Después de que se diera a conocer la detención de José Ángel Casarrubias, alias El Mchomo, uno de los criminales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que se giraron 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios que participaron en los hechos del 24 de septiembre de 2014.
"La información de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el fiscal de Ayotzinapa, el maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme la autoridad los vaya permitiendo para que esta nueva etapa se maneje con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la Verdad Histórica", enfatizó el fiscal en la conferencia del 30 de junio.
¿Qué es la Verdad Histórica?
El concepto de Verdad Histórica hace referencia a la cronología oficial en torno a los hechos a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, entre los municipios de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, en la que se dio a conocer que el crimen lo habrían cometido integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y elementos de la policía ministerial. Lo mismo que mostraron las primeras investigaciones por parte de la entonces fiscalía de Guerrero
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió las investigaciones del caso Iguala —también conocido como caso Ayotzinapa— hasta el día 4 de octubre de 2014, las cuales continuaron con la línea indagatoria de la fiscalía del estado de Guerrero: el asesinato de los normalistas habría sido perpetrado por Guerreros Unidos.
Los primeros avances de la investigación realizada por la PGR fueron presentados por quien fuera el procurador en ese entonces, Jesús Murillo Karam, el 22 de octubre del mismo año, en estos se destacó la participación de autoridades del estado de Guerrero y el grupo criminal Guerreros Unidos.
Entre los funcionarios involucrados, según la versión de la PGR, estuvo el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, así como el secretario de seguridad, Felipe Flores Velásquez.
Ante el creciente clamor social que exigía la aparición con vida de los 43 estudiantes, la PGR continuó con las indagaciones del caso Iguala con base en testimonios de presuntos participantes en la desaparición.
También señaló que los estudiantes fueron capturados por policías ministeriales e integrantes de Guerreros Unidos. Según expresó el exprocurador, los estudiantes habrían sido calcinados en las inmediaciones del basurero de Cocula —uno de los municipios donde se cometió la desaparición de los 43—.
Días antes de renunciar a la PGR, José Murillo Karam presentó su último informe sobre el caso, el día 27 de enero de 2015, en el que hizo un listado de las acciones que se habían realizado para constatar que los 43 estudiantes fueron calcinados en un basurero del municipio de Cocula.
"39 confesiones, desde los policías hasta los que actuaron materialmente; 487 peritajes, 386 declaraciones, 153 inspecciones ministeriales, todas vinculadas y consistentes para ratificar los hechos aquí señalados", detalló.
"Éstas es la Verdad Histórica de los hechos basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se prueba en el expediente", sentenció el exprocurador en su última conferencia sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
¿Por qué la Verdad Histórica no se sostiene?
En el informe que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Iguala se dieron a conocer irregularidades en el proceso de investigación que realizó el Estado mexicano con relación al caso Iguala.
Por lo tanto, uno de los aspectos por los cuales no se sostiene la llamada Verdad Histórica sobre el caso Ayotzinapa es por la forma en la que el Gobierno de ese entonces, a cargo de Enrique Peña Nieto, realizó las investigaciones para inculpar a funcionarios y presuntos criminales.
Esto, debido a que las sentencias se basaron únicamente en la obtención de testimonios de los supuestos participantes en la desaparición de los 43 normalistas, las cuales, además, se obtuvieron con base en técnicas ilegales —tortura y malos tratos—.
"Como se ha señalado, la evaluación de las búsquedas como superficiales y poco operativas ha profundizado la creencia de que el Estado no tiene interés. Del lado del Estado, la difusión de una Verdad Histórica sin el suficiente contraste de las informaciones y pruebas supuso una mayor distancia frente a las víctimas", manifestó el GIEI en su primer informe.
Asimismo, otro de los factores por los cuales la Verdad Histórica carece de credibilidad es porque las imputaciones que se realizaron contra supuestos criminales y autoridades estatales se hicieron únicamente por el delito de secuestro y no por desaparición forzada.
Pues de acuerdo con la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata de desaparición forzada cuando la captura la realizan agentes del Estado o personas que actúan con la autorización de éste.
En consecuencia, la Verdad Histórica que dio a conocer el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, junto a quien fuera el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, no se sostiene a nivel de investigación y a nivel de imputación de delitos.
