"Queda autorizada la prórroga del estado de alarma", proclamó la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, tras una votación en la que 177 diputados votaron a favor, 162 en contra, y 11 se abstuvieron.
Se trata de la quinta ocasión en que el Congreso otorga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una prórroga del estado de alarma inicialmente decretado el 14 de marzo.
Pese a la enorme factura de la epidemia, España consiguió contener el avance de la enfermedad gracias a las medidas de confinamiento dictadas bajo el paraguas legal del estado de alarma.
En las últimas 24 horas España registró 95 fallecimientos y 416 nuevos casos de COVID-19, unas cifras que se encuentran muy lejos de los picos de 950 decesos y 9.222 diagnósticos alcanzados en la última semana de marzo y principios de abril.
Poco a poco el país va avanzando en un proceso gradual de desescalada del confinamiento, pero el Gobierno mantiene que incluso en esta fase es necesario mantener el estado de alarma.
La prórroga permitirá al Gobierno mantener un control centralizado sobre el sistema de salud, algo especialmente importante para seguir al frente de la gestión en Madrid o Barcelona, territorios donde las autoridades autonómicas son muy críticas con la gestión de Moncloa.
En una intervención al comienzo de la sesión parlamentaria para tramitar la medida, Sánchez recordó que el estado de alarma permitió "salvar miles de vidas" y señaló que "nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos durante el confinamiento".
En ese sentido, Sánchez rechazó las críticas de sectores de la oposición como el conservador Partido Popular o los ultraderechistas de Vox –primera y segunda fuerza de la oposición– que piden al Gobierno abandonar las medidas excepcionales para regular la desescalada mediante legislación ordinaria
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, pidió a Sánchez el levantamiento de las medidas restrictivas porque "España no puede seguir paralizada, ya que la economía causará estragos en la salud".
Además, Casado acusó al Gobierno de utilizar la crisis sanitaria con ánimo autoritario para recortar derechos. "Nuestros derechos no son suyos, son nuestros, de toda la democracia", afirmó.
Una vez más, el debate parlamentario para prorrogar el estado de alarma fue un reflejo del distanciamiento entre las dos principales fuerzas políticas del país y de la pérdida de apoyos del Gobierno.
Como ocurrió en episodios anteriores, el partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña –uno de los apoyos de Sánchez en su sesión de investidura– votó en contra de la propuesta del Gobierno, poniendo en jaque la aprobación de la prórroga.
Sin embargo, el Gobierno encontró de nuevo una salida pactando con el Partido Nacionalista Vasco y con los liberales de Ciudadanos, embarcados en un viaje de vuelta al centro político tras sufrir un batacazo en las últimas elecciones, en las que pugnaron discursivamente por el espacio de la derecha.
No obstante, la sesión fue de nuevo un recordatorio de la debilidad parlamentaria del Gobierno, obligado a hacer equilibrios en busca de apoyos a cada paso que da.
En su comparecencia ante los diputados de la Cámara, Sánchez pidió disculpas a los ciudadanos por los errores cometidos durante la gestión de la "descomunal crisis" del COVID-19 y solicitó asimismo la "comprensión" de los partidos políticos.
"Más allá de las diferencias puntuales de criterio, de las declaraciones apresuradas o del ruido de fondo, hemos tenido que trabajar codo con codo. Nos ha unido el mismo deseo de salvar vidas", afirmó el presidente español.
