No hay un solo medio de comunicación internacional que no se haya hecho eco de la crisis político-sanitaria de España. La llamada "Marca España", argumento de venta de un país debería cerrar por un tiempo para no sentirse sonrojada.
La batalla de Madrid
El Gobierno del socialista Pedro Sánchez amenaza con intervenir la Comunidad autónoma de Madrid, dirigida por el Partido Popular, para frenar la grave situación sanitaria de la capital española, solo tres días después de haber llegado a un acuerdo para coordinar su actuación. El país vive atónito un pulso entre el Gobierno central y otro regional sin que al ciudadano de a pie le convenzan los argumentos de cada parte, o los atiendan solo por afinidad política.
El Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos anunció el pasado 5 de julio que "el virus había sido derrotado". Era la orden de salida para que el presidente de Gobierno pudiera comenzar sus vacaciones como signo de normalidad. Si el Gobierno central asumió al principio de la pandemia el control absoluto de la gestión del virus, optó más tarde por dejar que cada comunidad autónoma se hiciera responsable de su territorio.
Hoy, en España, existen 17 maneras de afrontar el COVID y Sánchez se arroga la posibilidad de intervenir en una de ellas, en un gesto que la oposición conservadora explica por su deseo de desbancar al Gobierno autonómico del PP.
Concesiones e independentismo
Para la oposición, el episodio político-sanitario de Madrid, sirve también al Gobierno para dejar en segundo plano sus negociaciones para obtener el apoyo parlamentario a sus presupuestos generales. España sigue viviendo de los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy. La aprobación del plan económico le daría a Pedro Sánchez la garantía de acabar la legislatura.
El plan catalán de Sánchez pasa también por un posible acuerdo para el retorno del fugado líder independentista, Carles Puigdemont, al que la televisión pública ha ofrecido protagonizar un espacio ad hoc. Y dentro de ese mismo plan hay que interpretar la negativa del Gobierno a la asistencia del Rey Felipe VI, a la entrega de diplomas a los nuevos jueces, una ceremonia que siempre ha sido presidida por el jefe del Estado. Después de varios días de silencio, el Ministro de Justicia justificó la decisión gubernamental por la posible coincidencia de fecha con la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat.
Monarquía V. "Republiqueta"
El hecho de que se hiciera público el deseo manifestado por Felipe VI de asistir a la reunión fue interpretado por Unidas Podemos como un ataque del Rey al Gobierno. Una ocasión más para Pablo Iglesias en su lucha política por la República, algo que nunca ha ocultado, pero que implica también a Pedro Sánchez y al PSOE, y que hizo reaccionar al ex primer ministro socialista, Felipe González, quien declaró al diario argentino Clarín que prefiere la monarquía actual a una "republiqueta plurinacional", en directa alusión al líder de Podemos.
🇪🇦 Miembros del Gobierno español acusan a Felipe VI de romper su neutralidad 👇 https://t.co/XXJmL2J40i
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 25, 2020
La ceremonia de Barcelona se convirtió en un homenaje al monarca y sirvió para subrayar también otro de los problemas que afectan al normal funcionamiento del país, la independencia judicial. Que la diputada socialista y exministra de Justicia en el primer Gobierno de Sánchez fuera designada como Fiscal General del Estado fue una decisión que avergonzaría a cualquier dirigente político del entorno europeo del que España dice formar parte. En contra de lo que debería ser, Sánchez ya manifestó que el Fiscal del Estado "depende del Gobierno", para después desdecirse de lo que, de hecho, es la realidad.
Un panorma económico desolador
La batalla ideológica sirve también para dejar en segundo plano la crisis económica y social que viven los españoles y que nadie duda se agudizará. Esperando el maná europeo para hacer frente al desastre provocado por el confinamiento, España bate también otro récord en Europa, el del desempleo, con una cifra que supera el 16%, solo superado por Grecia.
Pasear estos primeros días de otoño por el centro de las principales ciudades españolas es un ejercicio deprimente ante la cantidad de comercios cerrados por la crisis sanitaria. Se podrá argumentar que otros países vecinos viven la misma situación. Pero lo que no es justificable es la polarización política azuzada por intereses que nada tienen que ver con el sufrimiento y los intereses de la población.
España vive la pandemia desarticulada por ambiciones políticas personales, con un gobierno fragilizado y dependiente del chantaje independentista y con una oposición dividida e incapaz de ofrecer soluciones. Una serie de elementos que para muchos ofrecen las condiciones ideales para propiciar una crisis institucional; un empeño muy alejado de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.
