Después de mucho esperar, el Tribunal Supremo de la Unión Europea se pronunció sobre las hipotecas vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), un índice que promedia los intereses que deben pagar los individuos o familias al adquirir un préstamo hipotecario con la banca privada.
Las principales bancas señaladas son Caixabank, Santander, BBVA, Bankia, Kutxabank y Sabadell. Goldman Sachs estima que, entre todas, podrían perder unos 44,000 millones de euros. Los afectados denuncian que fueron los bancos los que les convencieron de adquirir el IRPH al asegurarles que era el "valor más estable" para sus créditos, pero que en realidad fue la razón que encareció sus cuotas hipotecarias entre 200 y 300 euros al mes.
En España hay, aproximadamente, 1,3 millones de familias afectadas por el cobro del IRPH. La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez, que lleva desde 2015 denunciando estos abusos, conversa con Sputnik sobre esta sentencia.
—El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció este 3 de marzo sobre las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios y deja en manos de los jueces la decisión de declarar estas hipotecas como abusivas ¿Cómo interpretan ustedes esta sentencia?
La sentencia ha sido buena y la verdad es que estamos muy contentos. Nosotros estamos muy satisfechos con la sentencia porque les hacíamos tres preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y esperábamos que contestasen sí a las tres preguntas, y así ha sido.
—¿Cuáles eran esas tres preguntas?
Se preguntaba si el hecho de que este índice estuviera supervisado por el Banco de España suponía de manera automática que no podía analizarse si había sido comercializado de manera transparente. El Tribunal Supremo de España dijo hace un par de años que no se podía entrar a valorar la abusividad del índice, y, sin embargo, Europa lo que dice es que sí, que se puede entrar a valorar la abusividad en una cláusula. El TJUE dice que si no ha sido comercializada de manera transparente y el consumidor no ha podido conocer los efectos económicos que le va a suponer esa cláusula se puede declarar abusiva y se puede expulsar del contrato. Esto es importantísimo porque el Supremo había cerrado la puerta y tras esa sentencia se estaban perdiendo todas las demandas.
—El Tribunal Supremo de la Unión Europea abre la puerta para que sea la justicia española la que determine si hubo abuso por parte de los bancos o si no hubo transparencia ¿Qué viene a partir de ahora?
Ahora viene una alta litigiosidad en unos juzgados que ya están saturados de por sí y que esperamos que tanto el gobierno, como Comunidades Autónomas, los doten de medios, porque, o si no, realmente va a ser una tortura para muchísimos consumidores. También esperamos que los consumidores reclamen y que hagan valer sus derechos. Es verdad que tardaremos tres, cuatro o cinco años en recuperar el dinero porque los tribunales están muy saturados, pero se recuperará. Lo importante aquí es entender que es mejor recuperarlo dentro de cuatro años que nunca.
—En 2017, el Tribunal Supremo de España se posicionó a favor de los bancos ¿Qué esperan ahora de la justicia de su país?
—Las hipotecas ligadas al IRPH dejó a más de un millón de familias afectadas. Es el segundo índice más utilizado en España para calcular el tipo de interés de las hipotecas ¿cómo y por qué tantas personas optaron por ese tipo de hipoteca?
Lo que le dijeron los bancos a la mayoría de las personas que tienen IRPH es que este índice iba a ser más estable, que el Euríbor subía y bajaba mucho y que era más estresante tener una hipoteca así porque variaba más, mientras que una hipoteca referenciada al IRPH iba a ser más estable e iban a vivir más tranquilos. Tampoco les dejaron mucha más opción. Era el IRPH o nada.
—¿Las hipotecas ligadas al IRPH tiene alguna relación con la cantidad de desahucios por impago del crédito bancario para vivienda?
De hecho, el inicio de las reclamaciones empezó en el País Vasco por la Plataforma IRPH Stop.
—Se alerta que esta sentencia podría hacer perder a la banca privada entre 3.000 y 44.000 millones de euros.
Esa cifra la hizo Goldman Sachs. Nosotros calculamos que son 25,000 millones de euros. Es un problema porque hay una gran opacidad. Yo no estoy nada preocupada en este sentido porque con unos tribunales tan saturados, como los tenemos, del orden de cuatro a cinco años por delante para reclamar, los bancos tienen tiempo de sobra para recomponer la situación y salir bastante de rositas de este tema.
—La banca es uno de los grandes poderes fácticos en todo el mundo ¿podría la banca influir de alguna manera en la justicia?
Todos ejercemos un lobby, otra cosa es que el lobby sea transparente o no. Nosotros como asociación de consumidores claro que queremos ejercer nuestra influencia, pero lo hacemos de una manera transparente.
—¿Qué llamado le hacen al gobierno?
El anterior gobierno, con la cláusula suelo, dictó un Real Decreto Ley para que los bancos procedieran a negociar extrajudicialmente. Esta medida fue muy poco eficiente. Fue disuasoria para muchos consumidores y muchos, más de medio millón, se quedaron sin reclamar. Yo le pido al gobierno actual que lo que tiene que hacer es dotar de medios a los tribunales para que puedan resolver este problema de la manera más rápida, más eficiente y, sobre todo, con un juicio justo, transparente y sin arbitrariedades. Dejar, de nuevo, al consumidor frente al banco para que llegue a un acuerdo es someterlo a una situación en la que nuevamente el banco pueda abusar de él.