¿Una vuelta al 'cole' caótica en España? "Sale más barato confinar, no quieren garantizar la presencialidad"

La comunidad educativa y las familias son un manojo de nervios. Apenas quedan un par de semanas para que las escuelas infantiles, colegios e institutos abran sus puertas, y siguen sin perfilarse los planes que garanticen la seguridad sanitaria en los centros.

Los ministros de Sanidad y Educación, Salvador Illa e Isabel Celaá, sostendrán el 27 de agosto una reunión con sus homólogos autonómicos para tratar la cuestión junto a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Y queda aún por determinar la fecha de la Conferencia de Presidentes (Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos) en la que se tratarán las medidas de una vuelta al 'cole' segura en el contexto de la pandemia. Y este contexto lo marca la incertidumbre, pues a la falta de protocolos concretos se une un rebrote generalizado de COVID-19 por todo el país.

Ante esta situación, en la Comunidad de Madrid, sindicatos sectoriales y de clase han convocado una huelga a partir del 4 de septiembre que cubrirá las distintas etapas, así como una jornada de movilizaciones el día 10.

Un inicio con riesgos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la apertura de los colegios solo puede ser segura cuando la transmisión local del virus es baja. En España la situación empieza a ser la contraria.

Más de 8 millones de alumnos y 700.000 docentes regresarán a las aulas, vacías desde principios de marzo. Los sindicatos hablan de que, directamente, no se ha preparado el inicio del curso. "Y hay una falta de liderazgo del Ministerio de Educación, que solo ha hecho recomendaciones", explica a Sputnik Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO). "Y estas recomendaciones no tienen rango normativo, las Comunidades Autónomas pueden hacer caso o no", añade, detallando que son "muy laxas". "Hablan de 1,5 metros de distancia y 20 alumnos por aula, pero también dicen que si no se pueden aplicar, pues entonces las ratios serán de 25 alumnos en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato".

Bajo las recomendaciones ministeriales, los distintos gobiernos autonómicos prevén tres escenarios: presencialidad absoluta, semipresencialidad y teledocencia. Para garantizar la seguridad en las modalidades de enseñanza presencial o semipresencial, es imprescindible mantener una distancia de seguridad. "Y esto solo se puede hacer bajando las ratios de alumnos por clase", declara a Sputnik Maestra Enfurecida, pseudónimo de una docente murciana y activista en materia educativa muy popular en redes sociales.

"Cualquier solución que se planteé necesita de profesorado contratado y ninguna comunidad lo está haciendo salvo Valencia, la única comunidad que parece que va a poder bajar las ratios con el número de profesores contratados", señala.

Los planes de las comunidades

No hay un plan unitario y común para todo el país. Los territorios autonómicos tienen transferidas tanto las competencias de Educación como las de Sanidad, por lo que cada una aplica un plan distinto. En general, se está planteando un escenario de semipresencialidad.

En la Comunidad Valenciana se han presupuestado 207 millones de euros extraordinarios, que han redundado en la contratación de 4.374 profesores adicionales y en la adquisición de tres millones de mascarillas y 86.000 litros de gel hidroalcohólico. De resultas, en las aulas de Infantil y primero y segundo de Primaria habrá 20 alumnos como máximo. En la Región de Murcia, su consejera de Educación anunció el 20 de agosto la contratación de 800 profesores más y la posibilidad de que los alumnos de Infantil y Primaria no acudan a clase un día a la semana si en sus aulas se excede el número de 20 alumnos.

"No sabemos cómo lo van a organizar", afirma Maestra Enfurecida." ¿Qué pasa con las asignaturas que sólo tienen dos horas semanales? Es una idea absurda. Bajar el ratio a 20 no soluciona nada, no podemos separarlos a menos que sean 12 o 15", afirma esta profesora, subrayando el hecho de que la idea de contratar a profesores  es "para dar clases de apoyo por las tardes".

"En la calle no puede haber grupos de más de 10 personas, pero en el colegio los habrá de 20 o más, es absurdo", razona Maestra Enfurecida.

Francisco García lamenta que los planes que se apuntan en las comunidades autónomas no hayan sido consensuados ni con la comunidad educativa, ni con las asociaciones de padres de alumnos ni con los sindicatos. "A excepción de Valencia, donde se habla de 18 a 20 alumnos en Primaria y semipresencialidad en Secundaria", puntualiza. "Pero el resto de las CCAA han teorizado una vuelta como si no pasara nada, solo con hidrogeles y señalizaciones, pero sin poner recursos ".

El caso de Madrid

El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Ejecutivo central un plan común. Mientras, prevé cuatro escenarios que combinan presencialidad, semipresencialidad, confinamiento y normalidad.

En el primero, para Infantil y Primaria los grupos serían estables, y con mascarillas cuando no se guarde la distancia en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. En el modelo de semipresencialidad ―por el que al parecer finalmente se apuesta― se eliminarían los recreos y se evitarían los comedores, flexibilizándose los horarios y las materias, con viernes online y la asistencia de la mitad de los alumnos en días alternos. En un escenario de confinamiento las clases se impartirían de forma telemática. El escenario de normalidad ya se da por desechado.

Pero los sindicatos convocantes de la huelga (CCOO, UGT, CGT, STEM) exigen una reducción del ratio de alumnos por aula, el desdoblamiento de los grupos, el respeto de la distancia de seguridad, la contratación de más profesores y personal de limpieza, y la dotación a los centros con profesionales de enfermería. También, piden recursos para paliar la brecha digital que se puede abrir entre los alumnos.

"La Comunidad de Madrid habla de grupos burbuja de 25 alumnos, cuando los expertos dicen que deben ser en torno a 6-8 personas", se queja Francisco García, resaltando el hecho de que estos grupos acabarán mezclándose en el sistema de acogida matinal (donde muchos desayunan juntos) y en los comedores. La conclusión de este sindicalista es que "la vuelta al cole va a ser como el año pasado".

"Tal vez la Comunidad de Madrid ha teorizado que le sale más barato cerrar los colegios y volver a confinar a niños y profesores que poner medios y profesores para asegurar una presencialidad segura", afirma.

"La presencialidad sin seguridad equivale a que a la vuelta de dos o tres semanas los colegios tengan que cerrar", explica. "El Gobierno de Ayuso es de los que han pensado que la vuelta al cole tiene que ser a coste cero. Y en su caso menor que cero, pues en junio ya cerró 450 aulas. Es decir, recortaron y ahora hay menos aulas que el curso pasado. Nos sale más barato confinar, no quieren garantizar la presencialidad. Suponemos que luego echarán la culpa al Gobierno de España. Nos parece profundamente irresponsable", concluye.

El virus desvela los puntos flacos

Si la epidemia de COVID-19 ha supuesto para la economía española la profundización problemas que ya arrastraba, otro tanto sucede con su impacto en el sistema educativo. El virus SARS-CoV-2 explicita las dificultades sistémicas que venían lastrando a la educación pública en España desde hace años.

Los recortes presupuestarios en materia de enseñanza ejecutados a partir de 2012 dejaron muy tocado al sistema educativo estatal. Algunas comunidades resultaron más afectadas que otras. "En Madrid el acoso y derribo de la escuela pública es total", declara Maestra Enfurecida, tratando de explicar por qué la región de Madrid es la única comunidad autónoma española donde se ha convocado una huelga. "La comunidad educativa quiere bajar las ratios, que se la consulte y que se la financie, pero profesorado, asociaciones de padres y sindicatos han sido dejados de lado", dice, asegurando que la ausencia de medidas de conciliación agrava el problema.

"Nuestro sistema educativo lleva años y años mermado. Antes de la aparición del virus, ya llevábamos mucho tiempo dando clases en bibliotecas y pasillos", asegura.

Desde el sindicato CCOO también se quejan de la falta de financiación del sistema. "Hay que tener en cuenta que el Gobierno de España pone 2.000 millones de euros para Educación, y aunque no deja de ser una cantidad importante, es insuficiente", manifiesta Francisco García, quien señala que una cantidad "en torno a los 7.000 millones" sería más adecuada.

"No es que el gasto en Educación sea ahora inasumible, es que han pasado muchos años sin invertir en ella. Y ahora tampoco parece una prioridad. No sé qué sectores quieren salvar antes. ¿El turístico? ¿El automovilístico?", se pregunta Maestra Enfurecida.

"Hay CCAA donde ese dinero se va a emplear en garantizar una presencialidad segura, como en Valencia, y otras CCAA habrán pensado en gastarlo en financiar el cheque bachillerato y financiar la privatización de la enseñanza, como la Comunidad de Madrid", explica este cargo de CCOO. El cheque bachillerato es una ayuda de 3.000 euros a las familias madrileñas para que los alumnos puedan seguir estudiando esta última etapa de la educación secundaria en el centro que elijan (normalmente privado), y está pensado para familias que no puedan asumir su coste.

Sindicatos y comunidad educativa suelen afirmar que este dinero en realidad hace más falta en los centros públicos, que de resultas van perdiendo calidad educativa por falta de inversión. "La Comunidad de Madrid tiene la desvergüenza de no invertir en Educación en la enseñanza pública, pero sí financiar el cheque bachillerato", resalta Francisco García.

Brecha digital e insumisión

Una de las consecuencias del confinamiento en materia educativa fueron las diferencias que se crearon a raíz del modo telemático de docencia. No todas las familias contaban con equipos informáticos o conexión a Internet.

"El problema es que esta situación se puede alargar muchísimo y no se puede arreglar con la teledocencia, porque la escuela pública es un nivelador social", constata Maestra Enfurecida. "Yo tengo alumnos que estoy segura no han cogido un lápiz desde marzo". Esta profesora explica que la escuela pública garantiza el derecho a la educación de los niños con independencia de su condición socioeconómica, un derecho que las clases telemáticas por sí mismas no pueden garantizar. En principio, la Región de Murcia dedicará 17,7 millones de euros a la adquisición de 40.000 dispositivos electrónicos (tabletas y ordenadores) para intentar paliar la brecha, llegado el caso.

Por otro lado, en muchos puntos del país empiezan a aflorar los ánimos de insumisión entre las familias; no llevarán a sus hijos a clase si perciben que los centros educativos entrañan una amenaza de contagio. "En Primaria somos los docentes quienes decidimos si la falta está justificada o no, es nuestro criterio, no hace falta justificante", explica Maestra Enfurecida al respecto. Esta docente estima que el absentismo conviene a las autoridades "porque así se baja la ratio gratis y esos padres no protestan".

Pero hay un problema: "Como docentes, no podemos colaborar a esa falta de escolarización", asume esta profesora murciana, recordando que "los protocolos de absentismo son los mismos" y que aún no disponen de las instrucciones de comienzo de curso.

El miedo de las familias

Las familias experimentan una mezcla de miedo, estupor y desinformación. "Claro que me da miedo el inicio de curso", afirma Ignacio Valdés, padre de dos niños escolarizados en un centro público bilingüe en Rivas-Vaciamadrid, al sureste de la capital.

"Yo no llevaré a los críos a actividades extraescolares", asume, al constatar el riesgo al que quedarán expuestos los posibles grupos burbuja que se puedan crear. "Más que miedo, tengo dudas", cuenta C.S.S., otro vecino de la misma localidad, también padre de dos menores. "No tengo ni idea de cómo van a organizar la vuelta a los colegios", confiesa, al tiempo que declara que la responsabilidad de la seguridad sanitaria de alumnos, docentes y trabajadores de los colegios no puede recaer en los directores de los centros.

"Un director no puede tomar decisiones que más bien corresponden a un virólogo o epidemiólogo", conviene con él Ignacio Valdés.

"Si mi niño tose en clase y me llaman para que lo recoja, pues iré, pero lo habitual es que los niños tosan a partir de otoño, al menos los míos", concluye C.S.S. "En Murcia han eximido de responsabilidad a los directores de los centros", explica Maestra Enfurecida. "Pero somos los profesores quienes tenemos que determinar si los niños pueden presentar síntomas de COVID-19 y mandarlos para casa. Y si un niño tose, yo tengo que apartarlo del grupo y llamar a los padres, que pueden venir y preguntarme que si les he hecho venir solamente porque el niño tose. Es una locura", concluye.