Pastor Alape: "En Colombia estamos enfrentando un plan de exterminio"

222 excombatientes de las FARC firmantes del Acuerdo de Paz y casi mil líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde noviembre de 2016, año en el que el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP decidieron ponerle fin a más de cincuenta años de conflicto armado.

"En Colombia estamos enfrentando un plan de exterminio que se configura en el genocidio contra los firmantes de la paz", denuncia a Sputnik, Pastor Alape, excombatiente de las FARC y delegado del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común al Consejo Nacional de Reincorporación.

El 14 de julio, 74 excombatientes de las FARC debieron abandonar un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Ituango, en el norte de Antioquia, debido a las amenazas de grupos armados.

"Es un desplazamiento forzoso en el término concreto del Derecho Internacional Humanitario. Es una población que tiene que movilizarse por amenazas porque el Estado no le garantiza la permanencia en el territorio, no les garantiza la vida, no les garantiza la territorialidad para la reincorporación y, por lo tanto, obligados a desplazarse hacia otro lugar para emprender su proceso de tránsito de la condición guerrillera al de sujetos de derecho", resalta Alape.

​​​Para el representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, "la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del Acuerdo y contra quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto, sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia".

​​La violencia no entra en cuarentena

Según el último informe divulgado por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), entre 2016 y 2020 han sido asesinados 971 líderes sociales, 573 de ellos durante los casi dos años del Gobierno de Iván Duque.

Un 70% de estas víctimas hacían parte de organizaciones sociales campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. 95 han sido asesinados desde el 6 de marzo, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en ese país.

"Allí donde estaban las guerrillas, donde estaban los paramilitares y no llega el Estado social, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en zonas rurales han pasado a cumplir un papel muy importante de control de territorios. Han asumido controles para regular la vida social, para resolver controversias, para resistir a la violencia, y ese empoderamiento desde la base social es lo que motiva la persecución de grupos armados de diferentes actores y también el choque con el mismo Estado que quiere hacer un control militar de esos territorios. Son como los coletazos de una guerra de 50 años que muchos no quieren que salgamos de ello", explica Camilo González Pozo, presidente de Indepaz.

En el reciente informe de Indepaz se precisa que, si bien los asesinatos contra líderes sociales se han registrado en 29 de los 32 departamentos del país, un 67% de los casos se concentran en Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

Indepaz atribuye como presuntos autores de estos crímenes durante 2019 a 63% sicarios desconocidos, 17% narcoparamilitares, 11% residuales de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz, 5% al ELN y 4% a la fuerza pública.

"Aquí se están disputando el oro, las rutas de la cocaína, territorios, tierra, madera. Los que se benefician de esos escenarios de violencia son los que están detrás del negocio del oro, del lavado de activos, de las grandes inversiones que se hacen en Colombia con los macroproyectos, aprovechando situaciones de violencia para apoderarse de territorios. Esa es la gente que está detrás de esto, lo que pasa es que los autores intelectuales nunca aparecen a la hora de las investigaciones judiciales. Las pocas investigaciones llegan a que han capturado a un sicario, a un muchacho de por allá de una barriada que ha sido entrenado para matar, que desafortunadamente aquí estamos plagados de eso", indica González Pozo.

Alarma internacional

El 16 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó "su profunda preocupación por las continuas amenazas, ataques y asesinatos contra líderes comunitarios y sociales, así como los dirigidos contra exmiembros de las FARC-EP, que han persistido a pesar a la pandemia del COVID-19".

Para González Pozo, el Gobierno colombiano es responsable de esta situación por omisión y por acción.

"Ha habido lentitud, negligencia y desenfoque en la llegada del Estado a esos territorios que han estado en disputa, conflictivos. Primero han llegado las mafias, los grupos armados ilegales y cuando llega el Estado llega con represión, con políticas de erradicación forzada de plantaciones de coca, con militares que colocan a cerca de 400.000 familias campesinas y cerca de 2.000.000 de colombianos como si fueran narcotraficantes, como si fueran objetivo de la represión", apunta González Pozo.

A inicios de junio llegó a Colombia un batallón militar élite de Estados Unidos cuyo supuesto objetivo es "asesorar" al Ejército colombiano en su lucha contra el narcotráfico. La asistencia de este batallón, que provocó una fuerte polémica en Colombia, se produjo tres meses después de que el presidente Donald Trump instara al presidente Iván Duque a retomar las fumigaciones con glifosato para acabar con los cultivos de coca.

"En medio de la pandemia se están haciendo grandes operaciones militares con asistencia de EEUU para hacer erradicaciones este año de 130.000 hectáreas de coca, pero eso significa una represión y un choque con decenas de miles de familia. No es una acción protectora de incorporación social de las poblaciones más afectadas por la violencia, como están escritos y formulados en los Acuerdos de Paz, sino que está militarizada. Tienen 17.000 efectivos del Ejército reprimiendo campesinos para hacer erradicación forzada en medio de la pandemia cuando la gente no tiene qué comer", denuncia González Pozo.

"Estados Unidos no ha cambiado, por el contrario, ha fortalecido su política de injerencia y dominación en el continente, específicamente en Colombia, que la han colocado como cabeza de playa para atacar todos los vientos transformadores que han soplado en los últimos tiempos en el continente. Aquí, Estados Unidos ha apostado por mantener el combustible de la guerra en Colombia, que es el narcotráfico. Por eso no asume políticas reales, verdaderas y efectivas como se planteó en el Acuerdo de Paz en el punto 4, que es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Esto se ha vuelto una acción perversa de doble propósito: dominación e injerencia", advierte Alape.

Y mientras la cifra de asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz va creciendo día a día en Colombia, a muchos le viene el recuerdo del exterminio de la Unión Patriótica, un partido político que nació en 1985 como parte de una propuesta de paz entre las FARC y el entonces Gobierno colombiano y que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, dejó unas 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas y que llevó al rearme de las FARC.

"Estamos hablando de que en casi cuatro años han asesinado a 222 de firmantes de paz, pero, además, es mucho más grave que con la Unión Patriótica porque cuando eso se centró contra un partido, en cambio ahora es contra todos los procesos organizativos que están trabajando en los territorios para reconstruir el tejido social, la capacidad de movilización de las comunidades, la capacidad de ejercer su ciudadanía como sujetos de derecho, es gravísimo. Aquí, bajo la mirada complaciente del Estado se está desarticulando toda la capacidad de construcción de Nación, de país, de identidad", alerta Alape.

El 7 de agosto de 2020, Indepaz entregará formalmente al Consejo de Seguridad de la ONU, a la CIDH y al Congreso de Estados Unidos su último informe donde detallan cada uno de los asesinatos contra líderes sociales y firmantes de la paz. Buscan apoyo de la comunidad internacional y de todos los países que acompañaron los Acuerdos de Paz para obligar al Gobierno colombiano a cumplir lo pactado y así poder frenar lo que el monseñor Darío de Jesús Monsalve denunció como "una venganza genocida".

"Estamos en una encrucijada real: o el Gobierno hace rectificaciones reales, de fondo, acoge los Acuerdos de Paz y se compromete con un pacto de no violencia o, sino, vamos a tener una segunda ronda en las elecciones de 2022 donde se decidirá si nos vamos a otras guerras o nos vamos a un posconflicto", alerta González Pozo.