"Esto es un paripé. O todos o ninguno": el confinamiento selectivo de Madrid empieza con controles y dudas

Una mujer ondea por la ventanilla un papel como si fuera la bandera blanca de la batalla. El salvoconducto para llegar a un destino seguro. Desde el asiento de copiloto de un todoterreno, anuncia su permiso para transitar por la ciudad. Aun así, la policía municipal les corta el paso.

"¿Conocen ustedes las medidas adoptadas por la Comunidad y las restricciones para frenar el coronavirus?", les pregunta uno de los agentes, "para cosas de fuerza mayor, como médico o trabajo, necesita autorización".

Es cuando esa hoja tendida al viento hace su función: pueden continuar sin problemas hacia la Avenida de la Albufera, médula espinal del Puente de Vallecas. Este barrio del sur de la capital española es uno de los más afectados por el confinamiento selectivo de la Comunidad de Madrid.

Nueve zonas sanitarias de este distrito engrosan la lista de las 37 totales (repartidas por Villaverde, Usera, Carabanchel o municipios como Alcobendas o Fuenlabrada) que desde el 21 de septiembre sufren limitaciones.

La entrada en vigor de la orden publicada el 19 de septiembre en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que implica a 855.193 personas, se ha hecho efectiva con dudas, quejas y controles de las fuerzas de seguridad. Se han repartido por los distintos puntos en los que la prevalencia de coronavirus es alta dentro de una región que acumula más de 187.000 contagios y casi 9.000 fallecidos (el 30% del país).

​"Se han situado en 60 lugares de las áreas confinadas y la intención es informar. Queremos que la gente sepa que el virus sigue activo y que no solo se transmite por el aire, que hay que hacer un esfuerzo para frenarlo", comenta Carlos Mera, portavoz de la Policía Municipal de Madrid, desde una acera situada entre Pacífico y Vallecas donde se arremolinan curiosos y conductores atascados por el embudo que provoca el corte con conos y furgonetas oficiales.

"No habrá sanciones durante estas 48 primeras horas y, a partir de entonces, el afán no es multar sino informar. Queremos que la ley se base en el sentido común y la solidaridad", recalca.

A su lado, varios miembros de protección civil atienden dudas de viandantes. "Generalmente, están vinculadas a la movilidad", cuenta uno de ellos, "nosotros resolvemos las cuestiones, porque el espíritu de la norma es apelar a la responsabilidad". Justo en ese instante, Manuela, jubilada y con un carro, pregunta si puede ir al mercado. "Si no es de aquí, no", le dicen. !Vaya, yo es que vivo en otra calle, pero me pilla mejor este", suspira. "Bueno, iré al Ahorra Más", concluye antes de darse la vuelta.

"He salido a las seis y he estado toda la mañana fuera, aunque soy de aquí", expresa al volante José Manuel Fernández, taxista de 64 años. "Aunque creo que esto es imposible. Habría que cerrar todo", resume antes de acelerar ante el visto bueno de otro agente. "Es complicado dar todas las respuestas de forma específica, pero intentamos que la gente lo sepa, que se informe en internet y que sea precavido", alega uno de ellos, que frena a una chica en bici. "Soy psicóloga y trabajo por varios sitios de Madrid", señala Ana María García, de 25 años.

Su consulta es sobre el "miedo" a no poder llegar a algún paciente. "No tengo autorización porque trabajo por mi cuenta. Me han dicho que lleve encima la última factura de autónoma", expresa azorada. Ricardo Barragán, de 59 años, tiene una inquietud parecida. El local de una asociación cultural de la que es socio está en otra zona y no sabe si podrá ir. "Queríamos ver si podemos ir los del barrio y los que son de fuera y si hay que tener una autorización oficial o vale con una hecha por nosotros", inquiere, sujetando una carpeta con un folio impreso y sellado.

"O todos o ninguno. Esto es un paripé", se quejan dos propietarios de un restaurante en La Puebla de Montalbán, de la provincia de Toledo. "Nosotros tenemos que venir a cuidar de nuestra madre y no sabemos si podremos volver, si nos multan. Esto es un camelo para salir en la tele", protestan. "Es un sinsentido, nos están segregando para nada", añaden Andrea Fernández y Wilson Ochoa, pareja de 23 y 39 años, "porque vivimos aquí pero puede que nos toque ir a trabajar a un bar del norte y se contagia igual".

Fabricio mira desde la distancia con la misma opinión. "Tengo una niña en Lucero y no sé cómo ir", reflexiona mientras pasea al perro "sin parar, por si acaso". En principio, las restricciones permiten causas mayores como la asistencia familiar. Aunque los controles, como coinciden desde la policía, son muy complicados. En el metro, por ejemplo, no hay apenas efectivos. El paso es libre a cualquier punto de la ciudad. Lo que enerva a la propietaria de una farmacia a pocos metros de esta línea divisoria. "Llevamos una mañana muy tranquila. Los que compran de ese lado, nada", lamenta.

​Le asusta también la segunda oleada de COVID-19, por eso se ha abastecido de mascarillas y geles desinfectantes. "Lo que no quedan son termómetros", indica, intentando no recordar lo que pasó hace unos meses y esperando que no se repita. "El problema ahora es que parece que solo somos culpables unos pocos y no los que gobiernan, que no han hecho nada", sentencia.

Sensación compartida por los vecinos y por otros colectivos. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP Madrid), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), los sindicatos madrileños de CCOO y UGT y los partidos PSOE, Podemos, IU y Más Madrid han pedido un plan "riguroso" y basado en "criterios científicos" para afrontar la pandemia en "toda la región".

Solicitan que Madrid incorpore "los 2.000 rastreadores que recomiendan los expertos", que se refuercen los centros de salud "para su plena operatividad" y que se garantice el cumplimiento de las medidas generales dictadas por Salud Pública.

​Todos han manifestado conjuntamente el "rechazo" a las medidas "restrictivas" adoptadas por la Comunidad, que consideran "inútiles por su claro tinte segregador" y que ya han provocado la movilización de sanitarios. Así, han reclamado "un trato justo y no discriminatorio" para los habitantes de estas zonas. "Se sienten estigmatizados, señalados y acusados falsamente de irresponsabilidad en sus relaciones sociales y familiares", han asegurado antes de convocar una huelga para el próximo día 27 de septiembre.