Accederán a este ingreso todas aquellas personas mayores de 23 años (o desde los 18, si tienen menores de edad a su cargo) hasta los 65 años y con al menos un año de residencia en España. El Ingreso Mínimo Vital oscilará entre 462 euros mensuales para un adulto, a las familias monoparentales se agrega un complemento de 100 euros más y 1015 euros para familias compuestas por dos adultos y con dos hijos.
"Hoy es un día histórico para nuestra democracia y nace un nuevo derecho social, un ingreso mínimo vital. Antes de que nos golpeara la pandemia, éramos el tercer país de Europa en pobreza infantil. La pandemia ha agravado la situación. Aunque el Gobierno ha hecho una movilización de recursos sin precedentes, la situación nos ha llevado a acelerar los tiempos para aprobar el ingreso. Miles de familias españolas no pueden esperar más", ha dicho explicado el vicepresidente segundo Pablo Iglesias.
Iglesias, quien también es ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, precisó detalles de la medida.
"Una de las claves de esta prestación es que es compatible con otros ingresos, incluidos los ingresos laborales. Esto permite incluir a hogares con ingresos muy bajos y evita la trampa de la pobreza".
Una vez esté implementado, el Gobierno espera que llegue a más de 2,3 millones de personas de 850.000 hogares con ingresos muy bajos o nulos.
"Es una red de seguridad disponible para todo aquel que lo necesite, que se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso", aseguró el vicepresidente español.
El objetivo de esta prestación es "erradicar la pobreza extrema", afirmó el vicepresidente, quien agregó que es uno de los principales problemas en España y afecta a 1,6 millones de personas y 600.000 familias a nivel nacional.
Su puesta en marcha se aceleró en las últimas semanas para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad derivadas de la pandemia del COVID-19, que se sumaron a los problemas de pobreza que ya tenían muchas familias.
El ingreso mínimo vital variará en función del número de miembros de una familia y de si son monoparentales, estableciendo así un nivel de renta garantizada que será distinta para cada unidad doméstica.
Por ejemplo, la cantidad mínima para una persona que viva sola y que no cuente con ningún ingreso será de 5.538 euros al año, que es el equivalente a una pensión no contributiva.
Al ser compatible con otras rentas, este ingreso busca "evitar la trampa de la pobreza, una situación en que alguien se ve obligado a elegir entre mantener un empleo o acceder a una prestación social", explicó el vicepresidente Iglesias.
Podrán acceder al ingreso mínimo vital todas las personas entre 24 y 65 años de edad, desde los 18 años en casos con niños a cargo, con hogares constituidos al menos tres años.
Para todos estos hogares se requerirá que hayan residido en España de forma legal durante un año ininterrumpido, aunque habrá excepciones para situaciones de violencia de género, trata o explotación sexual.
Para que se conceda la prestación, el hogar deberá tener unos ingresos inferiores al ingreso que le correspondería dentro de esta renta garantizada.
Además, unas 100.000 familias en situación de pobreza extrema que ya cumplen los requisitos solicitados por el Gobierno lo recibirán de forma automática, sin tener que pedirlo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá indicó que "España tiene un problema de pobreza importante" y que desde el año 2014 el Consejo Europeo le ha recordado al país la necesidad de atenderlo.
"El éxito será que hayamos sacado de la pobreza extrema al mayor número de personas. Estamos creando un conjunto de políticas alrededor de la prestación. Hay pocos precedentes. La gobernanza también va a ser muy importante".
En un mensaje a través de las redes sociales, el presidente español, Pedro Sánchez, celebró la puesta en marcha de "un nuevo pilar del Estado del Bienestar que hará de España un país más justo y solidario".
La entrega de esta ayuda social ha provocado grandes debates en España. El Gobierno defiende que es una medida necesaria para atender a los sectores más vulnerables y golpeados por la pandemia. Desde Vox y sectores de la oposición denuncian que se trata de una dádiva que califican como "paguita" y que, según alegan, desincentiva el trabajo entre la población.
