La titular de un juzgado de Madrid impuso para este centenar de responsables del tráfico aéreo multas de entre 15.000 y 31.500 euros al considerarlos responsables de un abandono del servicio público por impedir la circulación de aviones durante unas 20 horas.
Según informó el poder judicial español en un comunicado, la magistrada concluye en su escrito que los controladores acusados "adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta directiva y delegados sindicales".
Más de un centenar de ellos reconocieron haber participado de forma coordinada en los esta acción con el objetivo de "ejercer presión" sobre AENA, la gestora pública de aeropuertos del país, y el Gobierno de España.
Entre las 17 y 17:15 (hora local) de ese día, cada uno de los trabajadores presentó a su responsable de sala un documento argumentando una "disminución significativa de sus capacidades psicofísicas" para desempeñar su puesto, explica la sentencia.
La presentación de este tipo de formulario obliga a Aena, según la Ley de Seguridad Aérea de España, a sustituir de forma inmediata a cualquier controlador que alegue estos motivos.
La juez recoge en su escrito que los condenados actuaron de forma "colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica" y "al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal".
Se desprende de la investigación judicial que "los controladores desplegaron una conducta de presión laboral hacia AENA" y que su objetivo al abandonar sus puestos de trabajo era el de "paralizar el tráfico aéreo" para presionar al Gobierno a no aprobar el Real Decreto con el cambio de su regulación laboral.
"La actuación de los acusados no solo afectó a los ciudadanos que no pudieron viajar (...), sino que también se derivaron graves consecuencias económicas para el turismo de la comunidad de Madrid, en uno de los puentes del año con mayor afluencia de viajeros en la ciudad", manifiesta la juez en su escrito.
Los hechos que sucedieron ese 3 de diciembre provocaron además que el presidente Zapatero declarara el estado de alarma por primera vez desde la restauración de la democracia en España, para poder obligar a los controladores a volver a sus puestos bajo la autoridad del Ejército.
Pese a que el tráfico volvió a la normalidad a los tres días, el incidente tuvo graves consecuencias económicas con alrededor de 4.500 vuelos cancelados y más de 600.000 viajeros que tuvieron que alterar sus trayectos y reservas.
Según indicó el poder judicial, los afectados por esta resolución podrán interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
