Ley Libertador Simón Bolívar de Venezuela se pondrá a prueba en la defensa de activos bloqueados
19:43 GMT 30.12.2024 (actualizado: 16:46 GMT 31.12.2024)
© Foto : Portal web de la Asamblea Nacional de Venezuela
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La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar de Venezuela tendrá su primera prueba en la lucha contra la corrupción transnacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció una "reunión secreta" entre Dinorah Figuera y Francisco Palmieri para mantener el control sobre los activos venezolanos bloqueados en el extranjero.
Figuera es representante de un organismo legislativo paralelo, promovido por sectores opositores, mientras que Palmieri es funcionario estadounidense. Rodríguez calificó el encuentro como un acto de "usurpación flagrante" y una violación de la Constitución.
"El artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Ahora imagínense que, en este caso, es una autoridad usurpada, pero, además, secreta e inexistente", enfatizó Rodríguez. También criticó el destino de los fondos obtenidos mediante esta maniobra, denunciando que sirven para financiar a una élite opositora en el extranjero.
23 de diciembre 2024, 22:15 GMT
Según el presidente de la Asamblea Nacional, los llamados "guardianes de la democracia", como se denominan los sectores de oposición que mantienen el control ilegal sobre los activos venezolanos en el exterior en acuerdo con Estados Unidos, reciben 5.000 dólares mensuales, mientras figuras como Juan Guaidó perciben 15.000.
En su intervención, solicitó al fiscal general Tarek William Saab aplicar la recientemente aprobada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar para sancionar lo que corresponde "a la materia de inhabilitación política, ley de extinción de dominio y delitos de orden penal", tipificados en la misma.
Sputnik te ofrece un panorama sobre cómo dicha legislación otorga herramientas para promover la defensa de los activos venezolanos.
"Blindar a Venezuela"
Tanto el recientemente aprobado instrumento legal, como las acciones solicitadas por el presidente de la Asamblea Nacional, tienen algunos antecedentes claves.
En octubre de 2024, el órgano legislativo venezolano presentó un informe al Ministerio Público que detalla una extensa investigación sobre presuntos actos de corrupción vinculados al despojo de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos. Este informe, elaborado por una comisión especial, acusa a miembros del Parlamento venezolano del período 2016-2021, así como a partidos políticos de oposición, de conspirar para apropiarse y vender activos clave de la nación.
26 de octubre 2024, 00:28 GMT
El informe, compuesto por 19 documentos y anexos, sirvió como base para que la comisión solicitara la apertura de investigaciones y acciones legales bajo la Ley de Extinción de Dominio, un instrumento diseñado para recuperar bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.
Este proceso legal subraya el intento del Gobierno venezolano de responsabilizar a la oposición por lo que califica como "traición a la patria" y despojo de recursos estratégicos, en especial a Juan Guaidó y a Dinorah Figuera, quienes conspiraron para apropiarse de los activos clave del país.
La politóloga Carolina Escarrá explicó a Sputnik que la Ley Libertador Simón Bolívar es el instrumento jurídico que hacía falta para terminar de "blindar a Venezuela contra la intervención externa" y la estrategia de presión ejercida por Estados Unidos a través de las medidas coercitivas unilaterales.
30 de diciembre 2024, 12:51 GMT
"La ley venezolana no solo es una respuesta jurídica, sino también un acto simbólico y político", subrayó Escarrá. A decir de la experta, la ley tiene como objetivo "dotar a la institucionalidad venezolana de un arma jurídica constitucional para defender el derecho a la paz, la tranquilidad y la vida, así como proteger la soberanía, la integridad nacional y los derechos humanos ante medidas coercitivas unilaterales".
Escarrá detalló que esta ley permite la inhabilitación política perpetua de quienes soliciten sanciones o intervenciones militares contra Venezuela, además que hace posible los juicios en ausencia, en especial para actores políticos que promuevan agresiones contra el país latinoamericano desde fuera de las fronteras.
Otro aspecto inédito que señaló la experta es que aquellos medios de comunicación que fomenten la aplicación de sanciones podrían enfrentar la revocación de sus concesiones.
Contradicciones en el seno de la oposición
La solicitud que hizo Jorge Rodríguez para que se aplique el instrumento legal, además de consolidar la perspectiva de "cero impunidad" promovida por el Estado venezolano, ha quebrado el consenso en el seno de la oposición y ha generado profundas grietas en su interior.
Un ejemplo es la posición de Henry Ramos Allup, exsecretario del partido Acción Democrática, y Angelo Palmeri, exsecretario del Parlamento de 2015, quienes han manifestado su rechazo a la continuidad de un órgano legislativo, cuya fecha de funcionamiento ya expiró.
Ciertamente @angelopalmerib UNT. La AN 2015 fue elegida el 06DIC2015, su período de vigencia comenzó el 05ENE2016, finalizó el 05ENE2021 y pese a todos los acosos cumplió de la mejor manera posible. Ahora la prioridad es la libertad de todos los presos políticos.
— Henry Ramos Allup (@hramosallup) December 22, 2024
El resquebrajamiento de la oposición queda evidenciado, además, con la reciente declaración de otro dirigente, Tomás Guanipa, quien dijo a un medio digital que "el ciclo de la Asamblea Nacional del 2015 no tiene ningún sentido".
🟡 Tomás Guanipa señaló que el ciclo de la Asamblea Nacional 2015 ya no tiene sentido y pidió buscar instrumentos útiles y reales para generar un cambio político en el país.
— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) December 26, 2024
📌 Entrevista: @Vladi_VillegasP pic.twitter.com/Djxd69tZ6u
La lucha interna por el control de los activos venezolanos no solo los divide, sino que también debilita su capacidad de articular un proyecto alternativo, de cara a los retos electorales del 2025.
La solicitud de extradición de Dinorah Figuera
Otro elemento que se suma a las problemáticas que debe enfrentar la oposición es la intención del presidente Nicolás Maduro de solicitar formalmente a España la extradición de Dinorah Figuera, acusándola de liderar una trama que le ha causado daño patrimonial al país. Según Maduro, esta acción es fundamental para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia venezolana.
"Así como nosotros extraditamos delincuentes a esos países, (...) pedimos en extradición, para que le dé la cara a la Justicia, a esta señora Dinorah Figuera, que le está robando Citgo, el oro de Londres, a Venezuela, las cuentas por más de veinte mil millones de dólares a Venezuela. Esa derecha quiere mantenerse conspirando para robar", expresó el primer mandatario venezolano.
En esta primera prueba en la lucha contra la corrupción y la traición transnacional, la Ley Libertador Simón Bolívar emerge como una herramienta de defensa integral que le servirá a la nación suramericana para navegar estas complejas tensiones geopolítica a escala global, defender su soberanía nacional y recursos estratégicos ante la continua presión.
Sin embargo, la consecuencia no prevista más importante es que con las elecciones regionales y municipales en el horizonte, las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano para proteger los intereses de la nación redefinirán el mapa de actores de la oposición, haciendo cada vez más evidentes las tensiones entre los grupos políticos que siguen aferrados a la línea dura de Washington y aquellos que entienden que la estrategia de conspiración y desestabilización vía medidas coercitivas unilaterales son ya una senda política derrotada.
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