A la estrategia avanzada el 25 de noviembre por la Comisión Europea para ofrecer un modelo alternativo a las prácticas de tratamiento de datos de las principales plataformas tecnológicas (Data Governance Act o Reglamento de Gobernanza de Datos), se suma ahora la inminente aprobación de dos importantes normas para regular la economía digital en el Viejo Continente.
Aunque la sola mención de "grandes tecnológicas" invita a pensar en gigantes estadounidenses como Facebook, Amazon, Apple o Google, en la Comisión Europea aseguran que el reglamento no ha sido ideado para regular determinadas compañías o empresas de un solo país. Así lo han afirmado en varias ocasiones el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, o la vicepresidenta de la propia Comisión, la danesa Margrethe Vestagher.
Pero tal y como explicó a los medios Breton durante el anuncio de la Data Governance Act, "algunas de estas plataformas parece que son demasiado grandes para cuidarse del impacto que tienen en la sociedad y en los países".
Trust.
— Thierry Breton (@ThierryBreton) November 25, 2020
That’s what #data is about.
With the 🇪🇺 Data Governance Act, we are organizing our digital space and our European way of sharing data 🌐
To benefit our citizens and our economy 👇https://t.co/GbOvo4Saqj pic.twitter.com/1xV1tIW6ad
Multas y más allá
La UE pide celeridad en erradicar contenidos relacionados con desinformación, terrorismo, pornografía o productos falsificados. En el caso de información relacionada con organizaciones terroristas, en el espacio de una hora, a contar desde el momento en que estos contenidos sean denunciados.
¿Conflicto a la vista?
Breton insiste en que la separación estructural "no es el objetivo" y que la nueva regulación no está dirigida contra compañías determinadas de un país en concreto. Pero a nadie se le escapa que las grandes multinacionales tecnológicas son estadounidenses.
En este sentido, el Center for Strategic&International Studies (CSIS), un importante think tank de EEUU, advierte del futuro clima de confrontación que puede provocar la entrada en vigor de la nueva legislación europea.