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"Cada día es recordar lo mismo": avanza el juicio a Jeanine Áñez por las masacres de 2019 en Bolivia

© AP Photo / Juan KaritaJeanine Áñez, expresidenta de facto de Bolivia
Jeanine Áñez, expresidenta de facto de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2023
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Las familias de las personas asesinadas en las protestas tras el derrocamiento de Evo Morales recibieron con satisfacción el pedido de la Fiscalía de 30 años para la expresidenta 'de facto' y los demás funcionarios acusados de genocidio. Pidieron apoyo psicológico para continuar su pedido de justicia.
A cuatro años del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), la Fiscalía de Bolivia presentó la acusación contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y 17 personas más, entre los que figuran exministros, militares y policías como autores y partícipes del delito de genocidio.
Tras la salida de Morales, el 15 y el 19 de noviembre de 2019 se sucedieron las masacres de Sacaba, en Cochabamba, y en el barrio de Senkata de El Alto, ciudad conurbada con La Paz.
La población que se manifestaba contra el derrocamiento de Morales fue repelida por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes dispararon contra la multitud, amparados por el decreto 4078, firmado por el Gobierno de Áñez. Ese documento deslindaba de responsabilidad penal a quienes abrieran fuego. Hubo al menos 20 muertos y decenas de heridos.
Con la acusación presentada por el Ministerio Público, las familias de las víctimas se preparan anímicamente para concurrir al juzgado. Sputnik consultó a familiares de las personas asesinadas, quienes expresaron su satisfacción por el avance en la acusación contra Áñez.
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Gloria Quispe pidió conversar por la noche. Primero tenía que pasar por varias consultas médicas, dados los picos de estrés con los que debe lidiar a diario desde el asesinato de su hermano Antonio, el 19 de noviembre de 2019 en Senkata.
"Sigo mal. De tanta preocupación y de tanto estrés me llegué a enfermar muy feo. Hoy fui al hospital porque todo se me vino abajo. No recibimos ayuda psicológica", contó a Sputnik.

"Mis papás igual están mal. A veces les veo llorar cuando en las noticias mencionan a mi hermano. O cuando tienen que ir a firmar algún documento relacionado con la causa judicial. Cada día es recordar lo mismo", dijo la hermana de Antonio Quispe Ticona, asesinado a los 24 años.

Para Gloria es un duelo iniciado el 19 de noviembre de 2019 que aún no termina. "Duele recordar cada día. Seguimos mirando las fotos que llevamos a cada audiencia", comentó.

La acusación por genocidio

La Fiscalía boliviana solicitó 30 años de prisión para Áñez y otros 17 acusados de genocidio. Es la pena máxima contemplada en la legislación del Estado Plurinacional. Sin embargo, para Quispe es poco: "30 años no es reparación suficiente ni para uno solo de nuestros muertos".
María Javier es abogada de las víctimas de la masacre de Huayllani —nombre que bautiza el puente que une a los municipios de Sacaba y Cercado— efectuada el 15 de noviembre de 2019 en Cochabamba.
"La pena máxima es de 30 años según nuestra normativa. Por supuesto estamos de acuerdo con la propuesta de la Fiscalía. Queremos que eso prevalezca y sean sentenciados a 30 años todos los autores", dijo Javier a Sputnik.
"Sin embargo, no estamos de acuerdo con que no haya coordinación con las familias de las víctimas. No conocemos el contenido de la acusación de la Fiscalía. Pero sabemos que no todo el gabinete ministerial de Áñez está procesado", agregó.
Pese a que el mencionado decreto 4078 fue firmado por todo el gabinete, en la acusación de la Fiscalía solamente figuran Luis Fernando López, exministro de Defensa; Arturo Murillo, exministro de Gobierno; y Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos.
Además, están acusados 14 jefes militares y policiales, como Sergio Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas; Pablo Guerra Camacho, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Ciro Orlando Álvarez, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Iván Patricio Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Julio César Tamayo Rivera, exsubjefe del Departamento Tercero Logística; Julio William Cordero, excomandante departamental de la Policía de La Paz; y Eloy Iván Rojas, excomandante regional de la Policía de El Alto.
"Queremos saber de qué privilegios gozan los demás autores de estas masacres. Hemos pedido que sea juzgado todo el gabinete que firmó el decreto 4078, pero no están todos", advirtió la abogada.
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Salir adelante

Gloria Quispe es presidenta de la Asociación de las Víctimas de la Masacre de Senkata y Familiares de Fallecidos. Este año la organización tuvo sus elecciones internas, en las que fue reelecta la hermana de Antonio.
Aunque para ella representa un desgaste personal muy grande, el ánimo de los demás familiares tampoco es óptimo: "Ya dijimos con las hermanas que juntas vamos a salir adelante".
Los familiares de Senkata cuentan con la representación legal de abogados del Ministerio de Justicia. El inicio del juicio va a exigir a las y los familiares redoblar sus energías.
"En los juzgados vamos a tener que mirar a las personas que nos quitaron a nuestros seres queridos. Tenemos miedo de que nos hagan algo porque son todos militares. Además tienen bufetes de abogados para tratar de imponerse", afirmó Quispe.
Áñez, quien está en prisión desde marzo de 2021, tiene su cuenta de X (antes Twitter) activada. Por ese medio, evaluó que es exagerada la acusación de "genocidio" por las masacres de 2019.
"Me acusan de genocidio como si fuera Hitler, Hamás o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicación con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de oxígeno y alimentos", sostuvo la expresidenta de facto.
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, en plena crisis política durante la que Evo Morales fue presionado para renunciar al cargo por cívicos, policías y militares.
El 12 de marzo de 2021 la exmandataria fue detenida junto con varios de sus colaboradores en el marco del proceso abierto por el caso denominado Golpe de Estado II. En diciembre de 2021, fue acusada formalmente por la Fiscalía y el 10 de junio de 2022, Áñez fue hallada culpable de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y a la Constitución Política del Estado durante su proclamación en noviembre de 2019.
La Justicia boliviana sentenció entonces a la expresidenta de facto a 10 años de cárcel, condena que cumple en la cárcel de mujeres de Miraflores, en La Paz, mientras avanza el juicio por genocidio, y que, de resultar culpable, tendría que afrontar una pena máxima de 30 años.
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