El Ministerio Fiscal emitió un comunicado anunciando la presentación de un recurso contra el auto en el que la jueza instructora de la causa admitió una denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para imputarle por un presunto delito de prevaricación.
La instrucción se centra de forma concreta en las marchas feministas pese a que ese mismo fin de semana se celebraron en Madrid otros actos multitudinarios, como partidos de fútbol e incluso un congreso del partido ultraderechista Vox que reunió a unas 10.000 personas.
En el recurso presentado este lunes 8 de junio, la Fiscalía argumenta que la delegación del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria, por lo que no resulta razonable pedirle suspender una manifestación por ese motivo.
El texto subraya que no hay constancia de que Franco recibiera órdenes del Gobierno para prohibirla, por lo que "no realizó actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico".
Además, la Fiscalía tacha de "inverosímil" pretender que la actuación del delegado del Gobierno respecto a las manifestaciones del 8-M podría haber contenido la crisis sanitaria.
Más allá del resultado judicial que acabe teniendo esta causa, su mera existencia provocó un terremoto político en España.
La investigación sobre el 8-M se encuentra en el centro de las polémicas que llevaron al Ministro de Interior a cesar a varios altos cargos de la Guardia Civil por remitir a la jueza instructora informes en los que se acusa al Gobierno de permitir las marchas en contra de criterios sanitarios.
Esto, a su vez, fue respondido desde el cuerpo con la dimisión de otros altos cargos, lo que derivó en una remodelación exprés de la cúpula de la Guardia Civil a cuenta de la polémica por el 8-M.
