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Jubilaciones en América Latina: qué cambia el modelo propuesto por Petro

© AP Photo / Juan Manuel BarreroGustavo Petro, presidente electo de Colombia
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El favorito en la carrera presidencial de Colombia, Gustavo Petro, propuso una reforma pensional para reforzar el sistema público y proporcionar un "ingreso vital" a aquellos ciudadanos que no acceden a pensiones. En el resto de la región, los sistemas se debaten entre el ahorro individual y el modelo público.
La propuesta del líder del Pacto Histórico pretende entregar 500.000 pesos colombianos —medio salario mínimo de Colombia que equivale a alrededor de 133 dólares estadounidenses— a cada persona que no puede acceder a una pensión mayor.
"Yo sí creo que a 3 millones de personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión se les puede entregar media pensión, medio salario mínimo si se hace una reforma pensional de tal manera que el flujo de cotizaciones no vaya a un fondo privado de un banquero que lo administra sino a un fondo público que ayudaría a pagar las pensiones actuales", sostuvo Petro el lunes 14, en el marco de un debate de los candidatos presidenciales.
En esa instancia, el candidato agregó que esto "liberaría al Estado de 18 billones anuales de su presupuesto".

El sistema de pensiones colombiano

Colombia, al igual que otros países de la región, tiene dos regímenes pensionales: un régimen público de reparto, conocido como Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones y un Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a cargo de varias administradoras privadas.
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En el primer caso, las financiaciones dependen de las cotizaciones de los afiliados, pero año tras año el Gobierno debe disponer de recursos para cubrir las pensiones.
Para beneficiarse del sistema se contemplan dos requisitos: la edad y la cantidad de tiempo trabajado. A los hombres se les exige 62 años cumplidos, mientras que a las mujeres, 57. Ambos deben tener 1.300 semanas de trabajo —25 años de servicio—registradas.
En tanto, en el RAIS, los afiliados deben alcanzar un monto de capital para poder acceder a pensiones. Esto se logra mediante aportes periódicos de los interesados, así como de la rentabilidad que generan las inversiones que realizan las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFPs). Bajo esta modalidad las personas pueden retirarse de su vida laboral con los mismos requisitos de edad y dicho monto acumulado o, en caso de no alcanzarlo, 1.150 semanas de cotización (3 años menos que en el sistema público).
Cercano a la edad de retiro, los afiliados pueden acceder a una Doble Asesoría, mecanismo creado por el Gobierno para informarse sobre qué sistema le es más conveniente y en consecuencia, solicitar un traspaso, posible siempre que las personas no estén a 10 años de acceder a la pensión.
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El sistema colombiano funciona por competencia por lo que son los propios trabajadores los que deciden en cuál de los dos sistemas cotizar.
De todas formas, Colombia adolece de una baja cobertura: menos de la cuarta parte de los adultos mayores colombianos no logran obtener una pensión.
Según datos difundidos por investigadores del Banco Central de Colombia en 2020, pese a que la cantidad de afiliados al sistema ha crecido, especialmente en el RAIS, quienes cotizan con regularidad son menos del 40%. De este número, a su vez, solo el 60% llega a cumplir los requisitos para pensionarse.
Por otra parte, si bien el 70% de los afiliados pertenecen al régimen de ahorro individual, la mayoría se traslada luego al RPM, alcanzando el 88% de los pensionados a través de este sistema público.
"La plata ya está, no se necesita más, no se necesita imprimir, se necesita cambiar su distribución", explicó Petro en relación a su iniciativa que dijo estar inspirada en países europeos.
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De esta manera, Petro aspira a que los aportes de los cotizantes en actividad financien a quienes se encuentran pensionados y así sucesivamente.
"El traslado de personas privadas a Colpensiones será libre. De hecho, ya cotizantes con 55 billones de pesos en sus cuentas se han pasado a Colpensiones porque se dieron cuenta que en los fondos privados no dan pensión", sostuvo el político que a través de sus redes, remarcando que apuesta a un régimen complementario y no competitivo, similar al modelo uruguayo.

¿Cómo es la seguridad social en América Latina?

En otros países de América Latina y el mundo se aplican modelos de pensiones similares, con mayor o menor influencia del sistema de capitalización individual. Es el caso de Costa Rica, Colombia, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.
En Uruguay el sistema es mixto: los trabajadores están contemplados dentro de un sistema público, denominado Régimen de Solidaridad Intergeneracional que es administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) pero también pueden afiliarse voluntariamente, o estar obligados —dependiendo del salario— a aportar a una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Ambos sistemas son complementarios y tras la edad de retiro los trabajadores perciben una jubilación por cada organismo.
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De manera similar, en Costa Rica también intervienen en materia de seguridad social el Estado con la pensión contributiva básica, y la pensión complementaria obligatoria, de capitalización individual.
En tanto, en Perú funciona la entidad pública encargada de la seguridad social, el Sistema Nacional de Pensiones, así como el Sistema Privado de Pensiones, operado por las diferentes administradoras. Los trabajadores deben optar al momento de retirarse por el sistema que les resulte más conveniente.
Chile o Argentina, en cambio, presentan otro tipo de funcionamiento. En el país andino el ahorro previsional es obligatorio para los trabajadores desde 1980 y no existe ninguna entidad pública que regule las pensiones. De manera contraria, en Argentina, funciona el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que es exclusivamente estatal, luego de que el país pusiera fin a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) en 2008.
Actualmente, la región atraviesa períodos de reformas o reclamos en materia de seguridad social. Mientras en Uruguay se discute extender la edad estipulada para la causal jubilatoria —que actualmente es 60 años— dado el aumento de la esperanza de vida, en Chile se reclaman jubilaciones dignas, uno de las principales demandas del estallido social que vivió el país en octubre de 2019.
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