Nuevo grupo bancario en España: ¿qué intereses hay detrás de la fusión de Bankia y Caixabank?

El resultado de la operación podría redundar en la creación del mayor banco español por volumen de activos. En la actualidad Caixabank es la tercera entidad del país y Bankia la cuarta, atendiendo a este aspecto.

El acuerdo de fusión se ha votado en los consejos de administración de los respectivos bancos, luego de haber encarrilado las condiciones mediante unas largas negociaciones durante el verano. A tal fin se dispuso una auditoría legal que estudió los pormenores de la operación, fruto del intercambio de información sobre las cifras de cada entidad. A tal fin Bankia ha contado con los servicios de EY y Rothschild, y CaixaBank con los de Morgan Stanley y Deloitte. El canje de acciones ha sido uno de los últimos puntos en limarse. La marca comercial del nuevo banco la ostentará CaixaBank.

El efecto bursátil de la convocatoria de los consejos de administración de ambos bancos ha sido evidente: su cotización ha ganado enteros en el caso de Bankia (un alza cerca del 2,5%) y CaixaBank abandona los números rojos. Y todo esto en un contexto en que el resto de entidades bancarias cotizan a la baja. Tras el acuerdo, los accionistas deberán dar el visto bueno a la operación, que llegará como pronto a finales de octubre, habida cuenta de que la convocatoria de las juntas extraordinarias de accionistas debe realizarse con al menos un mes de antelación.

Pero, de entrada, la operación podría no ser lo que parece, al menos desde el punto de vista semántico. "Las fusiones no existen, siempre se trata absorciones", declara a Sputnik el economista Santiago Niño Becerra. "Una empresa, bancaria o no, absorbe a otra. Punto", afirma tajante.

"Es verdad que la absorción puede ser más o menos agresiva o más o menos pactada, pero siempre se trata de alguien que absorbe a otro. En este caso, CaixaBank va a absorber a Bankia".

Las cifras de la operación

Los activos del nuevo gigante bancario ascienden aproximadamente a 650.000 millones de euros y contará de inicio con unas 6.600 oficinas, de las que 4.400 corresponden a  la entidad catalana CaixaBank y más de 2.200 a la nacionalizada Bankia, con sede en Madrid y Valencia.

La plantilla conjunta supera los 51.000 empleados (35.600 de la primera y unos 16.000 de la segunda). La fusión de los dos negocios implica primeramente una unión societaria y luego otra estructural. Este proceso provocará fuertes cambios tanto en el número de oficinas como en el de empleados, dado que ambos bancos gozan de una presencia significativa en algunas regiones, como Madrid y Levante.

En otras palabras, muchas oficinas cerrarán y habrá despidos en el sector, ya castigado. Se incentivarán las prejubilaciones y las bajas, aunque los sindicatos señalan que ya hubo un recorte de personal en los dos bancos hace dos años que afectó a más de 4.000 empleados. El economista Santiago Niño, estima los posibles despidos en "10.000 empleos entre las dos entidades", junto con una "reducción de la competencia".

Con el aliento comunitario

Esta operación de concentración bancaria se materializa en un contexto en el que el Banco Central Europeo (BCE) recomienda a las entidades financieras del continente fusionarse. La idea es hacer rentable un negocio que se ha deteriorado desde 2008.

"El BCE lleva desde el 2012 pidiendo con intensidad creciente que se creen entidades bancarias mayores a través de fusiones de bancos dentro de los países europeos y de bancos entre países europeos", explica al respecto Santiago Niño Becerra. "Los bancos han ido mirando hacia otro lado porque cuando se producen fusiones siempre hay altos cargos directivos que pierden, al margen de que grupos accionariales pueden perder peso en el proceso según en qué lado se hallen".

Este catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona señala que tras la operación de fusión subyacen motivos tanto económicos como políticos, que no entra a valorar. "Los bancos han ido mirando hacia otro lado hasta que los tipos de interés reales negativos les han hecho ver que con la estructura tradicional un banco no tiene futuro. La única salida que queda es una cadena de absorciones que permitan reestructurar las entidades y reducir costes", afirma.

Por su parte, el economista y también sociólogo Daniel Albarracín considera que el Gobierno español parece haber aprovechado "la recomendación europea de construir grandes entidades capaces de competir internacionalmente, abordando los problemas de solvencia y rentabilidad mediante reestructuraciones y desinversiones selectivas" para "desentenderse de algo que considera es mejor lo hagan los bancos privados". En declaraciones a Sputnik, Albarracín sostiene que el movimiento cabe valorarlo también en relación con la posición de Bankia tras su rescate por parte del Estado en 2012.

¿Recuperará el Estado las ayudas a Bankia?

Esta entidad bancaria, resultante de la fusión en 2010 de siete cajas de ahorro, fue rescatada con dinero público en 2012. "Del montante de lo que supuso el rescate, unos 24.000 millones de euros, apenas se han recuperado 3000 millones", recuerda Daniel Albarracín. "Y aunque aún sigue acumulando activos tóxicos de la herencia de la crisis inmobiliaria, estaba siendo rentable".

"Ahora bien", continúa explicando este economista, "el entorno de bajos márgenes comerciales y bajos tipos de interés, tampoco auguraban una rentabilidad alta, lo que, en términos financieros, supone que la recuperación del rescate llevaría tiempo. Además, el crecimiento previsible de la morosidad podría poner en riesgo incluso la obtención de rentabilidad en los próximos periodos". Y en esta situación, las condiciones propicias para que el Estado pueda recuperar el capital depositado en Bankia, se desvanecen.

"La operación presupone que no se podrá devolver el rescate. En un contexto bajista del mercado de valores, la revalorización coyuntural del 20% de las acciones de Bankia queda lejos de la multiplicación por 11 que requeriría para poder cubrir el valor del rescate", constata Daniel Albarracín.

Este especialista, también consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, apunta al inevitable hecho de la privatización de un banco que de facto es público. "Se pone un puente de plata a la privatización, aunque haya miembros del Gobierno que deseen mantener el accionariado público, que ahora queda reducido al 14% de la entidad, con Fundación La Caixa como principal propietario y decisor". Tras su rescate en 2012, el Estado controla actualmente un 60% de Bankia.

Otras variables

El valor de las acciones de Bankia estaba estancado, "pero ahora se diluye en una marca de valor", afirma el profesor Niño Becerra. "Y a CaixaBank, que había llegado a un techo de crecimiento, se le abren nuevas posibilidades al eliminar un competidor y tener una posición casi dominante en diversos lugares de España".

Pese a los recelos de su socio de gobierno Unidas Podemos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece ver con buenos ojos la operación. Para este economista, "la absorción de Bankia por parte de CaixaBank es lógica". Y aunque alberga dudas sobre la recuperación del dinero del rescate,  "de entrada, el Estado español se coloca en una posición en la que puede empezar a ver solucionado un problemón: su salida de un banco nacionalizado para evitar su quiebra y en el que se inyectaron más de 22.000 millones de euros".

Otro factor a tener en cuenta es la participación de la Fundación La Caixa en el nuevo entramado. Dirigida por Isidre Fainé, actualmente dispone del 40% del accionariado de CaixaBank, pero su participación en el nuevo grupo podría rondar el 30%. Esto es un elemento clave, pues un valor superior da opción a "recabar ventajas tributarias, que alivien los riesgos asumidos y que ya acumulaba Caixabank en activos tóxicos", recuerda Daniel Albarracín.

"Las posibilidades de concentrar las bajas entre el personal de Bankia, de edad media mayor, y las redundancias de centrales en las mismas ciudades, les hace posible generar ahorros, dentro de la estrategia de desinversión selectiva y promoción del servicio digital", afirma este economista".

La pandemia en el contexto de la operación

Para Santiago Niño, el sistema bancario español es "particularmente preocupante", dado el pequeño tamaño de sus bancos. "La posibilidad de ser absorbidos por una entidad bancaria exterior es real", afirma.

Este profesor, que siempre ha sostenido que la pandemia de coronavirus simplemente ha acelerado una crisis que estaba más que larvada, conecta la amenaza de la morosidad con el virus. "La pandemia de COVID-19 puede llevar a un aumento enorme de la morosidad, lo que afectaría muy negativamente a los bancos españoles. A los de toda Europa, pero sobre todo a los más pequeños".

"Y aún queda otro elemento a considerar: el estado real de la banca europea desde la vertiente del valor real de los activos que tienen contabilizados en sus balances y que los cuatro stress test realizados en el pasado nunca acabaron de aclarar, un aspecto que puede afectar especialmente a la banca española por su exposición al sector de la construcción", concluye Niño Becerra, para quien solo el paso del tiempo aclarará si la nueva creación bancaria será a su vez de la apetencia de otra entidad.

El desgaste político

El nuevo ente financiero puede ser un motivo de fricción entre los socios de la coalición de gobierno en España, PSOE y UP. A nadie se le escapa que los segundos, que siempre han apostado por la creación de una verdadera banca pública, están incómodos con una operación con la que, en palabras de Daniel Albarracín, "no guardan complicidades".

"Me consta que no han sido informados debidamente y tampoco se ha considerado su opinión en una medida fuera del programa de gobierno conjunto", afirma. "Ahora bien", continúa Albarracín, "el compromiso de UP con su participación en el gobierno puede conducir a un nuevo ejercicio de declaracionismo mediático para mostrar disconformidad, pero no auguro que vayan a realizar ninguna medida práctica que impida esta concentración. En la balanza ponen cosas que les sitúa en una posición de enorme debilidad y dependencia". 

Según este antiguo profesor de la Universidad Complutense de Madrid, el caso "confirma la primacía de la orientación neoliberal del gobierno en su conjunto" y difumina las medidas en materia de escudo social impulsadas por UP, "ante la ausencia de reformas fiscales que las sufraguen". "Esta absorción anticipa otras, como la que se rumorea entre el BBVA y el Banco de Sabadell".

En este ambiente los intereses son opacos y "la élite de los grandes partidos políticos coordina los intereses de las clases dominantes", remata Albarracín. [La ministra] Nadia Calviño está jugando este papel en este momento, como perfecto enlace entre la élite europea y la española". 

José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia y con muchos años de experiencia en la esfera del BBVA, podría ser el nuevo primer ejecutivo del banco fusionado. "El Gobierno lo estima como su representante", afirma Albarracín, al tiempo que recalca que Gorigolzarri, a tenor de lo declarado en una reciente Junta de Accionistas, no cree que la banca pública sea sostenible. En opinión de este directivo, recuerda Albarracín, "el interés social es una idea etérea carente de objetivos concretos".

"¿Podría eso apuntar a movimientos ulteriores de nuevas fusiones? No lo sabemos, pero sí parece que el círculo de las élites se acota claramente", concluye este economista.