Uruguay apuesta por "cárceles de máxima seguridad": ¿qué tan cerca está del "modelo Bukele"?
Uruguay apuesta por "cárceles de máxima seguridad": ¿qué tan cerca está del "modelo Bukele"?
Sputnik Mundo
El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, anunció la construcción de cárceles de "máxima seguridad". Consultados por Sputnik, una diputada oficialista y un experto... 04.03.2026, Sputnik Mundo
Durante un discurso pronunciado ante el Parlamento de su país al cumplirse un año de su gestión, Orsi anunció la próxima construcción de dos "cárceles de máxima seguridad", en el marco de los esfuerzos para combatir los problemas de criminalidad en el país sudamericano."Este año iniciaremos la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, con estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública", enunció el mandatario ante legisladores oficialistas y de la oposición.En el mismo discurso, confirmó el envío de un proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, entre otras funciones, absorba la gestión de las cárceles uruguayas, actualmente en la órbita del Ministerio del Interior y su Instituto Nacional de Rehabilitación.A pesar de que el Gobierno uruguayo no brindó demasiados detalles de los nuevos centros, el anuncio apunta a dar respuesta a los problemas de seguridad del país sudamericano, que si bien ha experimentado una leve baja en la cantidad de homicidios, sigue teniendo a las muertes intencionales y la incidencia del crimen organizado como uno de los problemas que más preocupa a los uruguayos.Por el momento, de los pocos elementos sobre la iniciativa que fueron deslizados por fuentes del Gobierno uruguayo al noticiero televisivo Telenoche: se trataría de dos centros para 50 internos cada uno, ubicados en algún lugar del interior del país y que se construirían a través de un sistema de participación público-privada.Un antecedente de este proyecto puede encontrarse en el partido opositor Cabildo Abierto, que en 2025 había presentado al Gobierno, dentro de un ámbito multipartidario sobre seguridad pública, una propuesta para la creación de al menos dos cárceles de este tipo. Esta iniciativa ya adelantaba que estos penales deberían instalarse "aislados y situados estratégicamente en el centro del territorio nacional" y con el objetivo de "segregar a los altamente peligrosos traficantes y asesinos".Un nuevo tipo de delincuentesEn diálogo con Sputnik, la diputada del oficialista Frente Amplio Graciela Barrera admitió que, por el momento, incluso la bancada oficialista tiene poca información sobre este proyecto. De todas maneras, remarcó que puede tratarse de una solución para atender a un perfil criminal al que tradicionalmente registraba Uruguay.La legisladora enfatizó la necesidad de contar con regímenes que brinden al sistema "la seguridad de que esas personas no hagan daño afuera, que muchas veces es lo que sucede".De todas maneras, Barrera defendió la necesidad de que, aunque se trate de privados de libertad problemáticos, cuenten con "condiciones dignas" de encarcelamiento y se garanticen "sus derechos humanos". Asimismo, sostuvo que este tipo de acciones deberían ir acompañadas por otras, que habiliten "medidas alternativas" a la prisión para atender, al mismo tiempo, un sistema carcelario uruguayo que, al día de hoy, se encuentra saturado.El penal más grande del país, la unidad de Santiago Vázquez ubicada en las afueras de Montevideo, supera por sí solo los 5.000 internos.De San Salvador a MontevideoLa opción de nuevas cárceles de máxima seguridad remite, de alguna manera, al modelo aplicado en El Salvador por el presidente de ese país, Nayib Bukele, que basó gran parte de su esquema de seguridad en la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una "megacárcel" de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos en condiciones de estricto aislamiento.Para el experto en seguridad y excomisario de la Policía uruguaya Robert Parrado, el modelo utilizado por Nayib Bukele en El Salvador aparece como una referencia, como también algunas experiencias que pueden verse en EEUU. De todos modos, consideró que Uruguay debería hacer un esfuerzo para adaptarse a las lógicas de este tipo de centros.Para Parrado, si bien intentar emular la experiencia salvadoreña podría contar con el apoyo popular de los uruguayos, el país sudamericano podría tener problemas en el caso de que quiera aplicar una fórmula similar. "El Salvador tenía una realidad muy distinta a la que puede tener Uruguay", afirmó, en relación al perfil de los criminales enviados mayormente al CECOT.Asimismo, el experto consideró que no se dan en Uruguay las condiciones políticas para aplicar un "estado de excepción" como el que le permitió al Gobierno de Bukele aplicar una ofensiva rápida contra el crimen. En efecto, el país centroamericano tiene entre sus motivos de orgullo haber disminuido los homicidios de manera récord: de los 496 registrados en 2022, se pasó a solo 82 en 2025.La baja lograda por El Salvador se nota todavía más entre los homicidios que, de acuerdo a las cifras de su Ministerio de Justicia, están relacionados estrictamente con la delincuencia: mientras en 2022 fueron 429 del total de 496, en 2025 solo representaron ocho de los 82.Uruguay, por su parte, cerró el 2025 con 369 homicidios. Si bien la cifra representa una baja del 3,4% con respecto a 2024, el país sigue teniendo una tasa de homicidios de 10,3 cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica la de países de la región como Argentina o Chile.En noviembre de 2025, y al ser consultado sobre políticas en materia de seguridad, el presidente uruguayo Orsi colocó al presidente salvadoreño como "un modelo a analizar". "Yo creo que el ejemplo es Bukele; es el ejemplo de un proceso", comentó durante un conversatorio organizado por el semanario uruguayo Búsqueda, en el que reconoció que mantuvo conversaciones con allegados al jefe de Estado centroamericano durante la asunción del presidente boliviano Rodrigo Paz.Parrado consideró que, en el análisis que deberá hacer el Gobierno uruguayo, está cómo adaptar a la realidad local algunos factores que se han vuelto característicos de modelos de máxima seguridad como el que ha seguido la gestión de Bukele."Habrá que medir cosas pequeñas que comienzan a ser clave, como si los reclusos tendrán régimen de visitas, si van a estar excluidos, si se coloca un policía por celda o si, como hacen en El Salvador, colocarán a varias personas, pero con un policía enfrente", enumeró el especialista.
El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, anunció la construcción de cárceles de "máxima seguridad". Consultados por Sputnik, una diputada oficialista y un experto en seguridad valoraron la necesidad de atender a un perfil criminal novedoso en el país y lo compararon con el modelo de El Salvador.
"Este año iniciaremos la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, con estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública", enunció el mandatario ante legisladores oficialistas y de la oposición.
En el mismo discurso, confirmó el envío de un proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, entre otras funciones, absorba la gestión de las cárceles uruguayas, actualmente en la órbita del Ministerio del Interior y su Instituto Nacional de Rehabilitación.
A pesar de que el Gobierno uruguayo no brindó demasiados detalles de los nuevos centros, el anuncio apunta a dar respuesta a los problemas de seguridad del país sudamericano, que si bien ha experimentado una leve baja en la cantidad de homicidios, sigue teniendo a las muertes intencionales y la incidencia del crimen organizado como uno de los problemas que más preocupa a los uruguayos.
Por el momento, de los pocos elementos sobre la iniciativa que fueron deslizados por fuentes del Gobierno uruguayo al noticiero televisivo Telenoche: se trataría de dos centros para 50 internos cada uno, ubicados en algún lugar del interior del país y que se construirían a través de un sistema de participación público-privada.
Un antecedente de este proyecto puede encontrarse en el partido opositor Cabildo Abierto, que en 2025 había presentado al Gobierno, dentro de un ámbito multipartidario sobre seguridad pública, una propuesta para la creación de al menos dos cárceles de este tipo.
Esta iniciativa ya adelantaba que estos penales deberían instalarse "aislados y situados estratégicamente en el centro del territorio nacional" y con el objetivo de "segregar a los altamente peligrosos traficantes y asesinos".
Un nuevo tipo de delincuentes
En diálogo con Sputnik, la diputada del oficialista Frente Amplio Graciela Barrera admitió que, por el momento, incluso la bancada oficialista tiene poca información sobre este proyecto. De todas maneras, remarcó que puede tratarse de una solución para atender a un perfil criminal al que tradicionalmente registraba Uruguay.
"Tenemos que partir de la base de que cada vez tenemos más personas privadas de libertad, con características diferentes a las que estamos acostumbrados. Debemos tener lugares en condiciones para estas personas muy problemáticas", afirmó.
La legisladora enfatizó la necesidad de contar con regímenes que brinden al sistema "la seguridad de que esas personas no hagan daño afuera, que muchas veces es lo que sucede".
De todas maneras, Barrera defendió la necesidad de que, aunque se trate de privados de libertad problemáticos, cuenten con "condiciones dignas" de encarcelamiento y se garanticen "sus derechos humanos". Asimismo, sostuvo que este tipo de acciones deberían ir acompañadas por otras, que habiliten "medidas alternativas" a la prisión para atender, al mismo tiempo, un sistema carcelario uruguayo que, al día de hoy, se encuentra saturado.
En efecto, la nación de poco más de 3,5 millones de habitantes cuenta, de acuerdo con datos oficiales, con más de 16.000 personas privadas de libertad y una tasa de prisionización de 470 personas cada 100.000 habitantes, entre las mayores de América Latina.
El penal más grande del país, la unidad de Santiago Vázquez ubicada en las afueras de Montevideo, supera por sí solo los 5.000 internos.
La opción de nuevas cárceles de máxima seguridad remite, de alguna manera, al modelo aplicado en El Salvador por el presidente de ese país, Nayib Bukele, que basó gran parte de su esquema de seguridad en la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una "megacárcel" de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos en condiciones de estricto aislamiento.
Para el experto en seguridad y excomisario de la Policía uruguaya Robert Parrado, el modelo utilizado por Nayib Bukele en El Salvador aparece como una referencia, como también algunas experiencias que pueden verse en EEUU. De todos modos, consideró que Uruguay debería hacer un esfuerzo para adaptarse a las lógicas de este tipo de centros.
"Centros de este tipo implican una gran erogación para el Gobierno, tanto en la construcción como en el personal, ya que tiene que haber un recluso por celda y mayor volumen de personal con capacitación diferencial. También un cambio en la perfilación criminal, para definir quiénes van a ir ahí", explicó.
Para Parrado, si bien intentar emular la experiencia salvadoreña podría contar con el apoyo popular de los uruguayos, el país sudamericano podría tener problemas en el caso de que quiera aplicar una fórmula similar. "El Salvador tenía una realidad muy distinta a la que puede tener Uruguay", afirmó, en relación al perfil de los criminales enviados mayormente al CECOT.
Asimismo, el experto consideró que no se dan en Uruguay las condiciones políticas para aplicar un "estado de excepción" como el que le permitió al Gobierno de Bukele aplicar una ofensiva rápida contra el crimen. En efecto, el país centroamericano tiene entre sus motivos de orgullo haber disminuido los homicidios de manera récord: de los 496 registrados en 2022, se pasó a solo 82 en 2025.
La baja lograda por El Salvador se nota todavía más entre los homicidios que, de acuerdo a las cifras de su Ministerio de Justicia, están relacionados estrictamente con la delincuencia: mientras en 2022 fueron 429 del total de 496, en 2025 solo representaron ocho de los 82.
Uruguay, por su parte, cerró el 2025 con 369 homicidios. Si bien la cifra representa una baja del 3,4% con respecto a 2024, el país sigue teniendo una tasa de homicidios de 10,3 cada 100.000 habitantes, una cifra que triplica la de países de la región como Argentina o Chile.
En noviembre de 2025, y al ser consultado sobre políticas en materia de seguridad, el presidente uruguayo Orsi colocó al presidente salvadoreño como "un modelo a analizar".
"Yo creo que el ejemplo es Bukele; es el ejemplo de un proceso", comentó durante un conversatorio organizado por el semanario uruguayo Búsqueda, en el que reconoció que mantuvo conversaciones con allegados al jefe de Estado centroamericano durante la asunción del presidente boliviano Rodrigo Paz.
Parrado consideró que, en el análisis que deberá hacer el Gobierno uruguayo, está cómo adaptar a la realidad local algunos factores que se han vuelto característicos de modelos de máxima seguridad como el que ha seguido la gestión de Bukele.
"Habrá que medir cosas pequeñas que comienzan a ser clave, como si los reclusos tendrán régimen de visitas, si van a estar excluidos, si se coloca un policía por celda o si, como hacen en El Salvador, colocarán a varias personas, pero con un policía enfrente", enumeró el especialista.
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