¿Qué se sabe hasta ahora del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa?

La desaparición de los 43 y los diversos ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014

Desde tempranas horas de la tarde de ese viernes 26, alrededor de cien estudiantes de la Escuela estaban haciendo actividades de "boteo" —recolección de dinero— y toma de camiones para trasladar a Ciudad de México a decenas de normalistas rurales que integran la Federación de estudiantes campesinos socialistas de México —la Fecsm, la organización estudiantil autónoma más longeva de México— el 2 de octubre, cuando se conmemorarían 46 años de la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968.

Aunque los estudiantes estaban haciendo su actividad a dos horas de la ciudad de Iguala —dónde ocurrió el ataque y la desaparición forzada de 43 de ellos— cerca de las ocho de la noche del día 26, abordaron un autobús proveniente de Acapulco, a la altura de un paraje llamado "Rancho del Cura", que fue el responsable de llevarlos a la ciudad de Iguala, sin su consentimiento.

Impedidos de salir del autobús antes de que el mismo entrara en la Central camionera, los estudiantes solicitaron ayuda al resto de sus compañeros, que se trasladaron en su auxilio a la ciudad de Iguala, para auxiliarlos.

Fue allí dónde comenzó el primer ataque armado en su contra por parte de policías locales alrededor de las 21:40 horas del día 26, en la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico norte, en la ciudad de Iguala de la Independencia.

Una reconstrucción gráfica del ataque puede consultarse en el proyecto de Arquitectura Forense elaborado sobre el caso.

El primer ataque ocurrió entre las 21:40 y las 22:25 horas del viernes 26 de septiembre, cuando tres de los autobuses en que viajaban los estudiantes —buscando salir de Iguala para regresar a la Escuela— fue interceptado por la patrulla 02 de la policía municipal. Recibieron disparos de arma de fuego de parte de los agentes municipales de las localidades de Iguala —dónde estaban— y de la vecina ciudad de Cocula.

En ese sitio, el estudiante Aldo Gutiérrez Solano —de 19 años— recibió un disparo en la cabeza que le provocó un daño cerebral irreversible y que lo mantienen en estado vegetativo.

A la misma hora pero en otro punto de la ciudad de Iguala, frente al Palacio de Justicia de la localidad, la Policía municipal abrió fuego contra otro autobús en que viajaban los estudiantes, pero que había tomado una ruta diferente del convoy señalado en el párrafo anterior.

Una vez que este autobús había sido detenido, el número de policías creció y se sumó incluso una patrulla del municipio vecino de Huitzuco.

Las fuerzas policiales lanzaron gases lacrimógenos al autobús para obligar a los estudiantes a salir de su resguardo dentro del mismo. Muchos de ellos corrieron y se escondieron en la colonia Pajaritos, pero otro estudiantes fueron subidos a tres patrullas municipales de Huitzuco y una de Iguala.

Un tercer ataque ocurrió en Iguala a las 23:30 del día 26 de septiembre en el llamado Cruce de Santa Teresa contra un autobús de un equipo de fútbol de la tercera división local llamado "Los Avispones" que no tenía ningún vínculo previo con los normalistas, pero que fue tiroteado por agentes de la policía de Huitzuco y de grupos paramilitares.

En la escena fue asesinada por impactos de bala Blanca Montiel, una ama de casa que viajaba por el sitio en un taxi, así como Víctor Manuel Lugo Ortíz, chofer del autobús de Los Avispones y David Josué García Evangelista, uno de los jóvenes futbolistas, de 15 años.

Mientras tanto, en la escena del primera ataque en Juan N. Álvarez y Periférico, después que Aldo recibiera el disparo de un arma policial, ocurrió el segundo ataque por parte de los policías locales, en el cual un número no determinado entre 20 y 30 estudiantes fueron desaparecidos de manera forzada por los agentes, cuando los obligaron a descender de los autobuses en que viajaban y los subieron en la parte trasera de entre seis y siete patrullas y los sacaron de la escena con destino desconocido hasta ahora.

Los estudiantes que sobrevivieron a los primeros dos ataques y a la desaparición de sus compañeros convocaron a una conferencia de prensa a la que acudieron reporteros locales, entre las 22:30 del día 26 y los primeros minutos del día 27 de septiembre.

A las 0:30 de la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo paramilitar fuertemente armado y con las caras cubiertas por pasamontañas abrió fuego contra los estudiantes que denunciaban la desaparición de sus compañeros, así como la herida de gravedad que había sufrido Aldo. Los reporteros presentes y otros solidarios que habían acudido a apoyar a los jóvenes también fueron atacados por los paramilitares.

En este tercer ataque ocurrido en la esquina de Juan N. Álvarez y el Periférico de la ciudad de Iguala, fueron asesinados los estudiantes Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava. Otro estudiante, Edgar Andrés Vargas, fue herido de gravedad, junto a otras personas que resultaron lesionadas por las armas de fuego.

Minutos antes de las 2 de la mañana llegó al sitio un grupo de efectivos militares que interrogó e intimidó a los estudiantes, a pesar de haber sido víctimas de lo narrado anteriormente.

Es importante señalar que hay evidencias que prueban que los estudiantes estaban siendo vigilados por el Centro de comando unificado del estado —C4— encargado a la Secretaría de Defensa, que no actuó para proteger a los jóvenes en ningún momento de estas horas fatídicas.

Fueron también efectivos militares quienes hallaron el cuerpo fallecido y torturado de otro de los estudiantes, Julio César Mondragón Fontes de 22 años, expuesto y abandonado en la vía pública en una colonia popular de la ciudad de Iguala, en la mañana del día 27.

La falsa Verdad Histórica construida mediante tortura a detenidos

La denuncia de las familias de los estudiantes comenzó inmediatamente, cuando se congregaron en las instalaciones de la Normal de la localidad de Ayotzinapa y se prolonga hasta la actualidad.

Uno de sus primeros triunfos frente a la acción estatal que durante los primeros 5 años desvió la investigación del caso con información falsa fue —precisamente— desmontar la llamada Verdad Histórica que fue difundida por las autoridades de investigación del caso acerca del destino final de los jóvenes, que hasta el momento continúan desaparecidos. 

El principal artífice de la falsa versión inicial fue el exprocurador de Justicia del Gobierno Federal Jesús Murillo Karam quien después de 33 días de trabajo en que la causa pasó a cargo de la extinta FGR —tras haber iniciado en la Justicia local— anunció en conferencia de prensa una versión que hoy se ha probado— fue construida en base a la tortura de más de 60 personas detenidas por el caso.

El otro personaje importante en esta manipulación oficial de la Justicia fue Tomás Zerón de Lucio, quien tiene abierto un proceso de extradición desde Canadá para ser juzgado en México.

Zerón era entonces el Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que tenía a cargo la investigación del caso dentro de la FGR y es señalado como el responsable de haber "sembrado" en la escena una bolsa negra que contenía pequeños fragmentos del hueso sacro de uno de los jóvenes normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio, de 21 años cuando fue desaparecido.  

Fragmentos de restos óseos de dos normalistas han sido identificados

Un conjunto de fragmentos óseos pequeñísimos del cuerpo de Alexander Mora Venancio fueron hallados el día 28 de octubre de 2014 y hasta inicios de julio de 2020, eran los únicos comprobados de alguno de los 43 jóvenes desaparecidos.

Sin embargo, tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas como el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) que realizó la investigación que falseó la versión oficial —cuyo trabajo fue publicado en dos informes claves en septiembre de 2015 y en abril de 2016— han señalado que el Gobierno mexicano intentó fraguar su participación en esa diligencia, la cual no está integrada al expediente judicial del caso.

Este 7 de julio de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) que sustituyó a la extinta PGR, informó a la prensa por medio del encargado de la Unidad especial de investigación y litigación del caso Iguala, Omar Gómez Trejo, que habían sido identificados los restos de un segundo estudiante: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que tenía 19 años cuando fue desaparecido.

Sus restos fueron hallados en una zona rural de Cocula llamada "barranca de la carnicería", producto de las búsquedas realizadas entre el 21 y el 29 de noviembre de 2019 en ese sitio, en una diligencia de la que participaron los familiares de los jóvenes desaparecidos así como integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) actuando como peritos independientes. 

Según pudo saber Sputnik, las búsquedas en campo de los jóvenes están a cargo de la coordinación ejercida por la Comisión presidencial para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa mientras la litigación del caso depende la Unidad a cargo de Omar Gómez Trejo, dependiente de la estructura institucional de la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejando Gertz Manero. 

Hubo un tercer anuncio vinculado al caso durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, referido al hallazgo de restos óseos que fueron identificados como pertenecientes a uno de los jóvenes, aunque es importante señalar que este proceso ha sido impugnado por los peritos independientes actuantes.

En septiembre de 2015, a días de cumplirse el primer aniversario de la desaparición de los jóvenes, la entonces procuradora General de la República que sustituyó a Murillo Karam, Arely Gómez, anunció la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz (de 19 años al momento de ser desaparecido) aunque no se tiene evidencia concluyente del mismo, que ha sido rechazado por el Colectivo de madres y padres de los 43, dada la falta de garantías respecto a la diligencia y al sitio en dónde fue hallado el material óseo que se usó como base para la identificación.