"Trabajo 12 horas diarias y no me alcanza": el drástico deterioro de los ingresos en Argentina
"Trabajo 12 horas diarias y no me alcanza": el drástico deterioro de los ingresos en Argentina
Sputnik Mundo
Tras cinco años consecutivos de caída de los salarios, el país austral registra el segundo sueldo más bajo de Latinoamérica. Ante la escalada inflacionaria, la... 03.03.2023, Sputnik Mundo
Pasar de trabajar para vivir a vivir pura y exclusivamente para trabajar: ante esta situación se encuentra la mayoría de los argentinos, principalmente los que pertenecen a los sectores sociales más vulnerables. El aumento de las canastas básicas, que determinan el nivel de pobreza e indigencia, por encima de la inflación, redobla la presión sobre los devaluados sueldos de la población.Si en 2013 Argentina ostentaba el salario más alto del continente, hoy, en dólares medidos al cambio paralelo, sus sueldos son los segundos más bajos, apenas por encima de los de Venezuela. El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMV), que remunera 40 horas de trabajo semanales, se ubica en 69.500 pesos, que equivalen a 185 dólares al valor blue y a 338 al oficial.Tras una década de estancamiento económico bajo el mandato de tres presidentes diferentes, con la pandemia de coronavirus y el conflicto en Ucrania de por medio, el actual Gobierno se enfrenta al desafío de recomponer los ingresos de los más vulnerables y evitar un estallido social.La precariedad al desnudo"Trabajo 12 horas diarias de lunes a sábado, y media jornada los domingos. Cada vez trabajo más y no me alcanza la plata", dice a Sputnik Angela, empleada de casas particulares y madre de tres hijos. A sus 41 años y, junto a su pareja, afrontan la odisea cotidiana de llevar comida a la mesa. "Mi marido es trabajador independiente y entre los dos luchamos día a día, porque los $80.000 [213 dólares al valor paralelo] que cobro por mes me alcanzan para mantener a mi familia", agrega.El de Ángela es un caso paradigmático. Como el 40% de los trabajadores del país, cifra que asciende al 70% en el caso de las empleadas domésticas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ella también está "en negro" (es decir, no registrada), privada de derechos laborales tales como las vacaciones, el aguinaldo e incluso el haber mínimo.Las precarias condiciones de contratación se reflejan cotidianamente. Angela lo relata crudamente: "esta semana le pedí a mi patrona que me aumentara la hora, pero me dijo que no podía. Al no tener alternativa tengo que seguir trabajando ahí porque tengo que darles de comer a mis hijas".El trabajo no registrado restringe el acceso a otros derechos sociales elementales, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), una prestación mensual para personas desempleadas o informales o que ganen menos del salario mínimo, por cada hijo menor de 18 años: "no recibimos ningún plan social, ni la AUH, porque para hacer el trámite necesito tomarme una semana de trabajo, y no me dan permiso mis jefes", narra Ángela.Ajustar la comida para llegar a fin de mesSegún la entrevistada, la profundización de la crisis se aceleró después de la pandemia: "durante los últimos dos años todo se fue de control. Subió todo y el sueldo no me alcanza". La aceleración inflacionaria registrada desde principios del 2022, que culminó con un 94,8% en todo el año, se traduce directamente en la privación del acceso a diversos bienes, incluyendo a alimentos de primera necesidad.Angela lo dice sin eufemismos: "dejé de comprar leche líquida porque se fue por las nubes. Mis hijas comen avena con leche en polvo. Además, hoy en día no se puede comer carne, y tampoco llego a comprar un maple de huevos. Ya no sabemos qué hacer".Los sindicatos, alertas para tomar medidas de fuerzaAun bajo el resguardo de los gremios, los trabajadores registrados también afrontan el quinto año consecutivo de caída de sus ingresos, periodo que incluye los tres años de Alberto Fernández y los últimos dos del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), producto de la recesión.“En una Argentina en crisis, los trabajadores son los primeros perjudicados”, remarca Piumato.El dirigente reconoce la ventaja de la organización gremial en contextos adversos como el presente: "históricamente el resultado de cada sindicato depende de la fortaleza que tenga para negociar, pero en estas situaciones siempre los trabajadores pierden".El caso de los empleados judiciales ilustra la tensión que podría dispararse si los aumentos no logran recomponer sus ingresos licuados por la inflación. Tras semanas de negociaciones, el sindicato acordó un aumento del 21% para el primer tramo del 2023, pero no descarta retomar las medidas de fuerza en caso de no efectivizar el compromiso."Lo que pedimos es justo. Ningún dirigente sindical va a exigir algo que comprometa el futuro de su sector", advierte.Horizonte de incertidumbreEstamos en año electoral crucial para estabilizar la macroeconomía, con el fuerte condicionamiento impuesto por la necesidad de dar cumplimiento a las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional como parte del acuerdo logrado por el actual Gobierno para refinanciar el préstamo de 45.000 millones de dólares contraído durante el gobierno de Macri.Frente a la necesidad de hacer ajustes económicos, las medidas paliativas de protección social resultan impostergables. Sin embargo, Piumato no ve "una política de Estado enfocada en recuperar los ingresos de los sectores populares".
Tras cinco años consecutivos de caída de los salarios, el país austral registra el segundo sueldo más bajo de Latinoamérica. Ante la escalada inflacionaria, la asimetría entre los trabajadores registrados y los precarizados crece exponencialmente. Trabajar todo el día o dejar de comprar leche: la odisea de llegar a fin de mes, en primera persona.
Si en 2013 Argentina ostentaba el salario más alto del continente, hoy, en dólares medidos al cambio paralelo, sus sueldos son los segundos más bajos, apenas por encima de los de Venezuela. El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMV), que remunera 40 horas de trabajo semanales, se ubica en 69.500 pesos, que equivalen a 185 dólares al valor blue y a 338 al oficial.
"Trabajo 12 horas diarias de lunes a sábado, y media jornada los domingos. Cada vez trabajo más y no me alcanza la plata", dice a Sputnik Angela, empleada de casas particulares y madre de tres hijos. A sus 41 años y, junto a su pareja, afrontan la odisea cotidiana de llevar comida a la mesa.
"Mi marido es trabajador independiente y entre los dos luchamos día a día, porque los $80.000 [213 dólares al valor paralelo] que cobro por mes me alcanzan para mantener a mi familia", agrega.
El de Ángela es un caso paradigmático. Como el 40% de los trabajadores del país, cifra que asciende al 70% en el caso de las empleadas domésticas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), ella también está "en negro" (es decir, no registrada), privada de derechos laborales tales como las vacaciones, el aguinaldo e incluso el haber mínimo.
Las precarias condiciones de contratación se reflejan cotidianamente. Angela lo relata crudamente: "esta semana le pedí a mi patrona que me aumentara la hora, pero me dijo que no podía. Al no tener alternativa tengo que seguir trabajando ahí porque tengo que darles de comer a mis hijas".
"Trato de que mis patrones me paguen los boletos de viaje, pero no todos lo aceptan: en el último tiempo se devaluó completamente mi salario", cuenta la mujer.
El trabajo no registrado restringe el acceso a otros derechos sociales elementales, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), una prestación mensual para personas desempleadas o informales o que ganen menos del salario mínimo, por cada hijo menor de 18 años: "no recibimos ningún plan social, ni la AUH, porque para hacer el trámite necesito tomarme una semana de trabajo, y no me dan permiso mis jefes", narra Ángela.
Angela lo dice sin eufemismos: "dejé de comprar leche líquida porque se fue por las nubes. Mis hijas comen avena con leche en polvo. Además, hoy en día no se puede comer carne, y tampoco llego a comprar un maple de huevos. Ya no sabemos qué hacer".
"Nos rompemos el lomo para comer: si yo no trabajo, mis hijas no comen", cuenta Ángela.
Los sindicatos, alertas para tomar medidas de fuerza
Aun bajo el resguardo de los gremios, los trabajadores registrados también afrontan el quinto año consecutivo de caída de sus ingresos, periodo que incluye los tres años de Alberto Fernández y los últimos dos del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), producto de la recesión.
"La situación salarial es crítica. Con tanta inflación, los que pierden son los trabajadores y los sectores de menores ingresos", denuncia ante Sputnik Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación.
“En una Argentina en crisis, los trabajadores son los primeros perjudicados”, remarca Piumato.
El dirigente reconoce la ventaja de la organización gremial en contextos adversos como el presente: "históricamente el resultado de cada sindicato depende de la fortaleza que tenga para negociar, pero en estas situaciones siempre los trabajadores pierden".
El caso de los empleados judiciales ilustra la tensión que podría dispararse si los aumentos no logran recomponer sus ingresos licuados por la inflación. Tras semanas de negociaciones, el sindicato acordó un aumento del 21% para el primer tramo del 2023, pero no descarta retomar las medidas de fuerza en caso de no efectivizar el compromiso.
"Si esto se retrasa vamos a volver a organizar paros porque no estamos dispuestos a perder contra la inflación", advierte Piumato. "La inflación viene comiendo nuestro sueldo. Si no tenemos una respuesta concreta, vamos a encarar nuevamente la lucha, porque los trabajadores judiciales están perdiendo contra la inflación", considera el representante gremial.
"Lo que pedimos es justo. Ningún dirigente sindical va a exigir algo que comprometa el futuro de su sector", advierte.
Frente a la necesidad de hacer ajustes económicos, las medidas paliativas de protección social resultan impostergables. Sin embargo, Piumato no ve "una política de Estado enfocada en recuperar los ingresos de los sectores populares".
"Desgraciadamente, Macri, que prometía desterrar la pobreza, la incrementó. Y el actual gobierno siguió aumentándola", agrega el dirigente. "No se puede hacer justicia social a costa de los que menos tienen", señala Piumato.
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