"Emplazamos a los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid que adopten las recomendaciones que les hemos dado y revisen las medidas que han tomado", dijo el titular de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista concedida el 27 de septiembre por la noche a La Sexta.
La amenaza es algo difusa, pero abre la puerta a una posibilidad apuntada por la prensa local durante el fin de semana: la intervención de las competencias sanitarias de Madrid, que sigue siendo el epicentro del COVID-19 en Europa con 721 casos por 100.000 habitantes en 14 días.
"No venimos a imponer ni a tutelar, pero tienen que dejarse ayudar por la experiencia que tenemos de estos meses y con los medios. Queremos ayudar a la Comunidad de Madrid y a los madrileños", añadió el ministro.
Colaboración rota
El pasado viernes quedó claro que la colaboración entre las autoridades regionales (en manos de una coalición liberal-conservadora) y el Gobierno central de Pedro Sánchez (una coalición progresista) está prácticamente rota.
Mientras las autoridades regionales —que ostentan las competencias sanitarias— comparecían para anunciar una tímida extensión de las medidas contra el COVID-19, el ministro Illa organizó una rueda de prensa paralela para explicar que éstas le parecían insuficientes.
En su mayoría son zonas con una incidencia cercana a los 1.000 casos por 100.000 habitantes.
La puesta en marcha de estas medidas fue muy polémica tanto por las dudas en su eficacia —la población se sigue moviendo para trabajar— como por el hecho de que se centran en zonas obreras del sur de Madrid, obviando a zonas de mayor renta con tasas similares de contagios.
Para el Ministerio de Sanidad es necesario decretar el cierre perimetral de la ciudad de Madrid y, además, se debe rebajar a 500 la incidencia de referencia para aplicar restricciones en el resto de la región, lo que supondría multiplicar el número de zonas aisladas.
"En Madrid no es suficiente con estabilizar la situación, hay que actuar ya. Si no, será peor", dijo el ministro Illa.
Fórmulas creativas
Pese a estos toques de atención, desde la Comunidad de Madrid se siguen negando de lleno a cualquier actuación que implique ya no sólo la imposición de confinamientos sino otras alternativas menos lesivas como el cierre perimetral de la capital.
"Tenemos que ir a fórmulas intermedias creativas. Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Eso es lo fácil", dijo en una entrevista con Antena 3.
A su modo de ver "el confinamiento total no es posible" y los criterios sanitarios no deben ser los únicos que guíen las medidas contra el virus porque también hay "una pandemia económica" que "nos está arruinando".
Además, Ayuso volvió a cargar contra Pedro Sánchez, asegurando que Madrid es el foco de los ataques del Gobierno central por motivos políticos mientras que a otras comunidades con una alta incidencia de contagios, como Navarra, no se les pide adoptar medidas más estrictas.
¿Y ahora qué?
Tras volver a airear el desacuerdo institucional quedan varias preguntas en el aire. La primera es saber si, pese a todo, las autoridades lograrán ponerse de acuerdo para atajar la crisis.
En la tarde de este 28 de septiembre hay una reunión entre los responsables del departamento de Sanidad de ambos gobiernos para analizar las restricciones en Madrid e intentar consensuar una hoja de ruta avalada por ambas partes
"Urge un alto el fuego político. Los madrileños merecen que acordemos conjuntamente las medidas para proteger su salud. Estemos a la altura", señaló Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
En caso de no llegar a puntos de acuerdo, el ultimátum del Gobierno central apunta a una posible intervención, lo que da lugar a otra pregunta: ¿cómo se puede ejecutar algo así?
Por el momento, el Palacio de la Moncloa descartó recuperar una herramienta traumática como es el artículo 155 de la Constitución, utilizado para intervenir la Generalitat de Cataluña tras el proceso independentista de 2017.
Otra vía puede ser la activación de un Estado de Alarma focalizado sólo en Madrid.
No obstante, esta es también una opción traumática y de un alto coste político, ya que Pedro Sánchez lleva meses ofreciendo esta vía a los territorios con rebrotes de COVID-19, pero siempre bajo la premisa de que la situación de alarma sería gestionada junto a los líderes regionales.
Otras opciones pueden conjugarse a través de una modificación del "decreto de nueva normalidad" que rige las normas básicas contra el COVID-19 tras el confinamiento o recurriendo a la Ley General de Salud Pública.
En cualquier caso, todas son opciones extraordinarias, sin apenas precedentes, y que posiblemente acabarían siendo confrontadas en los tribunales por la Comunidad de Madrid.
De hecho, el consejero de Justicia de Madrid opinó este 28 de septiembre que "no se puede intervenir una autonomía", sino solo "tomar medidas coordinadas".
Sanitarios perplejos
A la espera de ver cómo se desarrolla esta crisis institucional, el virus sigue su expansión y algunos miembros de la comunidad médica se declaran "atónitos" porque, más allá del humo de la polémica, las medidas propuestas por ambas partes les parecen insuficientes.
"Verdaderamente atónitos e indignados asistimos los profesionales sanitarios a este tipo de debates, no sé qué hace falta en España para que se sigan los criterios científicos en la toma de decisiones", dijo este 28 de septiembre Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España.
Esto supondría retroceder a las normas vigentes a principios de junio, con restricciones más estrictas a nivel comercial pero sobre todo en el ámbito de la movilidad, estando prohibido moverse entre provincias o salir a pasear a la calle fuera de ciertos horarios establecidos.
Es decir, desde el Colegio de Médicos se piden medidas que van mucho más allá de las propuestas que actualmente centran el debate sanitario —o la falta del mismo— en la región más afectada por la pandemia en Europa.
