volver a revisarse", finaliza.
💬 opinión y análisis, claudia sheinbaum, rubén rocha moya, méxico, washington, eeuu, gobierno de méxico, gobierno de estados unidos, departamento de estado (eeuu), seguridad, política
💬 opinión y análisis, claudia sheinbaum, rubén rocha moya, méxico, washington, eeuu, gobierno de méxico, gobierno de estados unidos, departamento de estado (eeuu), seguridad, política
A EEUU no le interesa la justicia ni las víctimas, sino "ir tras el dinero de los narcos", dice experta
Entre los reclamos de Washington para que México entregue a funcionarios a los que señala de vínculos con el trasiego de estupefacientes, el país latinoamericano apela a la reciprocidad. En charla para Sputnik, la periodista Laura Sánchez Ley comenta que este hecho revela que el tratado de extradición bilateral no es equitativo y debe revisarse.
Poco después de que Estados Unidos pidió a México la detención provisional con fines de extradición de 11 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa (noroeste), incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que, en los últimos ocho años, la nación latinoamericana ha presentado 269 solicitudes de extradición a Washington, las mismas que, hasta el momento, han sido eludidas por esa nación.
De acuerdo con la mandataria mexicana, estas peticiones están asociadas a delitos graves, incluida presunta delincuencia organizada, corrupción, desaparición forzada y peculado. Sin embargo, "no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes" por parte del país norteamericano.
"Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada, [personas relacionadas con el caso] Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes?", cuestionó.
Mientras el Gobierno mexicano apela a la reciprocidad en la cooperación en materia de seguridad, a la Administración estadounidense únicamente le importan las multimillonarias fortunas de los narcotraficantes, no así la justicia y mucho menos las víctimas del lado mexicano, de acuerdo con la periodista y escritora Laura Sánchez Ley, cuyo trabajo se ha centrado en transparencia, seguridad, narcotráfico y derechos humanos.
"En Estados Unidos no les interesa la búsqueda de justicia; eso es una mentira. Históricamente, los acuerdos de cooperación, sobre todo en Latinoamérica, tuvieron objetivos muy claros y siempre fue ir tras el dinero de los narcotraficantes", dice.
Para desarrollar su argumento, Sánchez Ley, autora del libro Aburto. Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo (Grijalbo, 2017), señala que, desde la década de 1990, Washington empezó a "exportar este sistema de falsa justicia" basado en la extradición, la cooperación y los acuerdos económicos con los grandes capos de la droga.
"Cuando estaba todo el tema de Pablo Escobar en Colombia, [los estadounidenses] empiezan a ofrecer esos acuerdos de cooperación jugosísimos, donde decían [a los narcotraficantes]: 'Si tú me das información que termine con la cabeza de tal persona y llegamos a un entendimiento económico (...), podemos tener alguna clase de concesión contigo, a pesar de que hayas desfilado por las filas de la delincuencia organizada'", relata.
Estos acuerdos económicos, precisa Sánchez Ley, suelen ser multimillonarios, como es el caso de la sentencia dictada al cofundador del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, al que Washington le decomisó cerca de 12.700 millones de dólares en julio de 2019.
Casos similares, añade la periodista, son el de Vicente Zambada, hijo de Ismael Mayo Zambada, también fundador del grupo delictivo sinaloense, con quien el Gobierno de EEUU acordó la incautación de 1.373 millones de dólares, y el de los Arellano Félix, a quienes el país norteamericano confiscó 210 millones de dólares.
Sánchez Ley sostiene que las autoridades estadounidenses ofrecen estos acuerdos económicos a cambio de no dictar cadena perpetua a los capos de la droga. "Con eso los amenazan, porque recordemos que, cuando van extraditados, no pueden ser sentenciados a pena de muerte", indica.
De esa manera, ahonda, Washington logra extraer información y quedarse con miles de millones de dólares "que van directo a las arcas del Departamento del Tesoro".
Y si bien el mecanismo de dicha cartera estipula que lo decomisado debe destinarse a campañas de prevención contra las adicciones y a la reparación del daño a las víctimas, una buena parte "va directo a las arcas del Departamento de Estado, a las áreas de guerra, para seguir con las invasiones y bombardeos en otros países".
"Lo único que les interesa es eso, porque a Estados Unidos no le interesan sus ciudadanos. Si lo hicieran, habría una campaña frontal de prevención contra las adicciones o incluso contra sus propias farmacéuticas", remarca Sánchez Ley.
"Realmente no hay una búsqueda de justicia y mucho menos —y esto es lo más importante— hay vocación en el sistema de justicia estadounidense por resarcir daños a las víctimas, mismas que no se tocan ni se mencionan en estos juicios", agrega.
Además, la periodista refiere que los acuerdos de cooperación implican un compromiso a futuro, lo que quiere decir que EEUU "los va a seguir utilizando y utilizando, así pasen 20 años, para presentar nuevos juicios donde seguirán sacándole más dinero a estos narcotraficantes".
El canciller mexicano, Roberto Velasco, detalló que, de las 269 peticiones de extradición enviadas a EEUU, 36 han sido rechazadas, 233 permanecen pendientes y, en 47 casos, Washington solicitó información adicional a las autoridades mexicanas como parte del debido proceso.
"Es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado [de extradición]", indicó el encargado de la diplomacia mexicana.
Al respecto, Sánchez Ley considera que el número de solicitudes presentadas por México es una cifra realmente baja y recordó que, tan solo en el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), cuando la cooperación en la materia era muy marcada, la nación latinoamericana extraditó a EEUU unas 500 personas.
Así, agrega, cuando se contrastan los extraditados que solicita Washington frente a los que pide México, lo normal sería que haya casos aprobados de ambos lados, pues "finalmente, es un tratado de extradición binacional y pareciera, a lo largo de los últimos años, que solamente ha servido a los intereses de Estados Unidos".
"Se supone que el tratado de extradición sirve para algo y, en este caso, tendría que servir para que haya un esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia en ambos países", subraya Sánchez Ley.
No obstante, continúa la periodista, esta premisa no se cumple, tal como evidencia la negativa de Estados Unidos a entregar a Pablo Vega Cueva, alias el Transformer, a quien el país norteamericano capturó en Illinois en diciembre de 2014 y, tras llegar a un acuerdo de cooperación durante un juicio por cargos relacionados con el tráfico de cocaína y heroína, lo convirtió en testigo colaborador y lo dejó en libertad condicional.
"Él era cabecilla de una organización que se llamaba Guerreros Unidos, que estuvo ligada y que tenía presencia criminal en Guerrero cuando sucedió la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa", recuerda la experta.
Y cuestionó: "¿Por qué se necesita en México al Transformer? Porque recordemos que, en Estados Unidos, muchos de esos extraditados solo son juzgados por cargos relacionados con drogas. No hay búsqueda de justicia ni de esclarecimiento en el tema de las víctimas, porque a Estados Unidos no le interesa la lucha por las víctimas mexicanas".
"De todos los casos que se están manejando, el de Pablo Vega a mí me parece el más importante de todos, porque si bien otros tocan temas como corrupción, este está tocando una herida que es dolorosísima para los mexicanos, que es el caso Ayotzinapa, donde los padres de los jóvenes se están muriendo sin haber llegado al esclarecimiento de los hechos y de la desaparición de sus hijos", remarca la experta.
Por todo lo anterior, Sánchez Ley argumenta que el tratado de extradición, vigente desde la década de 1980, tiene que revisarse, puesto que no es equitativo.
En opinión de la periodista, una forma podría ser similar a la modificación que, en 2020, se realizó a la Ley de Seguridad Interior, cuando se añadieron regulaciones estrictas a las actividades de agentes extranjeros en el país.
"Fue una medida superinnovadora, estas modificaciones a la Ley de Seguridad Interior y en muchísimas ocasiones he dicho que los tratados de extradición tienen que volver a revisarse", finaliza.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
El acceso al chat ha sido bloqueado por violación de las reglas.
Usted puede volver a participar dentro de∞.
Si no está de acuerdo con el bloqueo, utilice el formulario de contacto>
La discusión ha sido cerrada. Se puede participar en una discusión durante 24 horas después de la publicación de la noticia.
