¿Por qué Colombia no ha podido contener la pandemia?

Es sabido que la pandemia de COVID-19 ha afectado de forma más aguda a América Latina que al resto del mundo. De los 10 países con más contagios de COVID-19 a nivel mundial la mitad son latinoamericanos.

Colombia, particularmente, ocupa el cuarto puesto en la región —luego de Brasil, México, Perú y Chile— y el noveno en el mundo, con más de 334.000 casos. Alcanzados los 11.000 muertos, es también el país número 12 con más muertos por coronavirus del mundo.

Para el periodista y médico colombiano Víctor De Currea-Lugo, en diálogo con Sputnik, lo que vive Colombia se debe a una "crisis estructural y política" que tiene su origen mucho antes de la pandemia, producto de "un sistema al servicio del capital".

"El retroceso es enorme. Esto se ha convertido en un sálvese quien pueda; quien pueda y tenga forma de sustentar los elementos para protegerse. El retroceso es enorme", observa por su parte el periodista colombiano Bray Martínez Ariza en declaraciones a Sputnik.

El Gobierno de Iván Duque, electo en 2018, ha invertido unos 6.620 millones de dólares, equivalentes al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, para paliar los daños de la pandemia según un estudio de la Universidad de Columbia en Nueva York. El promedio general de inversión fiscal de América Latina es 2,4%.

Sin embargo, más que la cantidad, es hacia dónde se dirige ese dinero público lo que no alcanza a cubrir las demandas del sistema de salud. En Bogotá, por ejemplo, más del 90% de las Unidades de Cuidado Intensivo se encuentran ocupadas, y buena parte de los fondos ha sido destinada a la contención de los bancos nacionales.

Brecha de desigualdad

Los datos más recientes del Banco Mundial (2018) ponen a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo, con un índice de Gini del 50,4%, superado en América Latina solo por Brasil (53,9%) y Honduras (52,1%).

El índice de desempleo nacional es de 19,8% a junio de 2020, un aumento de 10,4 puntos porcentuales respecto a junio de 2019 (9,4%). Entre los ocupados, el trabajo informal "para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,8%" hasta mayo de 2020, según las cifras oficiales.

"La brecha social es tan grande que hace que la gente no tenga capacidad de ahorro. Hay una población que no puede aguantar en sus casas; o sale a buscarse la vida o se muere de hambre", sostiene De Currea-Lugo. Ese es uno de los puntos que identifica como clave para entender la imposibilidad de contener la pandemia en Colombia.

"Cuando llega la pandemia lo que hace es desnudar el sistema, evidencia lo que ya hay", explica. Sumado a la crisis laboral, el sistema sanitario limitado y la escasez de políticas públicas por parte de las autoridades conforman la tríada que, a su entender, devela el porqué de la inmensa crisis que atraviesa el país sudamericano.

Sistema sanitario

El sistema de salud colombiano tiene una particularidad propia de pocos países de Latinoamérica, junto a Chile y República Dominicana, que De Currea-Lugo califica como característico del "modelo neoliberal" que existe en su país.

Desde 1993, a partir de una reforma constitucional de la salud inspirada en el sistema que implementó el dictador Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), rige en Colombia la Ley 100, que dicta la intermediación de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) entre los hospitales y los pacientes.

Dichas empresas son las que reciben y administran las subvenciones públicas para contener la pandemia pero, en los hechos, "no fortalecen el sistema de salud", dice De Currea-Lugo. Al contrario, desde el inicio de la pandemia el personal de salud ha visto aumentada su carga laboral y reducido su sueldo, a lo que se le suma que a muchos trabajadores les deben varios meses de salario, cuenta De Currea-Lugo.

​"Las EPS no les están dando los materiales adecuados a los hospitales. Hay una política para no darle los requerimientos a los pacientes. Conozco muchos casos de colegas médicos que han comprado desde su propio bolsillo tapabocas y otros materiales médicos", explica.

En el mismo sentido lo ve Martínez Ariza. "Hay una cobertura sobre el papel, pero sin embargo a la hora de recibir los servicios el sistema colapsa", sostiene. Los test médicos de COVID-19 "se demoran muchísimo", explica, y lo que suele ocurrir es que en el tiempo que pasa entre la solicitud y la habilitación del test el paciente ya cursó la enfermedad y, posiblemente, contagió a otras personas.

La reticencia a la ayuda cubana

A mediados de julio, y en medio de un alto pico de contagios en Antioquia (noroeste colombiano), que ya supera los 40.000 casos, el alcalde de Medellín Daniel Quintero había solicitado vía carta ayuda médica a España y a Cuba, con el fin de reforzar el personal médico de la ciudad, lo que produjo malestar en figuras como el senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010).

Bajo el argumento de "no hacer el juego a la dictadura" (en referencia a Cuba), Uribe —actualmente detenido por la Justicia por un caso de presunta manipulación de testigos con la que, según se afirma en la pesquisa, buscaba afectar la carrera política del senador de izquierda Iván Cepeda— se opuso al pedido. En tanto, las autoridades han evaluado realizar el pedido de ayuda sanitaria, pero la solicitud aún no ha sido formalizada.

Consultado al respecto, Martínez Ariza sostiene que detrás de la negativa hay "un tema evidentemente político". A pesar de la figura de Duque, la derecha continúa siendo "dirigida por Álvaro Uribe, y cualquier tendencia de izquierda es catalogada como mala porque priman las intenciones políticas sobre el bienestar de la población", opina.

Consecuencias

El panorama a mediano plazo para el país es preocupante. Para Martínez Ariza, el Estado "ha dejado en total abandono a la ciudadanía", y eso se traduce en millones "que regresan a la pobreza", lo que traerá, además, un incremento de la violencia social y el narcotráfico.

El error, señala Martínez Ariza, fueron las políticas orientadas a salvar la economía a costa de la salud, por ejemplo la falta de subsidios a la ciudadanía para el pago de tarifas. "Pero no salvaron la economía y la gente sí se nos muere", ironiza.

Por su parte, De Correa-Lugo destacó el aumento de la violencia policial, la cantidad creciente de asesinatos de líderes sociales, y la persecución a los excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

Lo que se viene es una polarización social que se va a ver gravemente acentuada por el aumento de la pobreza, la violencia y la desigualdad, dice.

"Cuando uno prioriza los bancos en vez de la gente; las empresas de salud antes que los hospitales; y el mercado antes que la vida humana pues ya sabes de qué lado están, no hay nada más que discutir. Y ese es el modelo implementado", finaliza.