En una sentencia, la Audiencia impone ocho años de cárcel al expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro y penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros 11 acusados de la antigua cúpula de Pescanova.
La resolución expone una serie de prácticas realizadas desde la dirección de la empresa pesquera, que opera en una veintena de países, para seguir obteniendo financiación bancaria durante la crisis económica de 2008.
Una vez obtenida la financiación que requería Pescanova, los condenados manipularon las cuentas anuales y otros documentos oficiales de la empresa para reflejar "unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real", recoge el fallo.
Tras ser oficialmente publicados, estos datos falsificados "permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones".
Estas actividades permitieron a Pescanova "obtener financiación bancaria a través de créditos documentarios millonarios, a espaldas de las propias filiales y sin que sus cantidades coincidieran con los datos que aparecían en la contabilidad de Pescanova".
Los condenados también participaron en la fabricación de empresas ficticias con las que simulaban operaciones de compraventa de pescado para poder "contratar pólizas de crédito y líneas de factoring que eran abonadas con pagarés que descontaban en los bancos".
Este entramado de manipulaciones y falsedad sirvió para ocultar la situación real de Pescanova, que presentó resultados positivos a raíz de los cuales personas físicas y jurídicas invirtieron importantes sumas de dinero, que posteriormente perdieron.
Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional condena a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores a satisfacer cantidades de dinero en concepto de responsabilidad civil por valor de hasta 51 millones de euros, correspondientes a las grandes cantidades que llegaron a perder algunos inversores.
