"Es un disparate", gritó desde la "pecera" de los acusados en la sala 10 del Tribunal de Criminal Central, el mítico Old Bailey de Londres.
El fundador de WikilLeaks, que se enfrenta a una pena de 175 años en prisión si es entregado a EEUU, expresó su ira con otros comentarios que captaron sin nitidez los micrófonos de la conexión virtual habilitada para periodistas y observadores independientes.
Reprimenda judicial
Sin embargo, la intervención oral del reclamado por la Justicia estadounidense causó una severa reprimenda de la jueza Vanessa Baraitser, que preside el caso en primera instancia.
La magistrada le advirtió que continuará las vistas en su ausencia si vuelve a hablar o gritar en la sala del tribunal sin su permiso expreso.
La tradición británica dicta que el acusado o reclamado comunique sus inquietudes o voluntades a través de sus abogados, pero nunca ha de hablar directamente a la corte durante la audiencia.
"Escuchará cosas, muchas cosas sin duda, con las que no estará de acuerdo y si interrumpe el proceso está en mi mano continuar en su ausencia", espetó.
El incidente se produjo mientras el abogado fiscal que actúa en nombre de Estados Unidos, James Lewis, interpretó a la baja la envergadura de los cargos imputados contra el australiano cuando interrogó a Clive Stafford-Smith, abogado con décadas de experiencia en la defensa de presos de Guantánamo y convictos condenados a cadena perpétua.
"Como ciudadano [norte]americano, me alarman profundamente los crímenes que [EEUU] ha cometido contra mis clientes; y lo digo con tristeza más que ira, nunca hubiera creído que mi gobierno haría lo que hizo: tortura, secuestro, asesinato", declaró el experto y fundador de la ONG legal Reprieve.
Polemica sobre los cargos
Lewis cuestionó la "relevancia" del testimonio de Stafford-Smith, que también abordó aspectos de la efectividad y el interés público de las filtraciones obtenidas y publicadas por WikiLeaks.
Así, el abogado de la Fiscalía británica planteó que las imputaciones estadounidenses únicamente se refieren a la publicación de "un número relativamente pequeño de documentos" de los archivos militares y diplomáticos que el exsoldado Chelsea Manning copió de ordenadores estatales.
"El señor Assange no está imputado por publicar cables u otros documentos salvo los que contienen nombres de confidentes cuyas vidas se pusieron en peligro", alegó el representante legal del departamento de Justicia estadounidense.
Mark Summers, letrado de la defensa, refutó la limitada interpretación de la acusación al retomar el interrogatorio del veterano abogado.
La Justicia estadounidense reclama al exdirector de WikiLeaks para juzgarle por un delito de conspiración para acceder a sistemas informáticos gubernamentales y 17 por difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.
Ambas partes tienen derecho a recurrir la decisión que tome la jueza en este extraordinario pulso que se disputa en la capital británica y que bien podría llegar hasta la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo.
El veredicto final indicará si la libertad de prensa tiene prioridad sobre la protección de secretos de Estado aunque estos encubran abusos de poder, como sugieren las imágenes y documentos escritos difundidos por WikiLeaks y otros medios internacionales.
