La economía argentina no se reactivará "simplemente prometiendo beneficios fiscales", advierte experto
03:51 GMT 16.05.2026 (actualizado: 04:40 GMT 16.05.2026)
© AP Photo / Rodrigo Abd
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El Gobierno argentino enviará al Congreso un proyecto para atraer inversiones en tecnología a cambio de profundos beneficios fiscales, en sintonía con lo instrumentado para el desarrollo de la energía y la minería. "El saldo para la industria es negativo", dijo a Sputnik un experto.
El Gobierno argentino anunció que enviará al Congreso un proyecto de régimen de incentivos con mayores beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros que el esquema vigente, con el objetivo de acelerar inversiones, exportaciones y divisas. La iniciativa busca ampliar a nuevos sectores la estrategia con la que la Casa Rosada intenta revertir la delicada situación económica.
El proyecto, presentado oficialmente como el "súper RIGI", toma como base el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024, que ya concentró desembolsos en energía y minería. Según datos oficiales, el esquema vigente acumula proyectos aprobados y en evaluación por casi 95.000 millones de dólares, aunque la mayor parte todavía espera la autorización definitiva.
El nuevo régimen apunta a industrias que, de acuerdo a la Casa Rosada, hoy no existen o tienen escaso desarrollo en Argentina. Entre los sectores mencionados por el ministro de Economía, Luis Caputo, figuran baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, cadena de valor del uranio, fertilizantes, pesca, forestación y agroindustria nacional.
El funcionario sostuvo que el objetivo es industrializar recursos naturales y captar eslabones de mayor valor agregado vinculados a la transición energética. Además, afirmó que el país podría atraer entre 20.000 y 30.000 millones de dólares adicionales y competir con países que llevan décadas de ventaja institucional, tributaria y productiva global.
La principal diferencia con el RIGI vigente será la reducción del impuesto a las ganancias al 15%, frente al 25% del régimen actual. El proyecto también prevé una amortización acelerada, exenciones amplias a la importación de bienes e insumos productivos, arancel cero a las exportaciones y mayor previsibilidad para grandes proyectos de largo plazo privados.
El texto también busca limitar la carga tributaria subnacional. Las provincias que se adhieran no podrán aplicar gravámenes como el de Ingresos Brutos por encima del 0,5% sobre las actividades incluidas, mientras que los municipios no podrán cobrar tasas calculadas sobre ventas.
La apuesta oficial se apoya en una necesidad macroeconómica urgente: generar dólares genuinos para acumular las reservas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional en el último acuerdo firmado en 2025 por 20.000 millones de dólares. Pero, además, el Ejecutivo busca atraer divisas para motorizar un mercado interno marcado por una profunda caída tanto en el consumo como en el empleo y la producción en general.
El anuncio se produjo después de que la firma Chevron anticipara una inversión de más de 10.000 millones de dólares en Vaca Muerta bajo el régimen vigente. Para la Casa Rosada, ese caso validó el modelo de incentivos. Ahora, el desafío es trasladar esa lógica desde energía y minería hacia industrias capaces de crear empleo y exportaciones industriales nuevas.
La propuesta también abre interrogantes. Los críticos advierten que beneficios fiscales tan amplios pueden reducir la recaudación inicial y facilitar la remisión de divisas al exterior. Además, señalan que los sectores exportadores más dinámicos no siempre son los que generan más empleo registrado privado local. El Gobierno, en cambio, sostiene que el costo fiscal inicial será compensado por nuevas inversiones y mayor recaudación futura. El proyecto deberá ser tratado por el Congreso.
Ganadores y perdedores
"Hay tres o cuatro sectores de la economía que son los que van a ganar y que van a modelar el rumbo de la actividad productiva", dijo a Sputnik el economista Martín Pollera. Según el experto, la minería, la energía, parte de la actividad agroindustrial e incluso parte de la intermediación financiera "aparecen como los principales beneficiados del modelo oficial".
El consultor advirtió que "el problema es que del otro lado de la cuenta tenés sectores como la industria, el comercio y la construcción, que vienen perdiendo fuerte, y esto solo va a profundizarse". El investigador sostuvo que el impacto también tiene una dimensión territorial porque "son pocas las localidades que se ven beneficiadas", mientras que "las principales ciudades industriales fueron las grandes derrotadas".
"Hay que sacarse ese sueño húmedo de pensar que vos le das condiciones favorables para que inviertan y es condición suficiente para que lo hagan", señaló el especialista sobre el Súper RIGI. Para Pollera, "eso de ninguna manera va a moldear la economía que el propio Javier Milei quiere, en un contexto de economía totalmente paralizada que requiere una reactivación que no se puede alcanzar simplemente prometiendo beneficios fiscales".
Consultada por Sputnik, Luciana Ghiotto, doctora en Ciencias Sociales e investigadora, apuntó que "este proyecto amplía a otros sectores lo que el RIGI original había propuesto". Según explicó, la iniciativa apunta a "incentivar la llegada de inversiones a través de fuertes beneficios fiscales, cambiarios y hasta aduaneros, en línea con el esquema ya aplicado para minería y energía. Hay un esfuerzo por atraer dólares".
"Si bien todavía no tenemos precisiones del contenido de la iniciativa, está claro que apuntaría más al complejo militar-tecnológico", señaló Ghiotto. La especialista sostuvo que "el RIGI original fomentaba inversiones en recursos naturales" y que ahora "veríamos otra aplicación de esa misma propuesta" hacia nuevos sectores.
Una advertencia creciente
Para los especialistas consultados, el denominador común de ambos proyectos —el RIGI original y el "súper RIGI" anunciado— consiste en un incipiente proceso de caída de la industria en manos de los sectores primarios. "Esto va a derivar en una profunda reprimarización de la economía argentina", advirtió Ghiotto. Según explicó, los sectores promovidos por el oficialismo "no generan muchos puestos de trabajo ni agregan valor en términos considerables", por lo que cuestionó la capacidad del esquema para "desarrollar la estructura productiva nacional".
A su turno, Pollera agregó que en el sector manufacturero "se perdieron más de 104.000 puestos de trabajo, mientras que los sectores beneficiados por este tipo de esquemas generaron menos del 15% de los puestos de trabajo que solo perdió el resto de la economía", por lo que "para la industria el saldo neto es completamente negativo".
Pollera coincidió en que el modelo oficial privilegia actividades con bajo impacto sobre el empleo. "Los sectores en los que el Gobierno está apostando y apostó tienen que ver con hidrocarburos, minería y energía", afirmó. Sin embargo, remarcó que "hoy hay 24.000 empresas menos que al inicio de la gestión, y eso no se revierte con un RIGI ni con ningún proyecto de exenciones impositivas".
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