Las inhabilitaciones políticas se multiplican en la región. Luego de la condena judicial al expresidente brasileño Luíz Inácio Lula Da Silva, sucedió con Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, refugiado en Argentina luego de haber sido derrocado por un golpe de Estado. Los tres fueron y son referencias ineludibles, líderes de las transformaciones progresistas en sus países.
Cada caso ocurre en nombre de la democracia. El golpe en Bolivia a finales de 2019, las inhabilitaciones, persecuciones, postergaciones electorales, todo se hace bajo invocación del Estado de derecho.
"Las derechas siempre plantean que quieren limpiar la corrupción para salvar a la democracia y los atributos de estatidad, y en los hechos sucede exactamente lo contrario", explica Silvina Romano, investigadora del Conicet, de Argentina.
Forma parte de lo que denomina una "campaña de derecha contra gobiernos progresistas, funcionarios, exfuncionarios", que sucede en varios países en el continente. "Ponen en jaque a un gobierno, la gobernabilidad democrática, pero en nombre de salvar la estatidad", analiza con, por ejemplo, el caso argentino donde se multiplican acciones mediáticas, políticas, parlamentarias, callejeras contra el actual gobierno.
Los métodos de la derecha
Existe un entramado de actores que conforman el despliegue que, de conjunto, van "haciendo el cercado, alambrando la democracia, recortándola según sus intereses". Los métodos priorizados dependen del tiempo político en cada país: si se trata de derrocar, de impedir un ascenso o regreso de las fuerzas progresistas al poder político, o de acorralar para impedir que sucedan las transformaciones desde el gobierno.
Los tanques pensantes, por ejemplo, cumplen un rol central en su articulación con los medios: se trata de la "formación de opinión experta que luego se traduce en los medios de comunicación con mayor impacto en la opinión pública (…) es una manufacturación de consenso y sentido común que está siendo muy difícil de desarticular".
El caso de Bolivia es un ejemplo del despliegue del conjunto de instrumentos: la campaña contra Evo Morales acusándolo de tener un hijo no reconocido en el 2016, semanas antes del referéndum constitucional, la preparación del terreno golpista antes de las elecciones de octubre de 2019, la escalada propiamente golpista presentada mediática y diplomáticamente como una pelea por recuperar la democracia, el derrocamiento, seguido de persecuciones, postergación de elecciones e inhabilitación de Morales.
No es el único caso: "Venezuela es el máximo tipo de expresión de esa guerra híbrida, que es la guerra mediática, psicológica, cultural, de presión económica, de aislamiento diplomático", con la activación de operaciones armadas, como las más recientes de abril de 2019 y mayo de 2020.
¿Qué es el lawfare?
La investigadora argentina destaca el papel del lawfare dentro del conjunto de mecanismos. Su aplicación se dio en Brasil, Argentina, Ecuador, Perú: es "mucho más que el mal uso o abuso de la ley para eliminar al adversario político", explica, es "una guerra política por la vía judicial".
Se trata de un poder que es "como una torre de marfil a los que llegan pocos, una élite que viene de la oligarquía, de la herencia de cargos, una minoría privilegiada", analiza Romano. "En los últimos años adquiere una visibilidad inusitada y un poder de decisión en términos de la deriva política y económica de los Estados".
La articulación entre derechas, Poder Judicial y corporaciones mediáticas conforman una estrategia de persecución, inhabilitación y búsqueda de destierro político. Las corporaciones de medios construyen campañas de acusaciones contra dirigentes políticos —centralmente por corrupción—, las instalan, legitiman en audiencias masivas, y luego son validadas por el poder judicial.
"Hay una criminalización sistemática de procesos, grupos, personas, instituciones que promueven la intervención del Estado en la economía y la posibilidad de justicia social en América Latina".
Los objetivos de la derecha
Es importante destacar un rasgo de lo que se denomina "la derecha", ya que "mucha gente cree que la derecha siempre es la derecha conservadora, ultraconservadora, y es cierto, está Bolsonaro, pero la derecha también opera desde unos cánones liberales".
Este proceso ocurre luego de un principio de siglo XXI en América Latina marcado por la emergencia de gobiernos y movimientos populares, proyectos antineoliberales, con ensayos de ampliación de la democracia, la participación, articulaciones entre lo nacional, popular y la integración continental.
"Es gravísimo, están eliminando de la esfera política formal los sectores, grupos, individuos vinculados a ese proyecto, están eliminando la posibilidad del cambio en la política".
Son muchos los mecanismos para detener, revertir, impedir. "Es cada vez más evidente que esa vía democrática que se había encontrado con los gobiernos progresistas de utilizar las herramientas de la democracia liberal procedimental para radicalizar la democracia, llenarla de sustancia, hacerla inclusiva en términos políticos, económicos, culturales, eso parece que ya no se puede".
En otros casos, como en Colombia, las vías todavía no lograron ser abiertas, y la derecha intenta mantenerlas cerradas con una aplicación sistemática de violencia, como volvió a mostrar con las represiones del miércoles 9 y jueves 10 que dejaron más de diez muertos.
"Cada vez la izquierda y el progresismo se ven con un espacio más acotado para transitar y son más recurrentes los estallidos con esa ira del pueblo que sale, diciendo ya no podemos más, no nos dejan las vías democráticas que nos habíamos ganado".
Esa ofensiva está demostrando su agresividad, ampliación de métodos y articulación en una estrategia que conduce en muchos de sus puntos al Departamento de Estado estadounidense. Pero tampoco ha logrado detener la potencia transformadora del continente —única en el mapamundi— y los múltiples puntos de impugnación al neoliberalismo, ensayos democráticos, resistencia ante ataques y capacidad de victorias electorales.
