La reportera brasileña Carolina Vila-Nova publicó a fines de septiembre un artículo en que relató que la abogada y pastora evangélica Damares Alves —quien ocupa el cargo de ministra de Familia, Mujer y Derechos Humanos del Gobierno Federal brasileño encabezado por Jair Bolsonaro— accionó tras bastidores buscando evitar que se practicase un aborto a una niña de diez años que había sido violada por un familiar.
Esta solución es la misma que ofrece el Centro de atención a la mujer (CAM), una red de organizaciones vinculadas a la Iglesia católica que de manera soterrada se presentan ante el público como una vía de acceso al método legal cuando en realidad, ofrecen a las mujeres información que presenta a la moral como ciencia. Por un lado, afirman que existe un "síndrome post aborto" cuya primer sintoma es la "culpabilidad". Por otro, exhiben en sus clínicas imágenes que representan al feto abortado con rasgos humanos cuando la ley permite un aborto en los tres primeros meses (hasta las doce semanas) cuando el feto tiene el tamaño de una semilla o un frijol.
El crimen contra la niña de São Mateus
La legislación brasileña prevé el caso desde el año 1940: una de las causales para el aborto legal en Brasil es la violación, así como el peligro de vida para la madre. Ambos se combinaron en el caso de la niña, que fue difundido de manera anónima por el diario local A Gazeta, uno de los principales de Espíritu Santo, el 9 de agosto.
el envío de sus dos representantes y publicó incluso una foto de ellos al llegar a São Mateus. La niña estaba en custodia estatal desde que se había comprobado su embarazo de 22 semanas cuando acudió al Hospital estadual Roberto Arzinauth Silvares, llevada por su abuela, manifestando que le dolía el vientre.
Medios brasileños han señalado cómo esa niña representa una dolorosa cara de una violencia común: pobre, huérfana, criada por una abuela que se sostenía vendiendo cocos en la playa del pueblo, la niña había callado la violencia sexual sufrida desde que tenía seis años porque temía que el violador —un hombre de 33 años, esposo de una tía— matase a su abuelo.
Según datos publicados por el Anuario brasileño de Seguridad Pública, cuatro niñas menores de 13 años son violadas en Brasil a cada hora. Esto implica que el 53% de las víctimas de violación en el país tiene menos de 13 años y que el 76% de esas niñas tenía algún vínculo previo con el criminal, que era un amigo o un familiar.
El 14 de agosto, el Juez Antonio Moreira Fernandes falló a favor de la interrupción del embarazo de la niña, argumentando que su voluntad era soberana y ella manifestaba sin dudas su interés de no continuar el embarazo.
Sin embargo, según lo investigado por la reportera Vila-Nova, la presión de la ministra Alves no cedió a pesar de esta definición judicial. Los activistas religiosos acudieron a la casa de la niña para intentar convencer a la abuela de que "salvase a su nieto" y no permitiera el aborto, invocando el nombre de la Funcionaria del Gobierno Federal.
Tras el rechazo a practicar el aborto en el Hospital de São Mateus así como en el Hospital Universitario (HUCAM) del municipio de Vitória de Santo Antão, las autoridades sanitarias locales y de protección de la infancia consiguieron el contacto con el Centro Integrado de Salud Amaury de Medeiros en Recife (capital del estado de Pernambuco) referencia para casos de aborto legal en niñas de la región.
Mientras la niña de São Mateus viajaba hacia Recife con su abuela y una asistente social, todos sus datos personales y la dirección del centro asistencial fueron difundidos por una youtuber, Sarah Giromini, que se desempeñó como asesora de la ministra Alves, quien se refiere a ella públicamente de "hija". Aunque Giromini enfrenta ahora una investigación ministerial por haber difundido en una transmisión esos datos sensibles, persiste la pregunta de cómo llegó a ella esa información.
El doctor Moraes practicó la interrupción del embarazo de la niña el domingo 16 de agosto, quien fue dada de alta pocos días después. El agresor que estaba prófugo, fue aprehendido el 18 de agosto en Betim, estado de Minas Gerais.
Centros de atención a la mujer
Una camioneta acondicionada con una camilla y un aparato de ultra sonido permanece estacionada fuera de las Clínicas públicas de la Ciudad de México que ofrecen el servicio gratuito de interrupción del embarazo, consagrado en la capital mexicana desde el año 2007.
Junto a la camioneta, una persona reparte folletos del Centro de atención a la mujer que ofrecen su compañía y asesoramiento sobre la interrupción legal del embarazo.
En esa casa —ubicada en Bahía de Magdalena #161— se ofrece un asesoramiento que busca convencer a la mujer de continuar con el embarazo no deseado, argumentando una serie de secuelas físicas y psicológicas que fomentan el miedo en quien acude buscando acompañamiento y apoyo. El procedimiento utilizado en el sistema público de la Ciudad de México es un mecanismo sencillo que se hace en un día (con una cita una semana más tarde de control clínico) con la ingesta de dos dosis de fármacos: mefipristona primero, que la mujer debe tomar en la clínica frente al médico y que inhibe la acción de la progesterona, para facilitar la contracción del útero; y una ingesta de misoprostol vía sublingual a las 24 horas de la primera, que causa la contracción del útero y expulsa el feto.
De aceptar, la mujer es vinculada con otra organización llamada Mater Filius, otra asociación civil fundada en el año 2003 que tiene su sede en el sur de la Ciudad de México y declara sostenerse de donaciones. Las mujeres pueden permanecer viviendo en su casa de manera gratuita mientras dura su embarazo realizando tareas de limpieza y mantenimiento, pero viven en un estricto régimen de internado con escasa posibilidad de contacto con personas o familiares.
Tanto el CAM de la Ciudad de México, como el existente en Montevideo que fue investigado por las reporteras Betania Núñez y Mariana Cianelli, del Semanario Brecha, tienen dos elementos en común de funcionamiento:
- Las organizaciones tienen motivo anti-abortista,
- Evitan explicitar su vinculación con instituciones religiosas, así como es opaco el flujo de capital que las sostiene.
Para el especialista, Julián CruzAlta, las opiniones de la Iglesia católica "ya no logran convencer directamente a su propia gente", señal de un avance importante en la sensibilidad pública en torno a la aceptación del derecho a la mujer a abortar por su sola voluntad en distintos rincones del Continente americano.
El Fray CruzAlta apuntó que los discursos conservadores como los del CAM que buscan inhibir el acceso a derechos ya consagrados en las leyes locales deben apelar a prácticas que tocan con sentimientos o temores de las personas: "desatan miedos y fantasmas", sostuvo.
En cuanto al aborto, el catolicismo ha asumido una actitud que busca despojarse de las ropas de la religión y emparentarse a disciplinas "civiles" como la medicina o el derecho: "ya no hablan los obispos ni los curas", concluyó.
