"Va a impactar directamente en el consumo de las familias": Milei intensifica el retiro de subsidios
"Va a impactar directamente en el consumo de las familias": Milei intensifica el retiro de subsidios
Sputnik Mundo
El Ejecutivo argentino oficializó el retiro de bonificaciones al consumo energético con el objetivo de robustecer el superávit fiscal alcanzado al calor del... 01.02.2025, Sputnik Mundo
El tarifazo no se toma vacaciones. Después de un primer año de gestión atravesada por el aumento en las boletas de servicios energéticos, el Gobierno de Javier Milei anunció que profundizará la quita de subsidios para millones de hogares con ingresos medios y bajos.La medida afectará a 9,5 millones de hogares. En el caso de aquellos consumidores de ingresos bajos, la bonificación caerá del 72% al 65% para la electricidad. Para los de ingresos medios, el subsidio bajará del 56% al 50%. Estos descuentos aplican solo al consumo "base", equivalente a 350 kilovatios/hora: a partir de ese valor, los usuarios afrontarán el valor total de la energía.La disposición no hace más que profundizar el rumbo asumido por el Gobierno que apenas asumió. Según un informe de la Universidad de Buenos Aires, entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024, la canasta de servicios —que contempla la energía eléctrica, el gas, el agua y el transporte— se disparó un 402%: el aumento fue ampliamente superior al 173% de inflación acumulada en el período.La reducción en los subsidios —que se desplomaron un 31,5% en términos reales— fue uno de los componentes centrales para alcanzar el tan mentado superávit fiscal por primera vez en 15 años. La quita de dichas bonificaciones representó el 12,4% del ahorro estatal, ejecutado al calor del mayor ajuste del gasto público que atravesó el país en 31 años.De hecho, en el proyecto de Presupuesto 2025 enviado al Congreso nacional, el Ejecutivo preveía un recorte en subsidios de más de 3.000 millones de dólares para el año en curso, similar al dispuesto durante el 2024. La iniciativa avanzó de cara al insoslayable impulso del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual el Gobierno aspira a celebrar un nuevo acuerdo crediticio.Tras haber blandido la "motosierra" sobre los subsidios, la Casa Rosada dispuso que los aumentos en las boletas de electricidad tendrían un tope del 10% en términos reales. Si bien la decisión responde a la recomposición tarifaria alcanzada durante 2024, la medida resulta inescindible del calendario que marca que en octubre el oficialismo afrontará sus primeras elecciones legislativas, a las cuales planea llegar con la reducción inflacionaria como principal trofeo. Un mayor incremento tarifario podría amenazar tal objetivo.En ese marco, el Ministerio de Economía resolvió que durante el verano los incrementos tarifarios serían inferiores al 2% mensual, en sintonía con el ritmo de devaluación administrada por el Ejecutivo (el denominado crawling peg, que desde febrero redundará en una suba mensual del 1% en la cotización del dólar oficial).¿El mal menor?"La quita de subsidios es razonable, pero tendrá un efecto recesivo. Creo que este es uno de los puntos más razonables del programa económico, porque la estructura tarifaria que teníamos era insostenible en el largo plazo. Fiscalmente, el impacto para las cuentas públicas fue positivo", dijo a Sputnik el economista Jorge Carrera.El elogio llama la atención por su emisor: entre 2020 y 2023, Carrera fue funcionario del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) como director del Banco Central. Pese a las abiertas diferencias respecto al rumbo económico adoptado por el Ejecutivo, el experto afirmó: "nuestro Gobierno fue irracional en el reparto de subsidios a quienes no los necesitaban y eso incubaba serias dificultades".Sin embargo, el especialista remarcó que "hay que ser cuidadoso: está bien que las tarifas reflejen el valor real de la energía, pero el ajuste no puede caer sobre los más vulnerables. Una cosa son los sectores medios y otra los pobres, que es un sector que ha atravesado una fuerte caída en sus ingresos".Del "excel" a la alacenaLa valoración en torno al impacto del anuncio depende en gran medida del prisma a través del cual se la contemple: si para las arcas públicas el ajuste redunda en un mejor saldo fiscal, la contracara se refleja en la microeconomía. "Esto va a impactar directamente en el consumo de las familias", advirtió ante Sputnik Isaac Rudnik, titular del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.Según el consultor, la particularidad de los servicios públicos reside en que su consumo luce prácticamente esencial, por lo que los hogares no cuentan con mayor margen para reducir el gasto ligado al rubro. "Estamos hablando de un gasto indispensable para las familias, que los obligan a ajustar en otros sectores y, por ende, en la actividad económica", remarcó.Para el investigador, el impacto de la quita de subsidios quedará de manifiesto en las alacenas. "Es probable que el ajuste de las familias más vulnerables se dé en bienes muy sensibles como la comida, cambiando primeras por segundas marcas o, directamente, dejando de adquirir productos como los lácteos, que durante el 2024 registraron una caída del consumo superior al 9%", sostuvo.
El Ejecutivo argentino oficializó el retiro de bonificaciones al consumo energético con el objetivo de robustecer el superávit fiscal alcanzado al calor del ajuste. Durante el primer año de Gobierno, el aumento de tarifas duplicó a la inflación. "La quita de subsidios es razonable, pero tendrá un efecto recesivo", dijo a Sputnik un especialista.
El tarifazo no se toma vacaciones. Después de un primer año de gestión atravesada por el aumento en las boletas de servicios energéticos, el Gobierno de Javier Milei anunció que profundizará la quita de subsidios para millones de hogares con ingresos medios y bajos.
La medida afectará a 9,5 millones de hogares. En el caso de aquellos consumidores de ingresos bajos, la bonificación caerá del 72% al 65% para la electricidad. Para los de ingresos medios, el subsidio bajará del 56% al 50%. Estos descuentos aplican solo al consumo "base", equivalente a 350 kilovatios/hora: a partir de ese valor, los usuarios afrontarán el valor total de la energía.
Según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, en Argentina hay 16,2 millones de usuarios de dicho servicio. De los 9,5 millones que reciben apoyos, 3,2 pertenecen a sectores medios y los restantes 6,3 millones son de ingresos bajos. En el caso del gas, de los 9,5 millones de usuarios hay 5,3 con subvenciones (3,1 de ingresos bajos y 2,2 de ingresos medios). La población considerada como de "ingresos altos" no percibe ninguna bonificación, por lo que afronta el costo real de la energía.
La disposición no hace más que profundizar el rumbo asumido por el Gobierno que apenas asumió. Según un informe de la Universidad de Buenos Aires, entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024, la canasta de servicios —que contempla la energía eléctrica, el gas, el agua y el transporte— se disparó un 402%: el aumento fue ampliamente superior al 173% de inflación acumulada en el período.
La reducción en los subsidios —que se desplomaron un 31,5% en términos reales— fue uno de los componentes centrales para alcanzar el tan mentado superávit fiscal por primera vez en 15 años. La quita de dichas bonificaciones representó el 12,4% del ahorro estatal, ejecutado al calor del mayor ajuste del gasto público que atravesó el país en 31 años.
De hecho, en el proyecto de Presupuesto 2025 enviado al Congreso nacional, el Ejecutivo preveía un recorte en subsidios de más de 3.000 millones de dólares para el año en curso, similar al dispuesto durante el 2024. La iniciativa avanzó de cara al insoslayable impulso del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el cual el Gobierno aspira a celebrar un nuevo acuerdo crediticio.
Tras haber blandido la "motosierra" sobre los subsidios, la Casa Rosada dispuso que los aumentos en las boletas de electricidad tendrían un tope del 10% en términos reales. Si bien la decisión responde a la recomposición tarifaria alcanzada durante 2024, la medida resulta inescindible del calendario que marca que en octubre el oficialismo afrontará sus primeras elecciones legislativas, a las cuales planea llegar con la reducción inflacionaria como principal trofeo. Un mayor incremento tarifario podría amenazar tal objetivo.
En ese marco, el Ministerio de Economía resolvió que durante el verano los incrementos tarifarios serían inferiores al 2% mensual, en sintonía con el ritmo de devaluación administrada por el Ejecutivo (el denominado crawling peg, que desde febrero redundará en una suba mensual del 1% en la cotización del dólar oficial).
¿El mal menor?
"La quita de subsidios es razonable, pero tendrá un efecto recesivo. Creo que este es uno de los puntos más razonables del programa económico, porque la estructura tarifaria que teníamos era insostenible en el largo plazo. Fiscalmente, el impacto para las cuentas públicas fue positivo", dijo a Sputnik el economista Jorge Carrera.
El elogio llama la atención por su emisor: entre 2020 y 2023, Carrera fue funcionario del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) como director del Banco Central. Pese a las abiertas diferencias respecto al rumbo económico adoptado por el Ejecutivo, el experto afirmó: "nuestro Gobierno fue irracional en el reparto de subsidios a quienes no los necesitaban y eso incubaba serias dificultades".
Sin embargo, el especialista remarcó que "hay que ser cuidadoso: está bien que las tarifas reflejen el valor real de la energía, pero el ajuste no puede caer sobre los más vulnerables. Una cosa son los sectores medios y otra los pobres, que es un sector que ha atravesado una fuerte caída en sus ingresos".
"No es todo igual. Por ejemplo, es una salvajada haber disparado el aumento del transporte, porque dificulta el acceso al puesto de trabajo y eso afecta sobre todo a los más vulnerables. En ese punto, el Gobierno hace del ajuste una bandera política, pero no todo ajuste es destacable", afirmó.
Del "excel" a la alacena
La valoración en torno al impacto del anuncio depende en gran medida del prisma a través del cual se la contemple: si para las arcas públicas el ajuste redunda en un mejor saldo fiscal, la contracara se refleja en la microeconomía. "Esto va a impactar directamente en el consumo de las familias", advirtió ante Sputnik Isaac Rudnik, titular del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.
Según el consultor, la particularidad de los servicios públicos reside en que su consumo luce prácticamente esencial, por lo que los hogares no cuentan con mayor margen para reducir el gasto ligado al rubro. "Estamos hablando de un gasto indispensable para las familias, que los obligan a ajustar en otros sectores y, por ende, en la actividad económica", remarcó.
"Hoy las tarifas insumen entre el 15% y el 20% de los ingresos de los hogares, cuando la cifra debería ser menor al 10%. Son servicios indispensables, que llevan a los hogares a limitar otros gastos, como los alimentos", destacó Rudnik.
Para el investigador, el impacto de la quita de subsidios quedará de manifiesto en las alacenas. "Es probable que el ajuste de las familias más vulnerables se dé en bienes muy sensibles como la comida, cambiando primeras por segundas marcas o, directamente, dejando de adquirir productos como los lácteos, que durante el 2024 registraron una caída del consumo superior al 9%", sostuvo.
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