"Cómo vamos a hacernos responsables (el FA) de algo que allí (en la información que tenía el Gobierno) no constaba; lo que queda bien claro es hay una manipulación evidente de la información", dijo respecto a las declaraciones del actual ministro de Defensa, Javier García, quien en conferencia de prensa el lunes señaló que el exmandatario Tabaré Vázquez y su ministra de Defensa, Azucena Berruti (2005-2008) tenían conocimiento de las confesiones hechas durante su administración por el coronel retirado Gilberto Vázquez ante un tribunal de honor militar.
"Esto ha desviado la atención de lo que ocurre mañana (martes) que es la votación en comisión del Senado del desafuero de Manini", dijo.
Manini Ríos es indagado por la justicia uruguaya por su actuación cuando era comandante en jefe del Ejército respecto al caso de un tribunal de honor de esa institución formado para juzgar el asesinato y posterior desaparición en 1973 de un integrante de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Roberto Gomensoro.
El actual senado omitió informar a la justicia de ese hecho, tal como establece el reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas.
También se pretende desviar que durante años "no se investigó, no se buscó nada", dijo, en referencia a los gobiernos que estuvieron antes de la llegada del FA al poder en 2005 que a pesar de conocer los delitos de lesa humanidad que tuvo el país, no se les ocurrió investigar sobre el tema "porque nadie lo pidió".
"Que el FA termine siendo el responsable es el mundo del revés (…), creo que hay que denunciar una manipulación de la información y bienvenida sea si apareció información ahora que al FA no se le dio", concluyó.
La información a la que hace referencia Xavier es la que se conoció el jueves pasado tras un pedido que hizo el grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos en las que figuran actas donde el coronel retirado Gilberto Vázquez reconoce su participación en torturas y asesinatos durante la dictadura.
Gilberto Vázquez fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel, acusado de 28 homicidios especialmente agravados, y cumple actualmente una pena de prisión domiciliaria, concedida por la justicia en 2016.
