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Uruguay escribe otro episodio de su dilema forestal

© AP Photo / Matilde CampodonicoLuis Lacalle Pou, presidente de Uruguay
Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay - Sputnik Mundo, 1920, 15.12.2021
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MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay inició un nuevo capítulo de un largo debate que genera divisiones transversales. El Parlamento aprobó una ley que limita las plantaciones forestales con fines de producción de celulosa, y aunque fue promovida por un sector del propio oficialismo podría ser objeto del primer veto del presidente Luis Lacalle Pou.
El texto, aprobado por el Senado tras recibir media sanción en Diputados, fue propuesto por el partido Cabildo Abierto (derecha), pero no contó con el respaldo de sus otros socios en la coalición gobernante, sino de la fuerza opositora que se encuentra en sus antípodas ideológicas, el Frente Amplio (centroizquierda).
La ley, también respaldada por ambientalistas y organizaciones agrarias y ganaderas, establece entre otros puntos que la superficie total de bosques de eucalipto de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10 del territorio bajo explotación agropecuaria.
En diálogo con Sputnik, el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, explicó que la ley procura contrarrestar un arrollador avance de las plantas multinacionales de pasta de celulosa para fabricación de papel.
"Uruguay tiene unas 16 millones de hectáreas, de la cuales en los últimos años se autorizó a unas pocas empresas a adquirir hasta casi 7 millones, produciéndose un fenómeno de gran concentración de tierra", indicó.
Cabildo Abierto señala que la nueva regulación no prohíbe la forestación, sino que la restringe para evitar que afecte a pequeños productores agropecuarios y, a la larga, a la soberanía alimentaria del país.
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Domenech explicó que la ley vigente hasta ahora, que databa de 1987, tenía como fin original aprovechar las tierras improductivas para el sector agrícola y ganadero, unas cuatro millones de hectáreas, y así destinarlas a la plantación de árboles.
Pero con el desembarco de los gigantes del papel como la finlandesa UPM y la multinacional Montes del Plata, esas plantaciones se extendieron sobre tierras que no son de prioridad forestal.
Así, se estableció una competencia "por las mejores tierras de Uruguay", y "se desplazó a la agricultura, ganadería y lechería que carecen de cualquier tipo de subvención y tienen mayor valor intrínseco, por una actividad subsidiada cuyo producto es mera pasta de celulosa".

Decreto "insuficiente"

Tomando en cuenta los reclamos, Lacalle Pou presentó el 13 de diciembre, en víspera de la votación del proyecto en el Senado, un decreto que establece controles a las plantaciones forestales.
El texto establece, entre otros puntos, la creación de un registro de plantaciones de menos de 100 hectáreas y declara sujetas a autorización ambiental especial las de más de 100 hectáreas.
No obstante, la orden ejecutiva no colmó las expectativas de Cabildo Abierto y del Frente Amplio.
Domenech sostiene que el decreto "es insuficiente porque deja abierta la puerta a que la zona suroeste del Uruguay sea forestada". Es "algo que a nosotros nos preocupa porque es donde está la cuenca lechera, que peligra de ser forestada, en beneficio de la economía de UPM y Montes del Plata", indicó.
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Veto inminente

Lacalle Pou advirtió semanas atrás que, de aprobarse, vetaría la ley, ya que no forma parte del "Compromiso por el país", el acuerdo que sustenta a la coalición gobernante, denominada "multicolor", integrada por su Partido Nacional (centroderecha), Cabildo Abierto, el Partido Colorado (centroderecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).
Domenech opinó que vetar la ley "sería un error, porque cuenta con el apoyo de la principal organización de productores agroganaderos como es Un Solo Uruguay [movimiento de protesta]".

Largo debate

No es la primera polémica referida a la instalación de plantas de celulosa en Uruguay.
Entre 2005 y 2010, la autorización del entonces Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) para la construcción de dos fábricas de celulosa de eucalipto sobre las aguas binacionales del río Uruguay generó un conflicto con Argentina.
Autoridades argentinas y organizaciones ambientales de ambos países se oponían a su instalación por la posible contaminación de los recursos hídricos.
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Esas dos plantas, UPM y Montes del Plata, generaron también un debate a la interna del entonces gobernante Frente Amplio, algunos de cuyos sectores sostenían que la forestación era contraria al modelo productivo que aspiraban para el país.
Sobre el final de la última administración de Vázquez se aprobó la instalación de una tercera planta, a concretarse próximos años, conocida popularmente como "UPM2".
El acuerdo con la empresa finlandesa fue ratificado por el Gobierno de Lacalle Pou a pesar de recibir también duras críticas de su socio Cabildo Abierto por su posible impacto ambiental y social
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