La madrugada del 16 de noviembre de 1989, el Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño ingresa en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador (UCA). Tenían la orden de asesinar al sacerdote español y rector de esa universidad, Ignacio Ellacuría, y no dejar ningún testigo. Así lo hicieron. A los seis sacerdotes jesuitas que dormían en la residencia de la universidad (cinco españoles y un salvadoreño), a la cocinera y a su hija de 16 años los mataron a tiros. El Alto Mando militar salvadoreño consideraba a la UCA "un refugio de comunistas".
La Tandona era la promoción de oficiales de 1966 que en plena guerra estaba al mando de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas. Uno de sus miembros era el coronel Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública, y quien, según señalan los abogados de la parte acusatoria, estuvo presente en las reuniones donde el Alto Mando militar salvadoreño organizó y ordenó la masacre.
"Fue un crimen cometido desde el Estado y por el Estado. Ese crimen pretendió, y lo consiguió, alterar la vida de los ciudadanos, crear el terror utilizando las estructuras y medios materiales del Estado para cometer el crimen. La Tandona era un aparato organizado de poder criminal", detalla el abogado Ollé, quien ha llevado otros casos de justicia internacional como el enjuiciamiento al dictador Augusto Pinochet, la condena al represor argentino, Adolfo Scilingo, y crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sáhara occidental, Tibet y Guatemala.
En 2017, el coronel salvadoreño Inocente Montano fue extraditado de Estados Unidos a España. Ahora se enfrenta a la justicia y podría pagar una pena de 150 años de cárcel, tal como lo pide la Fiscalía española.
Para Manuel Ollé, abogado director y portavoz de la parte acusatoria, junto a Almudena Bernabeu y quien desde 2008 ha intentado que los tribunales españoles se pronuncien por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, lo importante ahora es que se haga justicia.
"Siempre se ha dicho que la justicia tardía no es la misma justicia si llega en el momento oportuno, pero yo creo que todo es relativo y, en este caso, por todas las trabas, todos los obstáculos jurídicos, judiciales, leyes de amnistía, encubrimiento y ocultación que ha tenido el caso, lo importante es que la justicia llegue", destaca Ollé.
Tierra arrasada
El periodista español Pascual Serrano llegó a El Salvador poco después de la masacre contra los sacerdotes jesuitas.
Unas 75.000 personas fueron asesinadas y unas 8.000 fueron desaparecidas entre 1979 y 1992, lo que duró la guerra civil que enfrentó al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional contra el Gobierno salvadoreño. Se estima que un 80% de esas víctimas eran civiles inocentes. El Ejército salvadoreño, apoyado por el entonces presidente Ronald Reagan, aplicó técnicas de guerra ya utilizadas por EEUU en Vietnam.
"Esa era un política perfectamente definida y diseñada por Ronald Reagan en la que la teoría, que venía de Vietnam, era quitarle el agua al pez. Quitarle el agua al pez quería decir que había que arrasar con los cultivos, con las comunidades, mujeres, niños y todo lo que podría ser el ecosistema o el sustento de un potencial guerrillero", agrega Serrano.
Las peores masacres cometidas contra el pueblo salvadoreño fueron ejecutadas por los tristemente recordados Escuadrones de la Muerte, un grupo de exterminio creado por el mayor Roberto d'Aubuisson, del partido Arena, y por el ejército salvadoreño, para el que Estados Unidos destinaba casi un millón de dólares diarios y para quienes creó y entrenó al cuerpo élite Atlácatl.
"Ese batallón estaba absolutamente entrenado por EEUU, entrenados en la Escuelas de las Américas, es verdad que formaba parte de la estructura del Ejército salvadoreño, pero el ejército salvadoreño, como el guatemalteco, como todos ellos, no tenían capacidad de entrenar a un grupo de élite contrainsurgencia. Este entrenamiento y la logística que tenían era de EEUU. Yo, que viví algún control militar con ellos, veía que su nivel de dotación militar y logística era impensable en un país empobrecido como era El Salvador de los 80, donde la gente vivía en chabolas. Toda la logística y la tecnología que tenía un soldado del Batallón Atlácatl valía más que todas las propiedades de mil campesinos que vivían alrededor de él", explica Serrano.
El juicio
El juicio en España por el asesinato de los sacerdotes jesuitas es considerado como uno de los más esperados del año en materia de justicia internacional.
"Hay un arsenal de pruebas. Tenemos recopiladas muchas. Primero hay un informe de la profesora Terry Karl, que ha estudiado unos 14.000 cables desclasificados desde Estados Unidos, todos los informes que se produjeron, se ha entrevistado con militares, no militares, defensores de DDHH, jueces, fiscales, con todas las personas que de alguna forma podían dar información. También tenemos el testimonio del teniente René Yusshy Mendoza, el testimonio de Guillermo Benavides, de referencia del teniente Mendoza, tenemos el diario de Benavides y todo calza. No hay lugar a dudas. Él participó, él decidió, él estuvo presente en las reuniones y, por tanto, fue uno de los que participó en la decisión de acabar con los padres jesuitas", insiste el abogado Manuel Ollé.
Ollé también señala que, además de Montano, hay otros militares que fueron autores intelectuales de la masacre. Apunta a Emilio René Ponce, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo y Guillermo Benavides. Asegura que ellos seguirán investigando hasta llegar a la verdad.
"En vuestro país os refugiareis, al ser el brazo del poder el que ha ejecutado estos crímenes, pero cuidado con la comunidad internacional porque la justicia internacional va a actuar y os va a sentar en el banquillo, desde luego, ante un proceso justo y con todas las garantías, pero si se encuentran pruebas os va a condenar", advierte Ollé.