El abogado Hoenir Sarthou, integrante del movimiento de ciudadanos denominado "UPM2 No" —en referencia a que se trataría de la segunda planta de la empresa UPM en Uruguay- dijo a Sputnik que el acuerdo firmado es "flagrantemente inconstitucional", dado que el ejecutivo "dispone cosas que no tiene competencia para disponer".
En el mismo sentido, criticó que el Gobierno haya permitido a la empresa tener injerencia en posibles modificaciones en la legislación laboral o en planes de enseñanza de carreras universitarias de carácter técnico vinculadas a la producción forestal.
Para Sarthou, el emprendimiento también es "una locura desde lo ambiental" porque "significa volcar efluentes contaminantes en un río que es interior, que no tiene la capacidad de tolerar esa descarga".
En efecto, la eventual nueva planta se instalaría próxima a Pueblo Centenario, una localidad de poco más de mil habitantes del departamento de Durazno (centro), con costas sobre el Río Negro.
Todo un proceso que, de acuerdo con el activista, fortalecerá la proliferación de cianobacterias, una especie de alga que en el último verano despertó la alarma de veraneantes y empresarios turísticos de Uruguay.
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El movimiento contrario a la nueva planta presentó en los últimos días un recurso ante el Parlamento uruguayo buscando generar un juicio político contra el actual Gobierno, alegando que violó la Constitución al firmar el acuerdo con la empresa.
En paralelo, los activistas convocaron a una "contraudiencia" en la ciudad de Paso de los Toros, también cercana al lugar en que se instalaría la planta, para debatir el emprendimiento con los habitantes de la zona.
Según el Gobierno uruguayo, la nueva planta va a producir entre 1,9 millones y 2,4 millones de toneladas de celulosa a partir de madera, en régimen de zona franca.
La inversión es vista como un necesario impulso para la economía de este país sudamericano, cuyo crecimiento se mantiene desde hace 15 años, pero últimamente a un ritmo desacelerado.
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"Uruguay estima que el Proyecto UPM incrementaría de forma permanente el PIB [Producto Interno Bruto] en aproximadamente dos puntos porcentuales, generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de 1.000 millones de dólares al año, con una recaudación de tributos aproximada de 120 millones de dólares", dice el texto del precontrato.
