Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, los dos jóvenes asesinados el pasado 14 de noviembre durante la represión policial, se han convertido en un símbolo en Perú. El pedido de justicia se repite en carteles, afiches, pintadas, murales. Tenían 24 y 22 años respectivamente, y eran parte de una juventud que salió masivamente a la calle por primera vez.
Sus asesinatos, así como la magnitud de la impugnación política, obligaron a Manuel Merino, designado presidente por el Congreso, a renunciar: su paso por el ejecutivo fue breve, apenas cinco días, del 10 al 15 de noviembre.
"Hemos demostrado que realmente se puede lograr algo, que era lo que nos achacaban, 'para qué vas a salir a marchar si no cambia nada', pero esta vez sí, hemos sido millones en las calles de Perú exigiendo por nuestros derechos", dice María Paula, en la tarde del sábado, a una semana del asesinato de Inti y Jack Bryan.
María Paula está en la plaza San Martín que, nuevamente, es epicentro de protestas en la capital peruana, con manifestaciones artísticas, proclamas, expresiones de hartazgo, esperanza, necesidad de cambio. Es joven, como la mayoría de quienes están presentes, y se identifica como parte de una nueva generación, la llamada públicamente "generación del bicentenario", debido a que el 2021 será el bicentenario de la independencia de Perú.
"Somos una generación que no ha vivido el período de violencia fuerte, lo que fue la guerra interna, entonces digamos que no nos choca tanto el hecho del miedo o los prejuicios que hay con respecto a la gente que justamente participaba políticamente", explica. Al hablar de la violencia se refiere a los años de lucha armada que comenzó en los 80, y la dictadura de Alberto Fujimori en los 90.
Para esa juventud, así como para el conjunto de quienes movilizaron, Inti y Jack son un símbolo, expresan tanto a una generación movilizada, como a la respuesta que existió por parte de la Policía Nacional, una de las instituciones más cuestionadas en las protestas.
La represión
"Hemos perdido la vida de dos compañeros, como se han venido perdiendo muchas vidas a través de otras protestas en otros lugares del Perú, pero claro estamos en Lima, el centralismo hace que se ponga mucha atención aquí", explica María Paula.
"Lo que sucede es que normalmente estos casos se producen en regiones donde viven personas pobres, indígenas, además, en las zonas rurales, en las comunidades, la policía utiliza con frecuencia armamento de guerra para reprimir las protesta", cuenta Mar Pérez Aguilera, abogada de la Coordinadora.
El hecho de que la represión haya sucedido en Lima implicó un impacto nacional. La dimensión fue además muy grande: junto con el asesinato de Inti y Jack, ha habido 114 heridos, entre los cuales dos tienen lesiones cerebrales, uno quedó parapléjico, y varios han quedado con traumas oculares irreversibles.
La situación provocó dos demandas centrales: la de justicia, así como una transformación de la Policía Nacional. Para la Coordinadora la dimensión de la represión no fue un asunto aislado, sino parte de una cadena de mando policial y civil:
"Estamos viendo en la Policía y en altas autoridades del Ejército el discurso de la manzana podrida, se quiere hacer creer que la represión que hemos vivido recientemente ha sido producto de decisiones personales de algunos malos elementos dentro de la policía, pero esto no tiene sustento si vemos cuál ha sido la magnitud de la represión policial".
Según la Coordinadora se está entonces "ante una responsabilidad que va al más alto nivel de gobierno y no ante acciones personales de algunos efectivos policiales". Es necesario, por lo tanto, abordar el asunto según esa dimensión.
¿Qué hará el nuevo gobierno?
"Nunca debemos usar una unidad policial especializada para tareas totalmente distintas de mantener el orden público en manifestaciones y expresiones de la ciudadanía que están plenamente comprendidas en nuestra Constitución. No debemos utilizar a unidades en fines que no les corresponden y terminan en tragedias", afirmó Francisco Sagasti el sábado en la tarde, en un acto ante la Policía Nacional y la Fuerza Armada.
Según la Coordinadora, "ha habido buenas señales desde la asunción de Sagasti, que nos hacen tener expectativa en que pueda avanzarse hacia algunas medidas concretas de reparación para las víctimas, y también en garantías de no repeticiones, es decir una serie de reformas en la policía que permitan garantizar en el futuro una gestión adecuada de las manifestaciones.".
Sin embargo, Aguilera expresa menos expectativas acerca de que se determinen responsabilidad sobre lo que sucedió en los días de represión que impactaron a todo el país:
"No parece haber en el momento una suficiente fuerza dentro del ejecutivo, y la correlación de fuerzas dentro del Congreso es muy débil para plantear un informe oficial, o un análisis oficial de los hechos y la identificación de las responsabilidades involucradas, una especie de comisión de la verdad".
El pedido de justicia es uno de los principales en las movilizaciones. Quienes estuvieron en las calles, exigen que no exista impunidad: "estamos acá porque queremos pedir justicia y que los responsables se hagan cargo de todo lo que pasó, sobre todo en el evento del 14 de noviembre", dice Kathlen Apaza Vera, universitaria, que vino a la plaza San Martín con Solange Palomino Chahua, su amiga.
"Ahora nos hemos organizado, ya no aguantamos, yo también estoy harta, ya hay que parar y tomar una acción, por eso estamos aquí, para hacernos escuchar", dice Chahua. Esa nueva generación ingresó a la política en un evento que quedará marcado en la historia del país por su magnitud, la respuesta represiva, la victoria lograda al forzar la renuncia de Merino.
¿Cuál será su traducción de esa juventud en las elecciones presidenciales y legislativas de abril? ¿Participará? ¿Se sentirá interpelada por una candidatura? Son algunas de las preguntas que tendrán respuestas en las próximas semanas y meses.
