"Se ha multiplicado por cinco el número de nuevas personas que vienen buscando comida", explica a Sputnik Ángel Franco, director de comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
En su mayoría estas peticiones son de personas que dicen no tener ingresos, pero por el momento los Bancos de Alimentos no se vieron en disposición de atenderlas todas porque para acceder al reparto se deben cumplir ciertos requisitos formales que acrediten una situación de vulnerabilidad.
Ante este escenario, la previsión de los Bancos de Alimentos es que el número de personas atendidas siga creciendo, llegando hasta las cuotas registradas tras la crisis de 2008.
"El año pasado atendimos a 1,1 millones de personas, y este año nos tememos volver a cifras de la crisis anterior, de 1,5 millones o más", apunta Franco.
El problema no es nuevo
España ya arrastraba antes de la pandemia un problema serio de exclusión social, con 600.000 hogares sin ingresos de ningún tipo y 2,5 millones de personas en situación de pobreza severa (subsistiendo con menos de 370 euros al mes).
El relator de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, visitó España el pasado mes de febrero, quedando alarmado sobre los niveles de desigualdad en lo que se presupone una economía avanzada.
"He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país", afirmó Alston al término de su visita, en la que vio "barrios pobres con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados".
La pandemia viene a agravar esos viejos problemas. Pese a los múltiples programas habilitados por el Gobierno para evitar despidos, el confinamiento por el COVID-19 provocó entre marzo y abril un aumento de casi 600.000 parados.
Además, una vez se retiren las medidas de confinamiento, la pandemia dejará una herida especialmente profunda en la economía española, muy dependiente del turismo y los visitantes extranjeros.
Ingreso mínimo vital
Ante este cúmulo de nuevos y viejos problemas, la medida estrella del Gobierno para contener la crisis social es la implantación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que pretende llegar a más de un millón de hogares, 100.000 de ellos de forma inmediata tras su aprobación.
Por el momento solo se conoce el borrador del proyecto del Gobierno, que se comprometió públicamente a aprobar esta prestación el próximo martes 26 de mayo.
La información filtrada a los medios apunta a que la cuantía de las prestaciones se moverá entre los 500 y los 950 euros mensuales en función de las circunstancias del reclamante, teniendo en cuenta factores como los miembros de la unidad familiar o situaciones de monoparentalidad, entre otros.
Esta prestación no estará vinculada al estado de alarma, tendrá carácter permanente, y conllevará un gasto aproximado a las arcas del estado de 3.000 millones de euros anuales.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se mostró este miércoles 20 de mayo "muy satisfecho" por la inminente aprobación de esta medida para atender a quienes "perdieron la posibilidad de meter unos euros en su casa para llegar a fin mes y tienen que pasar la vergüenza de ir a repartos de comida".
Viabilidad
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 83,4% de los españoles está a favor de la implementación de este ingreso.
En cambio, los expertos sobre renta básica apuntan que pese a la carga de gasto estas medidas son perfectamente viables porque ayudan a reactivar la economía.
"No hay que evaluar únicamente el gasto, sino también lo que representa esta prestación para fomentar el consumo, mantener el tejido económico y aumentar la recaudación", señala en conversación con esta agencia Graciela Malgesini, portavoz de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).
Según explica Malgesini, el comportamiento de los hogares con ingresos bajos habitualmente responde a lo que se conoce como la ley de Engel, consistente en que "cuanto más pobre eres más gastas en supervivencia", lo que revierte en un "importante retorno fiscal" porque el dinero de las prestaciones no queda estancado sino que se destina "a servicios gravados con impuestos de valor añadido".
Además, Malgesini asegura que no hay ninguna evidencia empírica de que los proyectos de renta básica tengan un efecto negativo sobre el empleo, ya que los destinatarios de la prestación siguen buscando trabajo para prosperar, eso sí, desde una posición de mayor seguridad para evitar empleos basura.
Pese a ello, destaca que desde la EAPN vigilarán la letra pequeña de la propuesta, con una especial atención a que los niveles de cobertura sean adecuados, ya que a la hora de implementar estas medidas sociales "muchas veces las personas que más lo necesitan se quedan fuera".
"Por ejemplo, las personas sin hogar habitualmente no pueden demostrar el empadronamiento y se quedan fuera de estas medidas (…) La cuantía es importante, pero sobre todo hay que vigilar de cerca los niveles de cobertura", concluye.
