"Existen serios indicios de daño económico causado al Estado por la adquisición de agentes químicos y otros no letales, con sobreprecio a ser determinado por la Contraloría General", dictaminó una comisión investigadora especial de senadores y diputados, en un informe aprobado por el plenario del parlamento.
Áñez rechazó la decisión parlamentaria, acusando al Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla la legislatura y volverá en pocos días al Gobierno, de intentar el silenciamiento de sus rivales políticos.
"El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría", escribió la presidenta transitoria en Twitter, cuando el parlamento aún debatía el informe.
El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) October 26, 2020
Añadió, en defensa de los ministros con mayor peso político en su gabinete, que el suyo "es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad".
El dictamen aprobado por el parlamento incluyó además al presidente de la Aduana, Waldo Ramos, por presuntas irregularidades en la importación de los materiales antidisturbios.
Según el informe, los ministros Murillo y López habrían violado la ley al realizar una compra de gases lacrimógenos y otros materiales, en vez del Comando de la Policía que era el que hizo la solicitud de esa importación.
Los ministros cometieron además desacato a la Constitución por negarse a presentar informes a la comisión investigadora, añadió.
El parlamento, reunido en sesión bicameral, resolvió remitir el informe de la comisión investigadora a la Fiscalía General la Contraloría y la Procuraduría del Estado, para que amplíen eventualmente la investigación y abran los procesos penales que correspondan contra los ministros y el jefe aduanero.
Murillo y López fueron censurados previamente por el parlamento, por no asistir a sesiones de interpelación, aunque fueron ratificados en sus puestos por Áñez.