"Mucho ruido institucional": Milei designa por decreto a dos miembros de la Corte
02:40 GMT 27.02.2025 (actualizado: 06:42 GMT 27.02.2025)
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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El presidente argentino Javier Milei nombró a sus candidatos en el máximo tribunal después de un año de negociaciones fallidas con la oposición en el Senado, donde se halla en franca minoría. "El decreto muestra la limitación de Milei para destrabar políticamente sus iniciativas en el Congreso", dijo a Sputnik un analista.
Milei volvió a hacer uso de la "lapicera presidencial". En un nuevo movimiento que omite al Congreso, el presidente argentino nombró por decreto a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Los supremos designados "en comisión" estarán en funciones hasta 2026 a la espera del aval del Senado.
Tras 11 meses de negociaciones inconducentes con la oposición, el Ejecutivo decidió apelar a un recurso extraordinario contemplado por la Constitución nacional. La carta magna indica que el presidente puede ocupar cargos vacantes que requieran la aprobación del Senado —como los jueces del máximo tribunal— cuando el Congreso está en receso.
Sin embargo, la normativa presupone una causa de fuerza mayor: en este caso, tal condición es cuanto menos cuestionable. La Casa Rosada pateó el tablero mirando al calendario de reojo: el 1.º de marzo el Parlamento retomará las actividades, por lo que vencería la "ventana de oportunidad" para saltear los mecanismos institucionales para la designación de magistrados.
De este modo, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla ocuparán sus cargos "en comisión" hasta el inicio del siguiente período legislativo, en marzo de 2026. Si durante ese plazo el Senado insiste en rechazar sus nominaciones, el Gobierno aún podrá disponer de un nuevo decreto.
En la historia argentina, el único intento de un presidente de nombrar miembros de la Corte saltándose al Senado data de 2016, apenas asumió el poder Mauricio Macri (2015-2019). La decisión suscitó un rechazo tal que el propio mandatario terminó cediendo ante las presiones públicas y enviando los pliegos al Congreso, tal como prevé la Constitución.
26 de febrero, 21:43 GMT
Durante todo el 2024, el Ejecutivo allanó el camino que culminó en la designación por decreto. El argumento esgrimido por La Libertad Avanza radica en que la Corte —formalmente de cinco miembros— quedó funcionando con apenas tres integrantes desde diciembre, tras el retiro de dos magistrados. Según un comunicado de la Oficina del Presidente, el decreto "tiene el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros".
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025
De acuerdo al escrito que difundió el Ejecutivo, la Cámara Alta "debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente con base en preferencias personales o políticas de los senadores".
La resistencia de la oposición a aprobar los pliegos de los candidatos revisten razones dispares. Por un lado, Ariel Lijo acumula más de una treintena de denuncias por mal desempeño como juez federal, cargo que ocupa desde hace dos décadas. Simultáneamente, ha sido denunciado por delitos que incluyen soborno, asociación ilícita y lavado de activos. Uno de sus principales señalamientos remite a su prestancia para demorar el trámite de expedientes en función de los implicados: de las 89 causas ligadas a corrupción que están bajo su órbita, apenas elevó a juicio oral 14.
García Mansilla, en cambio, es un reconocido abogado de perfil académico e ideológicamente afín a la "batalla cultural" profesada por Milei. Sin embargo, el flamante cortesano cuenta con un archivo reciente que lo condena. Meses atrás, cuando fue citado al Senado para defender su candidatura, se refirió al decreto firmado por Macri en 2016 para designar jueces por decreto: ahí aseguró que "no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que (...) resiste ese tipo de decisiones".
📽️El día que Manuel García-Mansilla dijo en el Senado que “no hubiera aceptado ser nombrado por decreto” pic.twitter.com/LzOIsYLULj
— elDiarioAR (@elDiarioAR) February 26, 2025
El costo institucional
"El decreto genera mucho ruido institucional", dijo a Sputnik el analista político Pablo Cano. Según el experto, la decisión de apelar a un recurso tan inusual "muestra la limitación de Milei para destrabar políticamente sus iniciativas en el Congreso".
Sin embargo, el balance para el Ejecutivo no es necesariamente favorable. Para el consultor, "no está claro cuánto le sirve al Gobierno copar la Corte de esta manera: la polémica es muy fuerte, y probablemente esta salida sea solo coyuntural, porque el sistema va a intentar trabar la designación de los jueces"
"La sociedad no reclama institucionalidad, pero eso no habilita al Gobierno a sobredimensionar el fastidio de la gente con la democracia. Cree que alcanza con controlar la inflación, pero la institucionalidad también tiene un peso relevante", remarcó.
Salir del laberinto por arriba
De acuerdo a Cano, la decisión de apelar a una medida considerablemente anómala responde a razones que exceden el plano de la Justicia: de fondo aún resuenan los ecos del escándalo ligado a la criptomoneda $LIBRA difundida por el presidente, la cual terminó en una estafa por más de 280 millones de dólares.
"El caso de la criptomoneda fue una crisis que complicó las negociaciones políticas. El decreto es una forma de cambiar de tema en la agenda pública", apuntó el consultor.
La institucionalidad repercute en la economía. Para el politólogo, la verdadera amenaza que supone la firma de las designaciones irregulares responde a los capitales foráneos: "esto puede golpear la fortaleza del Gobierno, que es el plano financiero. Acá se pone en juego la seguridad jurídica de las inversiones externas", afirmó.
"Con esta decisión, la estabilidad dependerá de que Milei sea reelecto: si el nombramiento de jueces está a tiro de decreto, para un potencial inversor un cambio de Gobierno puede significar riesgos en el mantenimiento de las reglas de juego", destacó Cano.
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