Descontento entre los partidos de España ante la quinta prórroga de estado de alarma

La aprobación de la quinta prórroga del estado de alarma se antoja aún más complicada que sus precedentes, pese a ser el marco jurídico que ampara las restricciones destinadas a paliar los efectos de la pandemia de COVID-19.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pactado con Ciudadanos (C's) la extensión del estado de alarma por tan sólo 15 días, hasta la medianoche del 7 de junio. Posteriormente, el Consejo de Ministros remitirá al Parlamento la solicitud de la nueva prórroga, cuya votación tendrá lugar el miércoles 20 de mayo en el Congreso de los Diputados. Se espera que sea la última, aunque el deseo inicial del Gobierno era extenderla por un mes. El Gobierno se ha comprometido a impulsar las "reformas legislativas necesarias que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia en ese momento, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma", reza en un comunicado enviado por Moncloa.

A la espera de confirmación oficial por parte gubernamental, la líder de C's, Inés Arrimadas, ha avanzado que los compromisos arrancados a Pedro Sánchez prevén una extensión de la moratoria del pago de impuestos y la agilización en el pago de prestaciones a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para que puedan ser cobradas en junio a más tardar. Según Arrimadas, Pedro Sánchez también ha accedido a estudiar la viabilidad de que "ampliar más allá de la vigencia del estado de alarma la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos" y su exención de pagar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social mientras se estén percibiendo las ayudas.

El contexto del acuerdo

Aun con el acuerdo pactado con C's para granjearse su apoyo, diversos factores se conjugaban para entorpecer la quinta votación de la prórroga del estado de alarma.

La paralización de la economía, así como la gestión de la emergencia sanitaria, han generado el descontento entre los partidos de la oposición parlamentaria. La crisis económica desatada preocupa a amplios sectores sociales, preocupados por el destino de cientos de miles de puestos de trabajo. En un Estado en que las autonomías tienen asumidas numerosas competencias, el cuestionamiento de la gestión del Gobierno central es casi directamente proporcional a la reivindicación de un mayor poder de decisión para las comunidades autónomas. De resultas, cada ampliación del estado de alarma ha ido cosechando una pérdida gradual de apoyos en el Parlamento español, donde la votación de la primera prórroga el pasado 25 de marzo recogió 320 votos, ninguno en contra. La segunda (el 9 de abril) obtuvo 270 y la tercera (22 de abril) 269. La cuarta prórroga, del pasado 6 de mayo, solo 178 votos, dado que el principal partido de la oposición, el PP, se abstuvo. Fue un punto de inflexión, porque el Gobierno no sólo perdía los 89 votos conservadores que habían venido respaldándole, sino que además se quedaba sin los 13 de los catalanes de ERC, que votaron en contra.

Esta contingencia obligó a Pedro Sánchez a negociar in extremis con los nacionalistas vascos del PNV y con C's. Y ahora la negociación se presentaba ardua, pues la formación valenciana Compromís solicita una nueva financiación para la Comunidad Valenciana, por lo que sostuvo un enfrentamiento con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control. Compromís no ha prometido su voto hasta que se atiendan sus exigencias. Antes de pactar con el Gobierno, C's de alguna manera vinculaba su eventual voto positivo con la necesidad de llegar acuerdos en aras de limitar la influencia del cogobernante Unidas Podemos. Tras el pacto alcanzado, puede vanagloriarse de haber ejercido una influencia mucho mayor que la del principal partido de la oposición, el PP. Además, en Ciudadanos no veían bien el sondeo del Gobierno a ERC para recuperar su apoyo.

Fruto de la polarización

En suma, el cálculo político a cuenta de la contienda subyacente a los efectos de la pandemia está añadiendo más matices a lo que en principio debería ser una votación sobre unas medidas exclusivas para atender una urgencia sanitaria.

Es decir, el Gobierno se ha visto obligado a trasladar su acción política amplia al ámbito de una votación que se viene produciendo cada 15 días. O lo que es lo mismo, logra acuerdos de calado nacional o autonómico mediante el granjeo de votos. De la misma forma, las distintas formaciones políticas, ya integren las filas de la oposición o las de las bancadas que apoyan al Gobierno, consiguen réditos mediante el cabildeo de sus intereses en vísperas de la renovación de cada prórroga del estado de alarma. Esta situación la propicia el propio contexto del panorama político en España. Como dice el politólogo Lluis Orriols, la débil mayoría parlamentaria del Gobierno le impide imponerse en estos momentos. Hay que buscar acuerdos para todos. Pero los dificulta "la alta polarización entre los partidos de gobierno (PPy PSOE) en cuestiones de Estado".

Reflejo de la opinión pública

La brega en torno a las sucesivas peticiones de prórroga del estado de alarma también es un reflejo de los ánimos de la opinión pública. Los datos de una encuesta de Metroscopia de finales de abril ya apuntaban que el Gobierno puede estar perdiendo la batalla de la opinión pública, pues su valoración se halla en momentos bajos y una mayoría pensaba que el Ejecutivo no disponía de un plan claro de desescalada ni de recuperación económica.

Y conforme a un estudio continuo de YouGob realizado en 21 países entre el 20 de febrero hasta el 8 de mayo, el 43% de los españoles tenían una opinión "muy buena" o "relativamente buena" de la gestión de su Gobierno. El dato es muy similar al de la última encuesta del mayor centro demoscópico en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo último estudio, publicado el 19 de mayo constata que un 46% manifiesta tener "mucha o bastante" confianza en la gestión del Gobierno español (el 48,43%, poca o ninguna).