Arranca el juicio por la masacre de Senkata en Bolivia | Video
04:17 GMT 05.09.2024 (actualizado: 08:43 GMT 05.09.2024)
© Sputnik / Sebastián Ochoa
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En la Casa de la Justicia de El Alto, Bolivia, comenzaron las audiencias por el delito de genocidio que habrían cometido la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros 16 exfuncionarios de su gabinete, así como jefes militares y policiales de ese momento. La voz de las víctimas que están en vigilia.
"Cuatro años y nueve meses", reiteraban ante la Casa de la Justicia de El Alto decenas de familias y víctimas de la masacre de Senkata, efectuada el 15 de noviembre de 2019 por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez. Es el tiempo que esperaron para la llegada de este momento, en el cual los máximos responsables del asesinato de 10 personas y de herir a otros 40 se sentarían ante los jueces para escuchar finalmente sus sentencias, que podrían ascender a los 30 años de cárcel.
La expresidenta Áñez (2019-2020) asistió a la audiencia vía online, desde el penal para mujeres del barrio paceño de Miraflores. Otros responsables estaban ausentes, como el exministro de Defensa Julio López, quien encontró refugio en la vecina Paraguay, o Arturo Murillo, preso en Estados Unidos por un escándalo de corrupción cometido durante la gestión de facto, que siguió al derrocamiento del expresidente Evo Morales (2006-2019).
🇧🇴 En la Casa de la Justicia de El Alto, Bolivia, comenzaron las audiencias por el delito de genocidio que habrían cometido la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros 16 exfuncionarios de su gabinete, así como jefes militares y policiales de ese momento. pic.twitter.com/xMrEyu6Q6a
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 5, 2024
En total son 17 acusados de genocidio, entre funcionarios de Áñez y exjefes policiales y militares encargados de ejecutar a ciudadanos en las calles de El Alto, además de los 40 heridos por las balas de los uniformados. Para cometer la matanza, se argumentó que era necesario dispersar la protesta de vecinos que imposibilitaba la entrada y salida de cisternas a la planta de combustibles del barrio de Senkata.
El 19 de noviembre el Gobierno de facto de Áñez cometió la masacre de Sacaba, en Cochabamba, donde fueron asesinados otras 10 personas, mayormente campesinos del Trópico. En total a 30 personas se les quitó la vida en el marco del decreto 4078, que habilitó estas vulneraciones de derechos humanos, sobre todo el derecho a vivir.
Pruebas fotográficas
En la entrada de los tribunales de El Alto, los familiares y víctimas colgaron un enorme banner con los nombres de más de 40 heridos, también con fotos del estado en que las balas dejaron sus cuerpos.
Elías Condori tenía 39 años esa tarde de noviembre de 2019, cuando una bala en su hombro izquierdo cambiaría su vida (para mal). Señaló a Sputnik las imágenes de sus heridas, acompañadas de su nombre y apellido.
Este juicio debía iniciarse el pasado 1° de septiembre, pero una serie de detalles judiciales (como la ausencia de algunos representantes legales) llevaron a posponerlo hasta este miércoles 4.
"Estamos aquí esperando que no se postergue más el juicio. Estamos esperando hace cinco años que ya van a ser desde 2019. Y quienes han firmado el decreto supremo que viabilizó las masacres no quieren ser juzgados. Ellos ponen miles de excusas", sostuvo Condori.
El sobreviviente se refería al Decreto Supremo 4078, firmado por Áñez y su gabinete a las pocas horas de asumir. Este documento establecía que ningún policía ni militar sería juzgado penalmente por usar sus armas contra la población boliviana que se manifestaba en las calles en rechazo al golpe.
"Lamentablemente hemos sido olvidados. No hemos tenido mucho apoyo ni de los gobiernos, que nos utilizaron políticamente. Ahorita nos hemos recuperado de las heridas, pero los gastos médicos han corrido por nuestra cuenta", dijo Condori.
Aunque su hombro sanó, persisten problemas de movilidad y dolores en esa zona. "Nos dificulta, porque nosotros tampoco somos profesionales. Trabajamos, yo soy artesano, sí o sí trabajo con las manos y esto me dificulta todos los planes que tenía para salir adelante".
Y agregó: "Otros compañeros siguen con esquirlas de municiones que han quedado dentro del cuerpo. Lastimosamente en la altura vivimos, en el frío, que nos hace molestar las heridas. Esperemos que el Gobierno entienda que hemos sido lastimados no porque queríamos. Pero ellos (Áñez y los demás en juicio) con ese decreto han salido a matarnos".
4 de septiembre, 02:25 GMT
Según Condori, "tenemos esperanzas de que se logre la sentencia de 30 años, porque eso queremos nosotros, que ya estamos lastimados de por vida. Lo único que queremos es que se haga justicia, que los autores paguen lo que han hecho con la máxima pena".
"No puede ser que alguien entre al Gobierno y saque un decreto para que nos maten. Eso está mal. Para que esto no vuelva a ocurrir tiene que haber escarmiento para ellos", reflexionó.
Ante las puertas de la ley
En la entrada de la Casa de la Justicia había decenas de familias y víctimas, muchos de los cuales declinaban hablar y pedían a Sputnik recurrir a sus voceros. Mientras, en el piso cuatro se realizaba la audiencia del Juzgado de Sentencia Penal 4° de El Alto.
Jorge Mayta recibió un balazo en el codo derecho. Pero a diferencia de una decena de vecinos alteños, pudo dar su testimonio de lo sobrevivido. Se quitó los audífonos con los que escuchaba la audiencia online para hablar con Sputnik: "Estamos haciendo acto de presencia. Ya son cuatro años y nueve meses que estamos mendigando justicia. Estamos molestos también", aseguró.
Las molestias provinieron de dilaciones y debates burocrático-judiciales habituales en estos procesos. Explicó que el pasado lunes, cuando debía comenzar el juicio, "faltaban los abogados patrocinantes… Era un debate más técnico".
Por la ausencia de varios acusados, los jueces analizaban declararlos en rebeldía. Además, "Áñez no tiene abogado patrocinante, por lo cual se evaluaba asignarle un abogado de defensa pública", contó Mayta.
Lo mismo que Condori y otros sobrevivientes, su herida cerró pero "me han dañado psicológicamente. Cuesta superar lo que ha pasado. Y tengo problemas para manipular objetos con mi brazo derecho, por mi codo".
¿Cree que van a tener justicia? "La esperanza es lo que nunca se pierde. Yo deseo que termine de una vez este juicio y vea la sentencia. Si eso no sucede este año, voy a pensar que no hay justicia en mi país", sostuvo Mayta
3 de septiembre, 21:47 GMT
Sentencia hasta fin de año
David Inca, representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto, acompaña a víctimas y familias desde 2019. "Ya son cuatro años y nueve meses, hemos esperado mucho, deseamos justicia. El señor procurador del Estado, César Siles, dijo a la prensa que esperan la sentencia para finales de noviembre o a más tardar diciembre. Entonces hay una línea que busca acelerar este proceso", dijo a Sputnik.
"Vamos a estar en vigilancia, hasta que se logre una sentencia ejemplar en Bolivia y también a nivel internacional", agregó.
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